Logran desarmar al grupo más numeroso de las autodefensas desde que comenzó el proceso, en noviembre anterior.
Bogotá, (Notimex).- Más de dos mil miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron hoy sus armas a las autoridades para acogerse a la ley que otorga beneficios judiciales a los paramilitares que se desmovilicen.
El secretario de gobierno del noroccidental departamento de Antioquia, Jorge Mejía, dijo que los irregulares desmovilizados integraban el Bloque Héroes de Granada, que se encontraba concentrado desde hace dos semanas en zona rural del poblado de San Roque.
Mejía explicó a la prensa que con el acto de desmovilización, al que asistió el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, se desarmó el grupo más numeroso de las autodefensas desde que comenzó el proceso, en noviembre anterior.
Muchos de los paramilitares que entregaron las armas integraban la "Oficina de Envigado", una poderosa estructura militar al servicio del narcotráfico, a la cual se atribuyen numerosos crímenes en esa región del noroeste del país.
Las AUC, consideradas terroristas por Estados Unidos y Europa, son acusadas de matar a más de cuatro mil civiles en Colombia, desde su creación en los años 80 para combatir a la insurgencia.
Los paramilitares, que llegaron en autobuses a la localidad de San Roque, procedentes de varias zonas de Antioquia, fueron sometidos a un censo para su identificación y definición de su situación legal.
Junto con el grupo, cuyos orígenes se remontan a los tiempos del cartel de Medellín, se entregaron sus jefes Daniel Angel, alias "Danielito", y el jefe militar del bloque, conocido como el "comandante Jerónimo".
Con la nueva entrega, la cifra de integrantes de las AUC que se han acogido al programa de desarme supera los ocho mil desde que ese grupo irregular inició diálogos con el gobierno.
Las AUC se comprometieron a desmovilizar a unos 13 mil milicianos al terminar 2005, a cambio de beneficios judiciales para sus miembros, como penas flexibles de prisión para los autores de delitos atroces.
El Congreso aprobó en junio pasado la llamada Ley de Justicia y Paz, que fija ocho años de cárcel para los responsables de delitos de lesa humanidad, así como la posibilidad de que purguen sus penas en granjas agrícolas.
Agrupaciones humanitarias han cuestionado la normativa, por considerar que dejará en la impunidad numerosos crímenes atribuidos a los grupos de extrema derecha que operan en Colombia.
