Demandan justicia las madres de niños afectados.
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Los niños y niñas de Ceballos, Durango, ya fueron alcanzados por las drogas. Una decena de menores de entre 12 y 14 años, acompañados de sus madres, señaló a una mujer de 24 años, como la persona que les regalaba cocaína y marihuana. También hacían fiestas y prostitución. Una de las implicadas está embarazada.
La Policía Ministerial (PM) respondió intempestivamente al señalamiento y logró la detención de Laura Berrios Nájera, de 24 años y su pareja sentimental, Rogelio Guevara Villalobos, de 60 años. Los dos fueron puestos a disposición de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN). No se aseguró ningún tipo de droga.
Las madres de los niños y niñas afectados piden justicia. Ellas aseguran que no entienden de leyes, y están dispuestas a tomar la Ley y hacerse justicia por su propia mano, si la principal inculpada es liberada por cualquier tecnicismo legal.
Hugo Armando Reséndiz Martínez, subprocurador de Justicia y Avelino Cota Romero, subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezaron una reunión con el Ministerio Público del fuero común, Adriana Samaniego Núñez. Todos buscan fincar responsabilidad penal. La corrupción de menores es la primera opción.
ESPERAN A LAS AUTORIDADES.
En la sala de espera de la Subprocuraduría de Justicia, las madres y los menores de Ceballos esperaban la llegada de Reséndiz Martínez, cerca de las 10:50 horas. Ricardo Samaniego Juárez, responsable del Sistema de Desarrollo Integral Familiar (DIF) y su esposa, Juana Hernández, presidenta de la Junta de Gobierno, pedían atención al caso.
Samaniego Juárez estaba consciente de que las autoridades federales no podrían actuar contra los inculpados ante la falta de pruebas, es decir, la ausencia de drogas; también sabe que la carencia de flagrancia al momento de la detención, puedo exentar a la pareja en el fuero común.
Antonio Frausto Rodríguez, líder social que acompaña a los afectados de Ceballos, señaló que la problemática descubierta afecta la salud pública y que las autoridades deben hacer valer la figura del arraigo para retener legalmente a los inculpados.
Al detallar la forma en que ocurría la corrupción de los menores, se dio a conocer que Laura vive en la calle Hidalgo sin número, a dos cuadras de la escuela primaria de Ceballos. La mujer tiene contacto con una menor de 14 años, a quien le ordenaba que invitara a los demás niños a sus fiestas privadas.
Es precisamente la misma menor de 14 años, que servía de ?enganchadora?, la que se encuentra embarazada. La niña dijo que conoce a Laura desde hace un año y en ocasiones la ofrece a los adultos viajantes para ejercer la prostitución.
HABLA LA INCULPADA.
Tras las rejas de la PM, Laura Berrios dice que sólo ella es culpable de todo, y advierte que el día de la última fiesta, uno de los niños le echó marihuana a una botella de refresco y les dijo a todos los presentes que no se la tomaran.
La joven negó todas las acusaciones sobre el suministro de drogas a los menores y dijo que las mamás de los niños le tienen coraje porque ella se ha relacionado con sus maridos y aclaró que se gana la vida vendiendo tacos.
Las autoridades cuentan con menos de 48 horas para poder fincar alguna responsabilidad penal a los señalados, o en caso contrario tendrán que decretar su libertad, para no incurrir en un delito que viole las garantías de los presuntos responsables.
?¿Y los derechos??.
?Dónde están los derechos de los niños, dónde está la justicia. Nosotros no vamos a permitir que la responsable se quede sin castigo?, dice Rosa María Solís, madre de uno de los menores afectados en un probable caso de corrupción de menores de Ceballos.
Junto a sus madres, casi una decena de niños y niñas hacían fila para entregar una muestra de orina a los peritos químicos de la Subprocuraduría de Justicia. La diligencia estaba a cargo de la titular de la mesa de delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, Adriana Samaniego Núñez.
Las niñas, de condición humilde, algunas ?descarapeladas?, luego de dos días en una alberca, se muestran tímidas ante las cámaras de los diferentes medios de comunicación. Todas saben que una de ellas está embarazada. Con las muestras de orina se aplicará además un examen antidoping.
Los visitantes de Ceballos se enteran que las autoridades federales y estatales tienen una reunión en el segundo piso de la Subprocuraduría de Justicia y deciden entrar sin tocar. ?Queremos justicia, que no le hagan más daño a nuestros hijos?, dice a los funcionarios, otra afligida madre con la voz quebrada y algunas lágrimas.
