Cualquiera que haya sido el móvil para grabar un video en que cuatro personas visiblemente golpeadas hablan a la cámara y a la postre al menos una de ellas resulta asesinada, y la intención de quienes lo difundieron, el acontecimiento es muy grave. Pero lo es en mayor medida la errática intervención de la Procuraduría General de la República en el cruento episodio de que forma parte esa grabación, y en sus precedentes y secuelas.
En mayo, la guerra de las bandas del narcotráfico en Tamaulipas se trasladó a Guerrero. Varios miembros de uno de los grupos fueron “levantados”, es decir secuestrados por la brigada de acción directa del rival. Se supo que algunos fueron ejecutados. El 28 de ese mes, la mujer de uno de ellos (concubina la llama el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos) denunció el crimen y la PGR inició una averiguación previa que se desenvolvió con lentitud. Apenas a finales de agosto, el 25, se ejerció acción penal contra veinte personas involucradas en ése y otros secuestros. Once eran agentes federales de investigación y ocho particulares. Entre el 29 de agosto y el dos de septiembre fueron detenidos ocho de los once miembros de la AFI y sometidos a la autoridad del juez quinto de procesos penales en el DF. De ellos, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos dijo el primero de diciembre que “actualmente se encuentran en el Reclusorio Preventivo Oriente de esta ciudad”.
No dijo verdad, o la dijo a medias. Ocultó a los medios de información que cinco de los ocho detenidos obtuvieron su libertad el cinco de septiembre porque el juzgador no encontró en la acusación elementos suficientes para procesarlos. Los acusados mostraron que no se hallaban en Acapulco durante los “levantones” y por eso se les dejó en libertad. Aunque la PGR apeló la resolución respectiva, tres meses después no ha concluido la segunda instancia, y de revocarse el auto no sería posible reaprehenderlos, porque la AFI ignora su paradero.
El 12 de septiembre en las oficinas de la Subprocuraduría de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Santiago Vasconcelos fue recibido un video que esa dependencia relacionó con los secuestros atribuidos a agentes federales, y dado el desenlace visible en el documento, agregó a los delitos en cuya comprobación estaba fracasando el delito de homicidio.
El video estaba en circulación desde mucho tiempo atrás. El ocho de junio el reportero Omar Sánchez de Tagle publicó en Milenio una nota al respecto, aunque no conoció el final de la grabación, el momento en que se produce por lo menos un asesinato. Mucho tiempo después, a mediados de octubre, un periódico del estado de Washington, The Kitsap Sun, que se publica en una pequeña comunidad en los alrededores de Seattle, recibió una copia del video, que no representó mayor interés para sus objetivos profesionales. Sin embargo, al percatarse que se hablaba en ese documento del asesinato de una periodista (la reportera radiofónica Guadalupe García, ultimada en abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas) los periodistas de aquel diario remitieron la pieza a un periódico texano, al que supusieron más directamente interesado en el tema.
En la redacción de The Dallas Morning News, meditaron sobre el asunto y el video, previa edición de su porción final, de la que se omite el asesinato, insinuado apenas al verse sobre la cabeza de uno de los detenidos una pavorosa pistola (edición practicada quizá para evitar que se evoquen los crímenes cometidos en Irak por grupos terroristas resistentes) fue incluido en su versión de Internet el jueves pasado.
Ese mismo día reaccionó Santiago Vasconcelos e informó -con las digamos imprecisiones ya anotadas- de los hechos que concluyen con el maltrato a los “levantados”, que eran sicarios, miembros de la banda conocida como Los Zetas, ex miembros del Ejército Federal reclutados por la banda del Golfo, su interrogatorio y la muerte de algunos de ellos. No obstante que era claro que los agentes señalados se habían convertido en sicarios ellos mismos, la puntillosa PGR eligió un criterio de rigor formal para salvar la honorabilidad de la institución. “Es de particular importancia -dijo en un boletín emitido el sábado- insistir en que los señalados actuaron por cuenta propia. Por ello, desde el punto de vista jurídico no se concreta el tipo penal de tortura”. Aun si sus agentes golpearon hasta destrozar a Los Zetas la PGR se siente satisfecha de saber que no torturaron sino sólo atormentaron, o que lo hicieron en sus ratos libres, fuera de sus oficinas.
Pero el procurador general quiso ir más allá. Desmintió no sólo a uno de sus principales subordinados, a quien obligó a escuchar la desautorización, sino también al juez que tiene bajo proceso a tres de los agentes capturados. Lo asaltó la prisa -y por eso convocó a los medios en domingo- y sin aceptar preguntas dijo que “de acuerdo a las constancias de la averiguación... a la fecha no está probado que personal de la Afi haya participado en los hechos que muestra la videograbación”.
Y puede que diga la verdad: si hay una acusada división del trabajo en las bandas de matarifes, quizá unos secuestran y otros torturan, pero ambos regidos por un mismo propósito. Eso no parece importar al procurador Cabeza de Vaca que, con ganas de impedir que se desprestigie a un cuerpo que ha cesado a más de 400 de sus miembros por irregularidades y delitos, quizá esté, con su enternecedora buena fe, preso en un conflicto interno cuyos contornos desconoce.
