Una economía de libre mercado sólo puede construirse sobre la base de la propiedad privada. La historia nos muestra claramente que la prosperidad económica y el derecho de propiedad están íntimamente ligados. Por lo mismo, las reglas que rigen la propiedad y la efectividad con la que se aplican en una sociedad son cruciales para su desempeño económico.
Los países que tenían sistemas de propiedad privada bien desarrollados y protegidos aún antes de la ilusión socialista, han prosperado. Los que han experimentado con métodos novedosos de intervencionismo estatal y reparto socialista han fracasado. El misterio del crecimiento económico está en el respeto irrestricto a la propiedad privada y al Estado de Derecho. Algunos pensaron que era posible prescindir de la propiedad privada amparados en argumentos de “beneficio social”. Pero la experiencia práctica del comunismo nos convenció de lo contrario. Los que vivieron en su tiranía entendieron pronto que sin los derechos de propiedad, todos los demás derechos significan poco o nada. Han sido consideraciones prácticas y no teóricas las que han desplazado el centro de atención hacia el capitalismo y la propiedad privada de los medios de producción.
Esta defensa del derecho de propiedad se debe a que en nuestro país existe la amenaza de un severo retroceso en su respeto y, por ende, de nuestras perspectivas de crecimiento económico, si Andrés López y su partido ganan las elecciones del dos de Julio de 2006. Este señor, junto con otros miembros del PRD, no sólo rinde pleitesía a payasos extranjeros como Hugo Chávez, sino que en diversas ocasiones ha violado abierta y descaradamente los derechos de propiedad en nuestro país.
El ejemplo más reciente, que ha estado en los medios de comunicación en estos días, corresponde a la expropiación del predio donde se encuentran unas instalaciones de la cooperativa de refrescos Pascual. El gobierno del Distrito Federal lo expropió en 2003 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló este mes a favor de su dueña, la señora Victoria Valdés Cacho.
Alejandro Encinas, sucesor de López en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, lamentó ese fallo, que obliga a la Cooperativa Pascual a desalojar los predios, y anunció el viernes 18 de noviembre el inicio de otros procedimientos legales para revertir el fallo, entre los que citó la emisión de un nuevo decreto expropiatorio.
López, desde Huajuapan de León, Oaxaca, arremetió nuevamente en contra de la SCJN, en esta ocasión porque aseguró que su fallo carece de sensibilidad social. “La Suprema Corte anda mal. Ese es mi punto de vista. Yo respeto mucho las instituciones y respeto mucho al Poder Judicial, pero no tienen sensibilidad social...”. Es evidente que es la sensibilidad de López y no la ley quién determina a quién se le respeta y a quién no su derecho de propiedad, como lo demuestran otros casos similares cuando fue jefe de Gobierno del DF. El señor Encinas señaló, por su parte, que el fallo equivale a negar la “función social” que cumple el trabajo, y acto seguido defiende su flagrante violación del derecho de propiedad con el petate, irrelevante, de que se corre el riesgo del cierre de las plantas de la cooperativa Pascual, lo cual según él generará la pérdida de nueve mil empleos directos y 35 mil indirectos; además de que el gobierno de la ciudad perderá una derrama económica de 90 millones de pesos anuales.
Con ese tipo de argumentos, hasta el narcotráfico se justifica, ya que sin duda existen miles de empleos directos e indirectos con estrechas vinculaciones con dicha actividad, y genera una derrama económica que rebasa con creces la irrisoria cantidad con la que el señor Encinas justifica la violación del derecho de propiedad. Esta postura no sólo la comparten López y Encinas, sino que es un mal endémico en el PRD, como lo demuestra el diputado Francisco Saucedo Pérez, pasante de la licenciatura en filosofía y letras por el Instituto Libre de Filosofía en México y presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la cámara de Diputados, al impulsar un punto de acuerdo para manifestar su solidaridad con los cooperativistas y rechazar el fallo de la SCJN.
Es un alivio ver que los ministros de la Suprema Corte velaron por el respeto y la protección a la propiedad privada al concluir que el decreto de expropiación no cumple con el principio de beneficio social ni utilidad pública. Para ellos la expropiación no es de bien común ni se apegó a los principios de utilidad pública, sino que representó un beneficio sólo para los cooperativistas.
El presidente de la SCJN, Mariano Azuela respondió perfectamente a los señalamientos de Encinas y sus secuaces, que como buenos seguidores de Robin Hood se amparan en cualquier argumento para cometer sus fechorías. En este caso, se le hizo ver al gobierno del DF que justificar la expropiación con la garantía de generar fuentes de empleo va en detrimento del precepto de la propiedad privada enmarcado en la Constitución, y nadie puede pedir que se expropie un terreno sólo para generar fuentes de empleo.
La diferencia económica fundamental entre los sistemas sociales está en el trato que se da a los derechos de propiedad. La tenencia de dichos derechos diferencia a una economía capitalista de una socialista. El capitalismo enfatiza la tenencia privada de los derechos de propiedad, mientras que el socialismo y el comunismo enfatizan la tenencia por parte del Estado o el reparto por “sensibilidad social”. Los mexicanos tendremos el próximo dos de Julio la oportunidad de elegir entre esos dos caminos.
