EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Por entorpecer una averiguación previa y beneficiar a un probable responsable de varios delitos, fueron denunciados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia.
Ana María Quiñones Castro, acompañada por sus hijas Jazmín y Sarahí Salinas Quiñones, se quejaron del tráfico de influencias que comete Ernesto Fernández Pérez, subdirector de Control de Procesos de la citada dependencia, quien aprovecha su cargo público para litigar asuntos particulares.
La quejosa señaló que el funcionario, protegido por la omisión del subprocurador Hugo Armando Reséndiz Martínez, favoreció la liberación de Juan Ramón Silva Ugarte, de 33 años, sujeto que hace dos años fue acusado de estupro por actuar contra la hija menor de la citada familia.
El inculpado tiene su domicilio en calle Patoni número 367 poniente, y fue aprehendido la noche del miércoles nueve de noviembre, en calle Degollado y avenida Aldama por los agentes de la patrulla F-247.
El sujeto agredió a Ana María, a sus hijas y a Francisco Javier Frausto García, taxista que llevaba como pasajeras a las afectadas e ignoraba los motivos del ataque callejero.
Lesiones fue el delito por el cual se encuadró en el Ministerio Público a cargo de Aurelio Urbina Suárez, por instrucciones superiores, dejando fuera el robo con violencia, las amenazas y la privación ilegal de la libertad en grado de tentativa.
La quejosa señala que fue testigo de cuando un familiar del inculpado dialogaba con el subdirector de Control de Proceso y éste dijo que entregara el dinero requerido y se tramitará la libertad del señalado.
Ana María señala que diez minutos después de rendir su declaración, Juan Ramón recuperó su libertad y encaró a las afectadas del delito, con risas burlonas y amenazando con cometer una acción similar hasta que obtuviera el perdón de la familia, por otra denuncia en proceso.
