Involucran a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado.
El Siglo de Torreón
TORREÓN, COAH.- Los representantes legales del inversionista estadounidense Alfonso Cordero González, Jorge Medina y Joau Barrera, denunciaron una serie de irregularidades en torno al proyecto Laguna Trade Center y acusaron al empresario lagunero Juan Carlos Ruenes Moscoso, por un supuesto fraude y abuso de confianza en contra de su cliente.
Exhibieron documentación que presuntamente demuestra que el quebranto patrimonial asciende a más de ocho millones 500 mil dólares e involucra diversos desarrollos inmobiliarios, entre ellos el propio centro de negocios Laguna Trade Center y el proyecto inconcluso del hotel Quinta Real.
Además, acusaron de contubernio a las autoridades estatales por impedir que avance la denuncia penal; implican al procurador de Justicia del Estado, Óscar Calderón Sánchez, al ex secretario general de Gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero, y a notarios públicos de la localidad.
El daño patrimonial en perjuicio de Alfonso Cordero González presuntamente fue realizado durante el periodo de 1997-2002 por Juan Carlos Ruenes Moscoso, a través de la creación ?ficticia de un sinnúmero de empresas locales?, y de supuestos aumentos de capital.
Los representantes legales del estadounidense -abogados de la firma Consultores de Relaciones Corporativas de la Ciudad de México- acudieron a las instalaciones de El Siglo de Torreón para presentar los ?hechos y las pruebas? que avalan el presunto delito y que señalan al empresario Juan Carlos Ruenes, como el principal responsable de este quebranto patrimonial.
La denuncia se encuentra actualmente ?detenida? ante el Ministerio Público, pese haber sido presentada en 2003, pero por diversas acciones a mediados de 2004 la autoridad correspondiente resolvió no aplicar acción penal contra el demandado, resolución que fue combatida ante la Sub Procuraduría de Control de Legalidad, pero que a la fecha no se le ha dado seguimiento ya que está a la espera -desde principios de 2005- de la realización de un nuevo dictamen contable.
Los abogados de Alfonso Cordero presentan el caso con base a los resultados obtenidos de una auditoría aplicada -por el Grupo de Asesores Rodríguez de la Ciudad de México- a las diversas empresas en donde se realizaron las inversiones con el capital extranjero en 2002. De igual forma, la demanda se sustenta también en la revisión realizada por Mario Hernández López, perito contable de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, quien en su reporte estima una supuesta defraudación por ocho millones 537 mil 152.10 dólares.
Según Jorge Medina y Joau Barrera, las relaciones de negocios se llevaban a cabo en buenos términos durante cinco años entre Juan Carlos Ruenes y Alfonso Cordero, sin embargo, ésta llegó a su fin en 2002. Durante este tiempo se solicitaba al segundo nuevas aportaciones de capital para impulsar el crecimiento de empresas como Teletransfer, Indpark, Turtec y Parque Torreón.
Sin embargo, en 2002 se documenta que se presentó un proyecto ambicioso que requería una mayor inversión de capital -del orden de los cinco millones de dólares- para la construcción del Hotel Quinta Real y el centro de negocios Laguna Trade Center. Dicha situación originó que el inversionista americano aplicara las auditorías correspondientes a los negocios que tenía en operación en La Laguna, derivando con ello evidencias contables de supuestas irregularidades en el manejo administrativo y de capital.
Además, la misma revisión detectó operaciones aparentemente ficticias de compra y venta de equipo e insumos trianguladas entre las propias empresas que conforman el Corporativo Rucosa, así como depósitos y transferencias a favor de Los Grandes Esfuerzos y Las Villas Club Deportivo y Marítimo, negocios relacionados con el propio empresario lagunero.
Los representantes legales aseguran en base al reporte de Grupo Asesores Rodríguez que los aumentos de capital que se presentaban en las reuniones de asamblea sólo eran realizados por Alfonso Cordero y no por los demás accionistas, situación que se muestra en las copias de las transferencias electrónicas apostilladas realizadas a través de Deutsche Bank Alex. Brown y Citigroup (documentos que proporcionaron a El Siglo de Torreón).
Por tal motivo, destaca en la revisión que los bienes adquiridos se encuentren a nombre de Juan Carlos Ruenes y no de la propia empresa creada, así como también que se detenta la mayoría de la participación accionaria sin haber realizado ninguna aportación de capital adicional.
Jorge Medina enfatiza que gran parte de los problemas legales que hoy enfrenta su demandante que ha visto desaparecer su capital y las compañías conformadas, fue debido a la buena fe y confianza depositada en su socio lagunero.
Reconoce que a este último le fue otorgado un poder para realizar en forma libre y a nombre de su cliente las acciones necesarias para lograr hacer rentables las compañías del Corporativo Rucosa. Pero, precisa que el poder estaba limitado para hacerlo en operaciones superiores a los cien mil dólares, tal y como sucedió en la compra de terrenos hechos a Indpark, en los cuales se edificaría el Hotel Quinta Real, situación que no fue tomada en cuenta por el notario público.
El abogado afirma que existe un interés personal de parte de las autoridades estatales sobre el caso, situación que aseguraba en su momento no entendía hasta que tuvo información sobre el lugar en donde se realizó el cierre de precampaña de Raúl Sifuentes: Laguna Trade Center.
También señalan como parte involucrada en este aparente delito de abuso de confianza la participación de notarios públicos de la ciudad, como lo es Eduardo Martínez Salas, ya que aseguran dio fe de la realización de las asambleas de los socios capitalistas, sin que ello fuera real, así como el apoyo a Juan Carlos Ruenes para la pulverización del capital del inversionista extranjero.
Jorge Medina enfatiza que también participan otros abogados como Arturo de la Rosa Santoscoy y despachos contables de la región, quienes beneficiaron aparentemente al empresario lagunero en las supuestas operaciones ficticias para lograr disminuir la participación accionaria de su cliente de 45 a 16 por ciento, como sucedió con Teletransfer.
De igual modo, se hace manifiesto en el reporte del Grupo de Asesores Rodríguez que los dictámenes aplicados por el despacho contable Lechuga Asesores, S.C. a los negocios del Corporativo Rucosa mostraban dos resultados de un mismo ejercicio fiscal: uno para los socios y otro para el pago de impuestos ante la autoridad fiscal.
Resultados de las revisiones
De acuerdo al dictamen pericial contable, oficio 219 presentado ante el agente investigador del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales Distintos al Robo, mesa número II por Ministerio de Ley, Jorge Antonio García, el perito contable de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Mario Hernández López, presenta en su informe como conclusión que el quebranto patrimonial sufrido por Alfonso Cordero González con motivo a las aportaciones de capital efectuadas y al manejo irregular realizado con la cantidad recibida con motivo de la venta de la concesión a Inversiones Nextel de México, asciende a ocho millones 537 mil 152.10 dólares, integrada de la siguiente forma: dos millones 173 mil 972.10 dólares por importes por transferencias efectuadas, 263 mil pesos en análisis de estados financieros de Teletransfer, 300 mil dólares en la compra de acciones a través de Power Wave Teach., cinco millones 800 mil 180.00 dólares, porcentaje correspondiente al denunciante por la venta de la concesión.
Mario Hernández precisa en su dictamen que de requerirse una ampliación sobre otras irregularidades que pudieran detectarse en los registros contables de las empresas mencionadas, se sugiere la práctica de una auditoría complementaria de la inicialmente efectuada y que quedó asentada en el informe contable del contador Miguel Rodríguez Hinojosa, con fecha del 16 de enero de 2004.
Por su parte, el informe del Grupo de Asesores Rodríguez precisa que se realizó una revisión limitada practicada a las empresas que comprenden el Corporativo Rucosa, correspondientes a 1997 a 2001 y el ejercicio incompleto de 2002. Se aclara que la documentación fue proporcionada de manera aislada, por lo que las operaciones que se originaron durante dicho periodo deberán ser analizadas en su totalidad.
En el caso de Teletransfer, se precisa que existen compras de activos en beneficio de personas ajenas a la empresa. De acuerdo al análisis de las actas de asamblea, se determinó que existen ciertas irregularidades e incoherencias en la forma en que se realizaron los aumentos de capital por parte de Juan Carlos Ruenes Moscoso, toda vez que no fue proporcionada la documentación soporte que ampare dichas aportaciones, y en consecuencia la participación accionaria de Alfonso Cordero González dentro de la empresa se vio diluida en una cantidad considerable.
El reporte señala que de demostrarse la falsedad en los aumentos de capital efectuados por el empresario lagunero, la participación accionaria de Alfonso Cordero quedaría en 77.78 por ciento respecto al capital.
De igual forma, el despacho detecta facturas que en una de las empresas del corporativo presentan fechas del ejercicio de 1999, y por otro lado estos mismos documentos se encuentran en otra empresa, pero con fechas del ejercicio fiscal 2001, simulando de acuerdo a los especialistas actos que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación son delitos fiscales.
El dictamen revela que existen diversos pagos de servicios que benefician a Juan Carlos Ruenes, así como a sus familiares, lo cual de acuerdo a la legislación fiscal son dividendos ficticios. Se detectaron pagos por concepto de retenciones por enajenación de acciones, hechas por Alfonso Cordero, las cuales fueron firmadas por Arturo de la Rosa Santoscoy.
La información entregada por el demandante de los estados financieros de mayo de 1997 a mayo de 1998, así como de octubre de 1998, se observa que ya reflejaban los préstamos otorgados por el inversionista americano, y que a esa fecha sumaban los dos millones 064 mil 631.80 dólares.
En la revisión del dictamen fiscal de los ejercicios 1996 a 2000, se observa que la opinión de los auditores externos del despacho Lechuga Asesores, S.C., respecto a los estados financieros es negativo, situación que contradicen ellos mismos en el dictamen fiscal. La fecha es al diez de diciembre de 2002.
¿Cronología?
A continuación la supuesta cronología de los hechos, de acuerdo a la documentación presentada por los representantes legales de Alfonso Cordero.
-Alfonso Cordero González es un empresario americano de ascendencia mexicana, propietario de Power Wave Techologies Inc. En 1997, conoce a Juan Carlos Ruenes Moscoso debido a que el primero le vendía equipo de telecomunicaciones a Teletransfer S.A. de C.V.
-Durante es periodo, el empresario lagunero invita a participar en este negocio a Alfonso Cordero, para lo cual aportó 600 mil dólares para adquirir el 45 por ciento del capital social de la compañía.
-La convocatoria para realizar una nueva capitalización, aparentemente ficticia por parte de los inversionistas locales, supuestamente provocó que el porcentaje de las acciones disminuyeron para el inversionista americano, por lo que su participación descendió, pero sin que realmente se realizaran aportaciones reales por parte del resto de los socios.
-En 1999, se indica por los abogados que Juan Carlos Ruenes hace una propuesta para adquirir acciones de la empresa Comintermex, la cual era propietaria de una concesión que permite explotar una red de telecomunicaciones por 20 años.
- Alfonso Cordero realiza la aportación de 600 mil dólares para el negocio, cuando el monto aparentemente estaba inflado y su valor real era de 300 mil dólares. Un año después, relata, la concesión se vende a Nextel por ocho millones cien dólares más impuestos.
-En noviembre de 2000, Nextel concluyó el pago correspondiente, sin recibir -aparentemente- el inversionista americano la parte correspondiente de la operación. En ese mismo año, Juan Carlos Ruenes realiza la compra de Desarrollos Premar, la cual posteriormente se escinde para crear Indpark, operadora de Laguna Trade Center y Turtec, todas ellas operan como sociedad anónima de capital variable.
-Los terrenos comprados para dichos proyectos de inversión no quedaron a nombre de la propia compañía, sino del empresario lagunero.
-En 2002 se constituye el Parque Torreón S.A. de C. V., con una participación de 45 por ciento para Alfonso Cordero y otro 45 por ciento para Juan Carlos Ruenes. El diez por ciento restante de las acciones fue para Francisco Martínez Martínez, reconocido empresario de Guadalajara quien participaría en el desarrollo del Hotel Quinta Real, aledaño a Laguna Trade Center.
-Indican que de acuerdo a su programa de inversión, en septiembre de 2002 realiza una transferencia de recursos que suma un millón 380 mil dólares.
-En ese mismo año, Juan Carlos Ruenes solicita cinco millones de dólares para dar continuar al parque industrial. Para ello, Alfonso Cordero realiza las auditorías a las empresas ya existentes con el fin de conocer su comportamiento financiero antes de autorizar esta nueva partida de recursos.
-En abril de 2003, Alfonso Cordero presenta la demanda penal para la reparación del fraude con la propuesta de donar lo recuperado a una causa de atención a la niñez a través de una fundación de prestigio de la región.
-Aseguran que en ese momento se han observado muchas irregularidades en el caso, particularmente por parte de la Procuraduría de Justicia, del Colegio de Notarios, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quienes supuestamente se han denunciado las irregularidades y a la fecha no han ejecutado ninguna acción.
FUENTE: Jorge Medina y Joau Barrera, representantes legales de Alfonso Cordero
