EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El no ejercicio de la acción penal resolvió el agente del Ministerio Público, Martín Abdo Prieto, sobre la denuncia por de delito de despojo interpuesta por campesinos del ejido San Román, de este municipio. Como se informó en su oportunidad, el dos de agosto pasado Trinidad Ortega Camacho, Esteban Morales Chávez y Graciela Hernández Delgado, ejidatarios del citado poblado, interpusieron querella ante el Ministerio Público contra los hermanos Alejandro y Juan Ignacio Gómez Martín, además de Delia Martín Borque.
Luego de las investigaciones del Ministerio Público se conoció que el mes de noviembre de 200 se realizó una asamblea entre los ejidatarios de San Ramón, en la cual se acordó vender la superficie de 207 hectáreas, a la cual se opusieron varios integrantes del ejido, aunque de cualquier forma se ejecutó la compra-venta.
Los inconformes promovieron la Nulidad de Acta en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Seis y el 26 de marzo de 2002 se emitió la sentencia dando por nula la asamblea impugnada, pero aún así los demandados continuaron con la posesión de los terrenos.
Ante esa situación, los ejidatarios inconformes promovieron otra nulidad y el 28 de junio de 2005 se pronunció sentencia. El 14 de julio se realizó el acta de ejecución de sentencia y el actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario se constituyó en el ejido San Ramón, para poner en uso, goce y disfrute de las tierras de uso común.
Ese mismo 14 de julio tuvo lugar otra asamblea general extraordinaria ejidal en la cual se discutió la sentencia emitida y la mayoría de los ejidatarios acordó autorizar a los demandados para que continuasen en posesión de los terrenos de uso común y puedan recoger las cosechas de los cultivos.
Luego de las investigaciones y evaluación, el agente del Ministerio Público dictamina que no se acreditan los elementos del cuerpo de delito de despojo, toda vez que los terrenos son ocupados con el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, que es la instancia que tiene la facultad de aprobar los contratos y convenios con terceros, por lo cual determinó el no ejercicio de la acción penal.
Indignación
Para los pobres no existe la justicia, dice Trinidad Ortega Camacho, luego de conocer la resolución del agente investigador del Ministerio Público, Martín Abdo Prieto.
Son cinco años de luchar en contra de la venta de tierra de uso común del ejido San Ramón, añade, pero ante el poder del dinero no se puede hacer nada, ya que compra voluntades de autoridades ejidales y de otro nivel.
De la venta hecha por las 200 hectáreas, por cinco millones de pesos, Trinidad y los otros dos denunciantes no recibieron nada por desacuerdos.
