El ex ministro de Defensa retirado José Gallardo fue detenido por perjuicios causados al Estado ecuatoriano en la negociación de las armas.
Quito, (EFE).- El ex ministro de Defensa ecuatoriano general retirado José Gallardo fue detenido hoy en Quito en relación con el caso de la venta irregular de armas argentinas a Ecuador durante el conflicto bélico con Perú en 1995.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Guillermo Castro, ordenó la prisión de Gallardo y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de esa época Víctor Bayas, por presuntos perjuicios causados al Estado ecuatoriano en la negociación de las armas.
El caso, que ha involucrado también al ex presidente argentino Carlos Menem y a otros ex altos cargos de su Gobierno, estalló tras el conflicto bélico que protagonizaron Ecuador y Perú entre enero y febrero de 1995, por la disputa de un sector sin demarcación en la frontera común amazónica.
El general Gallardo, que fue detenido a primera hora de hoy cuando iba a ser entrevistado en un canal de televisión al norte de Quito, está recluido en las instalaciones de la Policía Judicial y recibe un tratamiento preferencial por su condición de ex ministro de Estado, confirmó su abogado, Marco Granja.
"Se encuentra detenido con los privilegios y los reconocimientos que merece como ex ministro de Estado y como héroe del conflicto del Cenepa", dijo Granja a los periodistas tras comunicarse telefónicamente con el ex ministro de Estado.
Según la denuncia que ha motivado la detención de Gallardo, Argentina vendió armas a Ecuador y a Croacia en una operación aparentemente irregular, en un momento en que estaba en vigor una prohibición para proveer de pertrechos militares a este país y Perú que entonces mantenían un conflicto por una cuestión limítrofe.
Argentina, además, formaba parte de un grupo de países garantes que auspiciaba el cese de hostilidades y un proceso de paz que concluyó en octubre de 1998 con la firma de un acuerdo limítrofe definitivo entre Lima y Quito.
En marzo de 1995, se descubrió que las armas adquiridas a Argentina eran obsoletas y no podían ser utilizadas, por lo que las autoridades militares ecuatorianas emprendieron una querella contra la empresa que intermedió en la operación, cuya factura sobrepasaba los siete millones de dólares.
Ecuador pudo cobrar las garantías aseguradas en la negociación y el caso se estancó hasta ahora, cuando la Corte Suprema ha abierto nuevamente el expediente.
Tras conocer de la orden de prisión, el general retirado desconoció a la CSJ, cuestionada desde diciembre pasado por la oposición al Gobierno que considera ilegal su proceso de reestructuración.
Gallardo se declaró "indignado" pero "tranquilo" porque, según dijo a los periodistas, no teme "absolutamente nada".
