El trabajo electoral a favor de la democracia se ve afectado por el agitado y vulgar manejo que hacen algunas personas y grupos enquistados en la política nacional, aunque es cierto que al inicio del proceso se da la lucha por el poder y ocasiona cierto grado de desconcierto e inestabilidad. La búsqueda de espacios de participación hace que los contendientes trabajen a favor de sus intereses de partido y que se valgan de los medios que están a su alcance para lograr sus fines personales; sin embargo, bien podríamos repetirles a esos politiqueros, la frasecita que está de moda entre los muchachos, cuando sancionan el exceso: “te pasaste”.
La lucha por hacerse del poder tiene un sólo sentido honesto: acarrearse la capacidad y recursos para servir; aunque la teoría dice lo anterior, no es muy precisa al definir el margen que hace diferencias entre lo correcto legal y ético, ante lo incorrecto, aquello que viola la Ley y que no es aceptado desde el punto de vista moral.
Cuando revisamos el desempeño de los malos políticos de México, comprobamos que el problema es generalizado y podemos establecer algunos patrones de conducta comunes: defensa de intereses personales y grupales por encima de los nacionales; lucha de poder al interior de los partidos, donde los integrantes no se detienen ante la obligación de respetar sus propios idearios, plataformas y estatutos; denuncias, no siempre fundadas, sobre corrupción y malos manejos, como medio de contrarrestar la fuerza del opositor; y en general, uso del desprestigio de las personas, como arma de lucha.
Para ejemplificar lo anterior, podemos revisar los casos más sonados a nivel nacional, que incluyen a personajes de todos los partidos y tendencias políticas. El de moda, sin duda, es el de la familia Montiel, encabezada por el ex gobernador y precandidato del PRI, Arturo Montiel Rojas, al que acusan de haber hecho depósitos de millones de dólares en cuentas propias durante su mandato; incluyen a sus hijos Juan Pablo, del que se dice incrementó su cuenta bancaria con la cantidad de 35 millones de pesos y Arturo, con 21 millones; ni la esposa se salva, involucrándola en denuncias de posesión de terrenos y casas-habitación. La lucha apenas inicia y habrá que ver el desenlace legal, aunque el desprestigio ya ha sido aplicado, dejándoles como única respuesta de defensa su denuncia contra Roberto Madrazo Pintado, de quien creen provienen las informaciones.
Por si fuera poco escándalo, el propio Madrazo, que aún no se libra de las consecuencias de su lucha contra Elba Esther Gordillo, quien a su vez le hace sentir su fuerza con la presencia de partidarios del sindicato que le acosan en todo acto público en cualquier parte del país, llegando inclusive hasta la agresión física, transfiere la responsabilidad del caso Montiel a Vicente Fox, deslindándose de la acusación que le hace el compañero de partido político e invitando a la fiesta –obligadamente- al presidente de México y al Partido Acción Nacional.
Andrés Manuel López Obrador tampoco descuida la mala moda política, e insiste en sostener la popularidad alcanzada durante su desempeño al frente de la Administración del Distrito Federal, tratando de enterrar en el recuerdo la corrupción de sus colaboradores, pretendiendo desvincularse de lo hecho por los Ponces y Bejaranos. Él también tiene su culpable, a quien llama “El Innombrable”, pretendiendo orientar negativamente la opinión pública hacia el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Y escribiendo de altos mandatarios, no deje pasar desapercibidas las acusaciones contra Vicente Fox Quezada, de quien se han hecho denuncias en los medios escritos, en relación a sus ranchos privados en el Estado de Guanajuato; tampoco olvide a su esposa, Marta Sahagún, que se ha mantenido en las primeras planas de la prensa nacional y a últimas fechas sostiene litigios de escándalo, por la defensa de su integridad personal. El caso de los hijos recién inicia y esperemos, también, ver los resultados.
No olvide a la familia verde, la de Emilio González Torres, hijo del anterior líder del partido ecologista, que en repetidas ocasiones ha sido acusado y hasta exhibido en videos caseros en plenas negociaciones, en todo caso irregulares; la última denuncia se refiere al tráfico de candidaturas del propio Verde Ecologista, cuando el muchacho “chamaqueado” ya ha aprendido a defenderse con descaro evidente.
El PAN también tiene lo suyo, o ¿acaso se pueden dejar en el olvido las múltiples concesiones para abrir casinos y casas de juego que otorgó la Secretaría de Gobernación estando a cargo Santiago Creel Miranda, a empresas de comunicación y hombres con reconocido poder político y económico?
En todos los casos, las capacidades de maniobra de las instituciones, particularmente el Instituto Federal Electoral Mexicano, han sido rebasadas; la denuncia de millonadas invertidas en precampañas políticas está presente, persistiendo la falta de respuesta a la pregunta más simple: ¿de dónde vienen esas escandalosas cantidades de dinero que despilfarran los políticos en publicidad de sus personas o grupos? ¿A qué nos están comprometiendo al aceptar tales sumas, si llegan al poder?
Alejandro Gertz Manero, vicepresidente de la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior, al tratar el tema, escribió en un periódico capitalino: “los compromisos económicos son los que finalmente se imponen y ello a espaldas de la gente, mientras los pactos mediáticos se establecen a través de canonjías, pagos multimillonarios y arreglos en lo ‘oscurito’, para determinar las campañas de exaltación de quienes no lo merecen y de persecución a los que no hayan colaborado con ese ‘cochinito’”. Esa denuncia, de quien estuvo envuelto en esos trafiques, no ha recibido ninguna respuesta.
Cuando se violentan las normas y reglas de la sociedad, en aras de intereses particulares, da lugar un relajamiento en la interpretación y hasta aplicación de la Ley, algunos casos llegan hasta la franca burla de lo dispuesto. Esta actitud genera desorden, desconfianza y mayor individualismo, favoreciendo la pérdida de respeto por lo comunitario, el cuidado del bien común.
Por si fuera poco, ese desorden abre oportunidades para otros sujetos que buscan impulsar sus propios intereses; un caso concreto, por mencionar alguno, la aparición de organizaciones dedicadas a encontrar fórmulas para violar la Ley de importación de vehículos automotores, dando lugar a la presencia de los “autos chocolate”.
El deterioro de la imagen nacional en el extranjero y nuestra pérdida de credibilidad en el campo de la economía y los negocios va de por medio; para no dudarlo, bástenos recordar las varias recomendaciones que hemos recibido sobre temas como seguridad, transparencia, atención de problemas sociales como la corrupción y hasta el narcotráfico. Todas, manifestaciones de desconfianza hacia nuestro proceder como nación.
Cuántas consecuencias, ¿verdad? Lo invito a que reflexionemos sobre el problema, que crecerá conforme nos acerquemos a las elecciones de 2006, denuncias de hechos que sin duda deberemos saber interpretar a la hora de ejercer la fuerza de nuestro voto.
ydarwich@ual.mx
