La ALDF dictamina que López Obrador sigue siendo jefe de Gobierno
Agencias
MÉXICO, DF.- Por 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados decidió retirar la inmunidad a López Obrador, quien aparece como favorito de cara a los comicios de 2006, con el fin de que un juez pueda procesarlo por el delito de desacato, tras un debate de dos horas.
Después de que escuchó los argumentos del subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría general de la República (PGR), Carlos Vega Memije, y de López Obrador, así como los alegatos de los diputados, el pleno decidió quitar el fuero al político tabasqueño por el presunto desacato a un amparo en relación con el predio El Encino.
Diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) impusieron su mayoría y aprobaron el dictamen de la Sección Instructora que determina que ha lugar a proceder penalmente en contra de López Obrador.
Luego de más de nueve horas de sesión, la mayoría aceptó los argumentos de la Sección Instructora.
López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), acudió a la Cámara para defender en la tribuna su caso, aunque dijo que sabía que los diputados votarían mayoritariamente a favor de retirarle la inmunidad.
Desconocen desafuero
La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impuso su mayoría de 37 votos para desconocer el desafuero que aprobó la Cámara de Diputados y aprobó además una propuesta para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para argumentar que la Cámara de Diputados federal carece de facultades para realizar el juicio de procedencia.
Sobre el acuerdo para desconocer el desafuero, los perredistas consideraron que no hay motivos para proceder penalmente contra el perredista, por lo que continuará en el ejercicio de su cargo con la inmunidad que le da el fuero, además establecieron que no puede ejecutarse acto penal alguno contra López Obrador y por lo tanto se suspende todo procedimiento que le afecte.
Expusieron que el párrafo 5o. del artículo 111 constitucional le da atribuciones a los congresos locales para declarar el desafuero del gobernante estatal, y agregaron que la ALDF tiene esta homologación, en tanto que López Obrador goza de un estatus similar al de un gobernador.
Este acuerdo generó severas críticas de la oposición, que argumentó la falta de atribuciones de la ALDF para desconocer resoluciones de la Cámara de Diputados e invadir atribuciones de los legisladores federales.
Los asambleístas de PRI, PAN y Partido Verde expusieron que el acuerdo de los perredistas es una interpretación sesgada de la Constitución, ya que ni el artículo 111 ni el 122 de la Carta Magna dan a la Asamblea esas atribuciones, pues no se le reconoce como Congreso local y sus atribuciones están acotadas.
El panista Carlos Alberto Flores advirtió que con esta propuesta la Asamblea puede caer en un escenario de juicio político en su contra y el Senado de la República decretaría una desaparición de poderes ante la ingobernabilidad reinante.
A lo largo del día, Javier Quijano, abogado de Andrés Manuel López Obrador, permaneció al lado de los diputados perredistas y los asesoró para presentar este acuerdo.
En los mismos términos se presentó la propuesta para solicitar este viernes por la mañana una controversia constitucional, a través de la cual se establece que la Asamblea Legislativa debe decidir sobre el desafuero del jefe de Gobierno y que el Congreso de la Unión carece de esas facultades, pues en todo caso la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados será para el único efecto de que se notifique a las legislaturas locales, en este caso el DF, y la Asamblea Legislativa proceda en última instancia como corresponda.
Alfredo Hernández Raigosa, diputado del PRD, invitó a los diputados de oposición a acudir a la misma Corte para que ahí presenten sus alegatos en contra de estos acuerdos.
Un tercer acuerdo aprobado por la mayoría perredista establece que el Legislativo local se dio por enterado del desafuero en la Cámara, sin embargo los opositores dijeron que no ha existido una notificación oficial y que es ilegítimo asumirlo a través de los medios de comunicación.
En tanto, desde la reunión de cada mañana del gabinete de seguridad, Alejandro Encinas fungió como encargado de despacho.
La primera frase que dijo hoy, al término de la reunión matutina del gabinete de Seguridad Pública que esta vez él encabezó, en lugar del jefe de Gobierno, fue relacionada con el compromiso de los funcionarios para que cumplan con sus responsabilidades. "Está garantizado que nadie renunciará porque esa fue la instrucción".
Por la mañana, Encinas y parte del gabinete se reunieron en el hotel Majestic mientras esperaban la llegada de López Obrador al Zócalo.
Durante la noche, continuaron los encuentros con funcionarios locales.
Luego de la noticia del desafuero de López Obrador, Claudia Sheinbaum, secretaria de Medio Ambiente fue la primera en llegar a la oficina de Encinas. Luego le siguió Raquel Sosa, titular de Cultura. Después se sumaron otros.
En una breve entrevista, Sheinbaum señaló que, por ley, mientras se procede penalmente en contra de Andrés Manuel López.
Obrador, será Alejandro Encinas quien quedará como encargado de despacho.
Aplaude IP proceso
La cúpula del sector privado aplaudió el ejercicio de legalidad con que se condujo el pleno de la Cámara de Diputados en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador y reafirmó la confianza en la estabilidad económica que vive el país, que quedó de manifiesto tras el repunte de 2.47 por ciento que registró la Bolsa Mexicana de Valores ayer.
Sin embargo, lanzó un nuevo llamado a la comunidad financiera y a la sociedad para que guarden respeto y el orden y esperen que el Poder Judicial actúe tras el desafuero del jefe de Gobierno capitalino “bajo todas las reservas de la Ley y el Estado de Derecho”.
Entrevistados por separado, los dirigentes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco manifestaron su preocupación porque la economía no sufra una afectación por este tema de orden jurídico.
José Luis Barraza, presidente del CCE, aseveró que hoy se puede confiar en las instituciones y en la buena marcha de la economía.
No obstante, manifestó su preocupación de que esta decisión y el manejo de las masas por parte de AMLO pueda polítizar un asunto jurídico y en determinado polarice a la población.
Reiteró que la incertidumbre es el enemigo número uno de los mercados y de la inversión.
Criticó la actuación de AMLO en la Cámara de Diputados “Se ha sobredramatizado el tema y lo han utilizado políticamente”, dijo.
Por su parte, Raúl Alejandro Padilla, presidente de la Concanaco, expresó que espera que el Poder Judicial no se eche para atrás ahora en el proceso de juicio contra el posible desacato de AMLO.
“Antes fuimos muy críticos con el Legislativo, pero ahora quisiéramos felicitar a la Cámara de Diputado por no defraudar al pueblo de México.
Hemos dicho que sí a la legalidad y no a la violencia, y lo que hicieron los diputados fue valiente, profundamente responsable”, subrayó.
Respecto a las advertencias de mayores movilizaciones por parte del jefe de Gobierno capitalino acotó: “Muchos perros ladran, más cuando se les presiona, pero debemos los mercados bursátiles, los empresarios y la sociedad en su conjunto dimensionar la capacidad real de convocatoria de AMLO, la cual es poca”, dijo.
En contraposición, León Halkin Bider, Presidente de la Concamin, manifestó que el sector industrial no aplaude ni consigna el proceso de desafuero.
Expresó que los industriales no pretenden “hacerle el caldo gordo a ningún político", por lo que esperarán a que culmine el proceso legal.
“Por respeto a la autoridad y al estado de derecho mantengamos nuestra actitud económica y de inversión y caminemos por la vía del derecho”, señaló.
