Dirigente nacional panista indica que legisladores del blanquiazul tienen respaldo jurídico
En una visita relámpago a Durango, Manuel Espino Barrientos, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que ?no hay motivaciones ni de odio ni de violencia? en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, corroborando que sus diputados federales ?ya han expresado su decisión de apoyar el dictamen para respaldar su criterio jurídico?.
Comenta que no puede haber certeza plena de que el desafuero se lleve a cabo, pues no responden por la determinación que tomen otros legisladores provenientes de diversos partidos políticos.
?El partido expresó ya su respeto a la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, toda vez que es una responsabilidad que la ley le otorga. Ya emitió un dictamen que pone a consideración del pleno de la Cámara para determinar si ha lugar o no para desaforar al jefe de Gobierno del Distrito Federal?, señala.
El líder de los panistas en el país expone que las expresiones de ?odio y violencia? han sido por parte de López Obrador, quien ?ha hecho saber que se va a parapetar en el pueblo que lo quiera apoyar para disimular una canallada que ha cometido anteriormente violando la ley?.
Luego de presidir la toma de protesta del código de ética a los funcionarios públicos estatales, militantes del partido blanquiazul, Espino Barrientos informa que hay que esperar a que se dé el debate correspondiente al desafuero, pero que los diputados de su partido, ya han tomado la decisión de respaldar el criterio jurídico de Álvaro Elías Loredo, parte de la Sección Instructora.
?Andrés Manuel ha fincado su desempeño siempre en la violación de la ley, esto ha sido algo sistemático, es de los que piensan que por ejercer un espacio de poder público se tiene el derecho de estar por encima de la ley. Lo que hizo la sección instructora es avanzar en la reivindicación del Estado de Derecho en nuestro país?, insiste.
El jefe capitalino del Distrito Federal no ha reconocido que la democracia sin estado de derecho es como una construcción fincada sobre arena, según la perspectiva de Espino Barrientos.
Al preguntarle si su voto a favor no implica un alto costo político que se prevé beneficiará al Revolucionario Institucional en el 2006, enfatiza que la elección presidencial aún está muy lejos y por el momento, se vive una ratificación al interior de la Cámara de Diputados que encontró motivos suficientes para que ponga a disposición de un juez el caso de López Obrador, eso es un avance pero parte de un procedimiento que todavía no termina.
Así que el PAN no desea especular el futuro a partir de lo que sucede en la actualidad. Al cuestionarle la postura que mantiene el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien afirma es un desatino desaforar al ex presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que respeta su opinión.
?La opinión más respetable para Acción Nacional es la que está construida sobre el sustento legal que se contiene en el expediente que conoció la sección instructora al cual por cierto, no tuvo acceso del rector de la universidad?, finaliza.
POSTURA
Juan de Dios Castro Lozano, diputado federal, afirma que la situación del desafuero de Andrés Manuel López Obrador es una cuestión sencilla. ?Es un problema jurídico, la Cámara se va a enfrentar a una disyuntiva, ¿aplico la ley o la ley no se aplica por consideraciones políticas??.
Por lo tanto, la problemática se resume en determinar si Andrés Manuel violó o no una suspensión y si lo hizo, aplicar la sanción correspondiente. ?Hacer lo contrario implica que en el futuro cualquier autoridad acuda, si es muy popular, a manifestaciones para que no se le aplique la ley y eso daña el estado de derecho del país?, subraya.
Hizo referencia a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en Francia en 1789, en la que se afirmaba que la ley es la misma cuando protege que cuando castiga para todos sin distinciones. ?El juicio de amparo es una de las instituciones más valiosas para el pueblo de México, protege a todos los gobernados contra la arbitrariedad de las autoridades, por eso, la ley de amparo y el código penal sancionan con cárcel como delito no grave sino leve, a aquel funcionario que viole una suspensión en el juicio de amparo?.
Desde el punto de vista de Castro Lozano, aplicar la ley sin distingos propicia una confianza en el extranjero.
