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CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- A un año de su nombramiento, la fiscal federal para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Juárez, María López Urbina, pasó de acusadora a acusada, ya que madres de víctimas le han reclamado falta de atención, mientras que tiene dos denuncias ante la PGR por abuso de autoridad.
La funcionaria federal mantiene una velada disputa con la comisionada Guadalupe Morfín Otero, luego que la fiscal se negó a investigar una denuncia por tortura en contra de cuatro detenidos en Chihuahua y Ciudad Juárez, acusados del homicidio de mujeres.
Bajo el argumento de incompetencia de fuero, la PGR envió a la Procuraduría Estatal de Chihuahua las investigaciones para definir si los detenidos firmaron una confesión obtenida con maltratos.
“Nos preocupa mucho que sus dos primeros informes hayan sido de casos ocurridos en los años 93 al 95, casos de los años anteriores, y que en ningún momento haya dado su reporte de los 15 casos que tiene en su jurisdicción para atenderse”, dijo Esther Chávez Cano, directora del Centro de Crisis “Casa Amiga”.
La derechohumanista comentó que más desconcertantes fueron las declaraciones que la semana pasada dio en esta ciudad el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y jefe directo de López Urbina, Mario Álvarez Ledesma, quien dijo que la fiscalía no llegó a Juárez a investigar homicidios.
“Por una parte ha trabajado bien porque ha señalado las negligencias que nosotros observamos desde 1993 a la fecha, eso es muy positivo, pero dónde están los casos que ella está investigando”, dijo Chávez Cano.
Además de los 15 expedientes que fueron atraídos por la PGR por encontrarse violaciones al código penal federal, el grupo de López Urbina intervino en el asesinato de Rebeca Contreras Mancha, victimada en marzo del año pasado por el supuesto robo de droga a un narcotraficante.
Como parte de las investigaciones, 11 personas fueron detenidas y enfrentan procesos penales por homicidio, narcotráfico y delincuencia organizada.
Además, desde su establecimiento, la Fiscalía ha localizado con vida a ocho mujeres cuyas desapariciones fueron consideradas de alto riesgo, además en dos informes de actividades se han señalado a 100 funcionarios o exfuncionarios estatales que presuntamente incurrieron en negligencia u omisión al momento de intervenir en las investigaciones.
Sin embargo, de los implicados por López Urbina a sólo cinco ex funcionarios se les ha solicitado orden de aprehensión ante un Juez, mientras que a la mayoría no se les pudo ejercer acción penal por tratarse de un delito que por el tiempo transcurrido ya prescribió.
En respuesta, un grupo de ex funcionarios y servidores públicos en activo denunciaron en la PGR a la Fiscal por el delito de abuso de autoridad al señalarlos sin respetar su derecho de réplica o audiencia.
Ante la situación se solicitó una entrevista con la Fiscal Federal, pero su vocero dijo que no atendería a los medios por encontrarse preparando su tercer informe, el cual presentará mañana lunes.
Federico Solano interpuso el 24 de enero una denuncia penal contra López Urbina y sus escoltas, luego que presuntamente tuvo un enfrentamiento verbal con la Fiscal en un restaurante de hamburguesas.
La discusión se inició supuestamente porque los guardias de la funcionaria se estacionaron en cajones para discapacitados, lo cual le fue reclamado a la Fiscal, quien de acuerdo al denunciante se comportó de manera prepotente y en apariencia ordenó que los quejosos vigilancia policiaca.
