Con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos el jefe del Gobierno del Distrito Federal? Los diputados locales perredistas, presuntamente sometidos a sus órdenes, aprobaron con su mayoría en la Asamblea Legislativa capitalina una iniciativa de reforma legal que lo afecta gravemente, pues si prospera haría innecesario el desafuero en la Cámara de Diputados.
En vez de que Andrés Manuel López Obrador pierda su inmunidad tras el estruendoso acontecimiento de su presencia en San Lázaro —y ante una multitud en el Zócalo minutos después— con el voto culposo de la mayoría, el gobernante del DF puede quedar a merced de la justicia penal por un acto propio, el día en que solicite licencia a su cargo para registrarse como precandidato del PRD a la Presidencia de la República. Sería un desafuero anticlimático, silencioso.
Hay, había, un debate sobre si conservan el fuero los representantes o funcionarios investidos de inmunidad que piden licencia. El problema se zanjó por la afirmativa en el caso de René Bejarano. A pesar de que solicitó licencia inmediatamente después de exhibida su relación corrupta con Carlos Ahumada, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal pidió su desafuero a la Cámara de Diputados, ésta admitió la solicitud, tramitó la declaratoria de procedencia y decretó el desafuero. Luego entonces, la licencia no implica perder la inmunidad.
Se observó entonces que el fuero, un escudo democrático contra la arbitrariedad del poder, podía convertirse en instrumento protector de delincuentes. Estaba presente en el ánimo público no sólo el caso de Bejarano sino también el de Jorge Emilio González Martínez, que pidió licencia a su cargo de senador con la confianza de que no prosperaría, salvo que lo desaforaran, ninguna acusación penal en su contra por la tramitación de un chanchullo que importaba dos millones de dólares.
Hace dos meses, Acción Nacional presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto para que ese órgano deliberativo iniciara a su vez ante el Congreso una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que hace las veces de constitución local. La Asamblea, a diferencia de las legislaturas estatales, no puede realizar por sí sola ese género de modificaciones. Es facultad del Congreso hacerlo y la Asamblea sólo puede presentar iniciativas. Eso es lo que buscó el PAN, así lo dictaminaron las comisiones correspondientes y así lo aprobó el pleno del órgano capitalino el jueves pasado.
Con candor en que puede creerse sólo con candor, los diputados perredistas que se sumaron a esa reforma arguyen que no percibieron el filo de esa enmienda contra el jefe del Gobierno. No percibieron que es la concreción de un plan alternativo para el caso en que no se produzca el desafuero. Puesto que crece en la opinión pública la percepción de que no se pretende castigar un delito, no cometido y no punible, ha aumentado también la desazón de los diputados que tras la presentación del dictamen el fin de este mes votarían el desafuero. Por eso se especula sobre un empate en la Sección Instructora, que impediría a la fracción priista pagar el costo de desbarrancar políticamente al jefe de Gobierno capitalino.
Pero, ¿qué? ¿Dejarían los promotores del desafuero inmune a López Obrador? No, por supuesto. Para evitarlo recurrieron a esta nueva vía, la de la reforma al Estatuto. Aprobada que sea y sin importar que el desafuero no se haya producido, el funcionario tendría a la justicia encima el día en que solicite licencia a su cargo. Cuando los diputados perredistas fueron advertidos (como si no lo supieran) de los alcances de la decisión que consagraron con su voto, intentaron dar marcha atrás, pero era demasiado tarde.
El presidente de la mesa directiva de la Asamblea, el diputado verde Arturo Escobar, se apresuró a enviar la iniciativa aprobada a San Lázaro. Y aunque el lunes 21 no fue día hábil —la Ley Federal del Trabajo lo considera fecha de descanso obligatorio— el laborioso Manlio Fabio Beltrones, homólogo de Escobar, estaba en su oficina para recibir la iniciativa. La tardía y quizá fingida pataleta de los legisladores perredistas para que se les devuelva la iniciativa e impedir que se abra un nuevo riesgo para López Obrador probablemente resultará estéril, aunque hayan querido enmendar su yerro cometiendo otro, el de retirar la primera iniciativa.
En la Cámara de Diputados la mayoría compuesta por el PRI y el PAN se apresurará a aprobar la modificación al Estatuto y enviará la minuta al Senado. Allí, sólo un ataque de rubor impediría que la operación se consumara. Es que si los senadores reforman esa porción del Estatuto revelarían su franca incongruencia, pues frenaron durante ya cuatro años otras enmiendas a ese documento que tuvieron en sus manos durante meses sin dictaminarlas. Y si bien Xicoténcatl ha dado muestra de sensatez reflexiva al no aprobar mecánicamente minutas llegadas de San Lázaro, en este caso podría no funcionar como instancia de meditación.
López Obrador no quedaría inerme por entero frente a esa modificación, que priva de fuero a quien solicita licencia. Podría evitar que se le aplique si pide ausentarse de su cargo la víspera de que entre en vigor el nuevo texto del estatuto. Impediría con ello la aplicación retroactiva del ordenamiento. Pero puede también no solicitar licencia nunca, porque no lo obliga la disposición constitucional que ordena retirarse seis meses antes de la elección a los presidenciables que ocupan cargos en el gabinete o son gobernadores.
