El regidor perredista José Luis Cortés presentó el 29 de octubre denuncia penal para que se indague el probable enriquecimiento de Arturo Montiel. En sentido semejante actuó Germán Dehesa, quien acompañó su denuncia, el miércoles pasado, con la adhesión de 25 mil personas que respondieron a su convocatoria. El procurador Daniel Cabeza de Vaca anunció a Dehesa que acumularía ambas denuncias. Cortés y el autor de la “Gaceta del ángel” tienen, además de esa posición ante el Ministerio Público, otro rasgo en común. Ambos han sido intimidados.
El prolífico y poliédrico autor lo fue de un modo estremecedor. recibió crudamente una amenaza. Por teléfono, fue increpado: “Ultimadamente, ¿qué quieres?” y a continuación se arrojó el veneno: “Tienes hijos, ¿no?”. El amago contra el regidor es más sutil, aunque vaya tras el mismo objetivo, asustar para silenciar. Cortés fue a su vez denunciado en el fuero local, donde campean los intereses de Montiel y asociados, por difamación.
Desde que en julio pasado aparecieron en el semanario Proceso informaciones sobre la fortuna del entonces todavía gobernador Montiel, su familia y algunos colaboradores, el regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla realizó acciones que incluyeron la reprobación a algunos de sus propios compañeros, diputados perredistas, porque actuaron de tal modo que fue aprobada la cuenta pública 2004, en sentido contrario a lo acordado por su partido. El cinco de agosto pasado demando que sean expulsados Cipriano Gutiérrez y Maurilio Hernández, este último líder de la bancada perredista. Aquél, presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, se vio asaltado por una sorpresiva enfermedad cuando estaba por rechazarse la cuenta pública, lo que dio lugar a su aprobación subrepticia.
Cortés solicitó al órgano de fiscalización del Congreso local indagar el patrimonio de Montiel, y el 21 de octubre recibió respuesta negativa a su pedido. El 25 del mismo mes atacó el asunto desde otro ángulo. Ante la Contraloría del Gobierno denunció a 13 diputados de la anterior Legislatura que, habiendo sido elegidos como panistas, al influjo de poderosas razones blandidas por el entonces peón montielista Isidro Pastor se convirtieron en independientes y votaron, en sentido contrario al resto de la oposición, por aprobar las cuentas públicas de los años iniciales del ahora fallido precandidato presidencial.
El 29 de octubre, junto a su denuncia relativa a los bienes de Montiel y su familia, Cortés presentó otra contra Luis Enrique Miranda Nava, que fue secretario de Finanzas de Montiel y ahora aspira a ser candidato priista a la alcaldía de Toluca. El regidor denunciante había realizado una búsqueda de inscripciones en el registro público de la propiedad y halló decenas de ellas relativas a inmuebles del ex funcionario, sus padres y sus hermanas y hermanos. Si bien la posesión de una fortuna no es indicativa por sí de la comisión de delitos, y menos aún lo es que los parientes de un funcionario sean acaudalados, el regidor Cortés demandó la investigación de la riqueza de Miranda Nava, que en la vasta relación lograda por el regidor aparece como titular de inmuebles situados en la capital mexiquense e inscritos bajo la partida 692 del volumen 42, la 503 del 36, la 500 del 208, la 485 del 219, la 807 del mismo volumen, y la 843 del 463; seis inscripciones en total, correspondientes las tres primeras al libro Uno de la sección C, y las restantes al libro Uno de la sección Uno.
Como quiera que en su búsqueda aparecieran 123 registros de Miranda Nava y sus familiares, y en esos términos la presentara a los medios el regidor, el antiguo colaborador de Montiel lo denunció por difamación y calumnias. Es obvio el efecto que se busca con un acto de esa naturaleza, realizado en la oficina de un antiguo compañero de trabajo de Miranda Nava, el procurador Alfonso Navarrete Prida (cuya posición, según el propio inquisitivo regidor de Tlalnepantla es precaria pues no ha sido ratificado por la legislatura local tras su confirmación por el gobernador Enrique Peña Nieto).
De otro cariz es la intimidación padecida por la diputada federal Marta Lucía (Malú) Micher. Hace cinco años fue candidata externa a la gubernatura, sostenida por el PRD, a cuya bancada en San Lázaro pertenece ahora. Preside la comisión parlamentaria que indaga si los hijos de la esposa del presidente de la República han sido beneficiarios de negocios fáciles realizados con bienes públicos o ante instancias federales. Esa posición le ha ganado la ojeriza de la pareja presidencial. Ya en julio pasado, preocupada también por los gastos de esa familia, recibió el reproche del Ejecutivo que le mandó, pidió o recomendó “que se dedicara a hacer por lo que se le paga”.
El miércoles pasado la irritación presidencial fue peor. En Mexicali, a punto de viajar a Corea, aludió a la legisladora al hablar de que “algunas lenguas sueltas por ahí, y alguna diputada, y tengo que decirlo así aunque voy a omitir su nombre, insisten en que en ese presupuesto hay partidas para ropa y vestuario de su servidor y de la señora Marta. !Es una mentira y una calumnia del tamaño del mundo!”.
Pero ocurre que en la descripción del contenido de la partida 3825 se incluyen formalmente “los gastos del titular del Ejecutivo federal y de la primera dama por concepto de atuendo de gala, vestuario general y cualquier tipo de accesorios de carácter personal requeridos en actos oficiales que se realicen en el país y en el exterior”.
