El panorama laboral en México es desalentador. Podría decirse que poco hubo qué festejar ayer, Día del Trabajo.
En todo el país y como ya se ha vuelto costumbre, los desfiles estuvieron dominados por las consignas y protestas contra las políticas económicas que se vienen aplicando desde hace más de tres lustros y las que los organismos sindicales suponen que se pretenden implementar en el futuro.
También ya es costumbre (ésta muy arraigada) que los gobiernos emitan discursos optimistas y den a conocer programas para combatir el desempleo, la pobreza y la injusticia social.
“No a la privatización del sector energético y la seguridad social”, “no a la reforma laboral y de pensiones”, “mejores salarios para los trabajadores”, entre otras, son las consignas que desde hace varios años se dejan ver y escuchar de pancartas y bocas de los integrantes de los sindicatos participantes.
El presidente Vicente Fox Quesada, por su parte, utilizó la fecha para anunciar que propondrá la creación del Instituto de Protección Social, con el cual busca garantizar seguridad social y protección en salud, ahorro, pensiones y vivienda a un sector de la población mexicana.
Más allá de las protestas y los discursos oficiales, la realidad resulta crítica. El modelo económico aplicado en México no ha logrado absorber la gran cantidad de personas que año con año entra en edad productiva, por lo que, para sobrevivir, debe desempeñarse en una actividad informal y/o ilegal, lejos de toda certidumbre.
Como lo han registrado organismos de Derechos Humanos, las condiciones de trabajo en muchas empresas distan de ser las óptimas, y los salarios que se ofrecen no corresponden al costo de la vida para mantener medianamente a una familia.
En el sindicalismo mexicano persiste la desvirtuación del ideal de defensa de los derechos de los trabajadores y en repetidas ocasiones, las agrupaciones se convierten en los mejores aliados de los patrones o en verdaderos lastres que sólo sirven como cotos de poder político electoral, nido de corruptelas, búsqueda de componendas y privilegios particulares.
Ante todo esto, en gran medida, el Gobierno ha dejado en el mercado la rectoría de la economía y ha abandonado su papel como verdadero punto de equilibrio entre empleados y empleadores, para centrarse en la aplicación de meras políticas paliativas frente a la desigualdad económica.
Por todo lo anterior, puede decirse que poco o nada hubo qué festejar ayer primero de mayo.
