Los especialistas prevén que Schiavo muera de inanición en un lapso de entre diez días y dos semanas.
Miami (EU), (EFE).- Tras haber pasado más de la tercera parte de su vida en coma y en medio de una batalla judicial, una estadounidense espera su muerte en un plazo de dos semanas, después de que los médicos desconectaran hoy la sonda que la mantenía viva.
Terri Schiavo, de 41 años, fue desconectada de los tubos a través de los que recibe alimentación por sus médicos, poco después de que lo ordenara el juez George Greer, magistrado principal del polémico caso.
Los especialistas prevén que Schiavo muera de inanición en un lapso de entre diez días y dos semanas en el hospital público del condado de Pinellas, en la costa oeste del estado de Florida, donde se encuentra hospitalizada.
Greer rechazó así las maniobras dilatorias parlamentarias de última hora en los Comités de ambas Cámaras del Congreso de EU, de mayoría republicana, que intervinieron en el caso judicial con el objetivo de prolongar al existencia de Schiavo.
El Comité de Salud del Senado de EU citó a Terri, a pesar de su estado vegetativo, y a su esposo Michael Schiavo para que comparezcan ante ese organismo el 28 de marzo.
Asimismo, el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes anunció que iniciará su propia investigación y envió su propia citación.
"No he recibido una razón convincente de por qué un comité (del Congreso) deba intervenir", dijo a la prensa el juez Greer, quien añadió que los esfuerzos de última hora de los legisladores no invalidan años de decisiones judiciales.
Abogados de la Cámara de Representantes anunciaron que apelarían la decisión del magistrado.
Con su determinación, Greer rechazó también la decisión del juez local David Demers, quien esta misma mañana detuvo momentáneamente la retirada de los tubos que alimentan a Terri Schiavo, prevista en principio por Greer para las 18.00 GMT de hoy, arguyendo que se debían dilucidar aspectos legales conflictivos del prolongado caso.
El caso de Terri ha sido una batalla legal de más de siete años entre su esposo, Michael Schiavo, quien argumenta que su cónyuge no desea vivir artificialmente, y los padres de la mujer.
Asimismo, el proceso ha desatado una enconada polémica en EU entre defensores del derecho a una muerte digna y grupos conservadores y religiosos contrarios a la eutanasia, que sostienen que desconectar a la mujer sería un asesinato.
El presidente de EEUU, George W. Bush, no ha dejado dudas de su posición y ha declarado que "los que viven a merced de otros merecen nuestra especial preocupación".
Tom DeLay, líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, señaló que la desconexión era una "barbaridad" que las citaciones emitidas por el Congreso pretendían detener, al menos temporalmente.
"Terri está tan viva como cualquiera de nosotros. Y, en consecuencia tenemos la obligación moral de protegerla y defenderla", agregó.
Por su parte, el representante demócrata Henry Waxman señaló que las citaciones son un "flagrante abuso de poder" y acusó al Congreso de "convertir la tragedia de la familia Schiavo en una farsa política nacional".
Schiavo ha estado en estado vegetativo desde 1990, cuando sufrió un ataque al corazón a causa de una súbita bajada de potasio en su organismo causada, aparentemente, por la estricta dieta que seguía en su afán de adelgazar y que se basaba principalmente en la ingesta diaria de más de diez vasos de té helado
En dos ocasiones durante el largo proceso Schiavo ha sido desconectada y vuelta a conectar a la sonda que la alimenta y que le había permitido hasta ahora seguir con vida.
La última de ellas fue el 15 de octubre de 2003 cuando los padres de Terri, Bob y Mary Schindler, recurrieron al gobernador Jeb Bush, hermano menor del presidente de EU, quien presentó un proyecto de ley especial al Congreso de Florida.
El Congreso, con una rapidez sin precedentes y tras dos días de debates, aprobó la llamada "Ley de Terri", que permitió al gobernador Bush ordenar "ipso facto" que la mujer fuera entubada nuevamente.
Michael Schiavo demandó ante los tribunales la inconstitucionalidad de la Ley y logró, en septiembre de 2004, que el Supremo de Florida le diera la razón.
