Implicados en crimen de la gasera y presunto fraude dicen que Ministeriales los coaccionaron
Hubo tortura por parte de elementos de la Policía Ministerial sobre los presuntos responsables de incendiar las oficinas de la empresa Global Gas y de dar muerte a un empleado de la misma, señalaron los inculpados Esteban Núñez Murga, Mario Alberto Pérez Ríos y Marcelino Sánchez García.
Tanto abogados como los mismos presuntos responsables coinciden en que ha habido anomalías en la integración de la investigación hecha por los agentes del Ministerio Público.
Reprueban la actuación de los policías por habérseles aprehendido y tenerlos durante 17 horas en su poder antes de presentarlos ante el Ministerio Público; inclusive, a uno de ellos se le detuvo tres días antes.
Además, prácticamente la declaración se las tomaron los policías ministeriales, pues durante su cautiverio se les estuvo torturando para que aceptaran haber sido los culpables de los hechos suscitados el 17 de abril en la mencionada empresa gasera, afirmaron Núñez Murga y Pérez Ríos.
Por su parte, el tercer implicado en el delito, Sánchez García, señaló que a él lo torturaron psicológicamente, no en el aspecto físico.
A Núñez Murga lo amarraron con unas vendas de los pies y las manos, dos policías se subieron en él -uno en las piernas y el otro en el estómago- y le echaron agua por la nariz; posteriormente lo ataron con hule, al parecer tipo contact, y le ponían una especie de bolsa en la cara, impidiéndole su libre respiración, según sus señalamientos.
A Pérez Ríos nada más lo amarraron y le echaron agua en la nariz, mientras a Sánchez García lo torturaron psicológicamente, diciéndole de manera amedrentadora que pensara en su familia, declararon.
De acuerdo con el interrogatorio que hicieron los abogados a los agentes de la Policía Ministerial, a los detenidos los tuvieron bajo su poder a partir de las 12:00 horas del día 20 de mayo y hasta las 5:00 del día siguiente fueron presentados ante el Ministerio Público.
Por tal motivo, los abogados de los aprehendidos, Fernando Ortega Silerio, Servando Nájera Ávila y Mario Morales Martínez, consideran que no es legal mantenerlos tanto tiempo bajo su poder, y menos si no hubo una orden de aprehensión.
Los detenidos añadieron que nunca recibieron un citatorio ni una orden de aprehensión, simplemente se les detuvo en su casa y a otro en la empresa.
Indicaron que ellos nunca salieron de sus casas a la hora en que sucedieron los hechos, el 17 de abril, pero no les creen; tienen como testigos a sus vecinos, que podrían declarar que nunca movieron sus camionetas, como se presumía por parte de la Procuraduría.
Condena CDH la tortura
Un agente de la Policía Ministerial no puede detener a una persona sin orden de aprehensión, a menos que se le encuentre en flagrancia, y cuando se aprehende a un sujeto, inmediatamente después debe ponerse a disposición del Ministerio Público; de lo contrario, se le puede acusar de privación ilegal de la libertad en un proceso penal, aseguró Javier Pineda Bruno, subdirector de Asuntos Multilaterales en materia de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República.
Durante el ciclo de conferencias que están llevando los agentes del Ministerio Público, de Servicios Periciales y policías, con el tema del respeto a los derechos humanos de los detenidos, Pineda Bruno señaló que es grave la conducta de los ministeriales al ejecutar la tortura como medio para hacer declarar a una persona.
Dijo que en estas conferencias se abordarán los temas de detención y más que nada contextualizar el Protocolo de Estambul, el cual servirá para erradicar la tortura en la Policía Ministerial, dándole respeto a la dignidad de la persona.
Qué facultades tiene la Policía Ministerial y qué tipo de detenciones son legales o ilegales son los temas que recibieron los agentes de la Procuraduría General de Justicia.
Se hará un acuerdo en el que el Procurador emita una orden a través de la cual se va a hacer obligatorio al interior de esta instancia el uso de un dictamen médico, similar al que tiene la PGR, para investigar la tortura en materia federal.
Este dictamen deberá ser obligatorio en todos los casos en que una persona alegue haber sido torturada por elementos policiacos y podrá contar como una herramienta técnica específica para evitar estas acciones tanto en el aspecto físico como en el psicológico.
