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Dice contralora estar dispuesta a atender requerimientos judiciales

YOLANDA RÍOS RODRÍGUEZ

EL SIGLO DE TORREÓN

TORREÓN, COAH.- La contralora municipal, Natalia Virgil, asegura que no ha sido requerida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), respecto a la demanda penal que enfrenta, presentada por la constructora que supervisa la obra del puente Valle Verde, pero dice que está en toda disposición de atender los requerimientos judiciales.

Advierte de entrada las limitantes para contestar todas las preguntas de la entrevista en función de que se trata de información reservada, afirma.

La semana pasada el constructor, Hugo Noé Lascano, interpuso una demanda penal en contra de la funcionaria municipal por lo que aseguró es abuso de autoridad, uso indebido del poder público y obstrucción para la realización de obras públicas, ya que después que recibió el fallo de una licitación a su favor, ésta ordenó que se desechara cuando, afirma, no tiene facultades para ello de acuerdo con la Ley de Obras Públicas del Estado.

Hermética, parca y con las manos temblorosas, dice Natalia Virgil que del estado legal de las cosas ?hasta el momento es reservada porque no ha quedado en firme ningún documento?.

Cita luego que cuando se tiene un documento que aún está en proceso, de acuerdo a la Ley de Transparencia es información reservada y por lo tanto si el alcalde, Guillermo Anaya, declara que el concurso fue declarado desierto, ella desconoce y pide preguntarle al respecto a éste.

No sabe si la empresa Integradora de Servicios de Consultoría está supervisando la construcción del puente Valle Verde, tampoco si se ha adjudicado el contrato a otra empresa.

Sin embargo y aunque se esfuerza por mantener la información reservada, admite el contenido del oficio que se le muestra físicamente de fecha cuatro de mayo de 2005 que envía ella al director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, que firma como normalmente lo hace y en el que le ordena ?desechar la propuesta?.

Ahí argumenta que ?dentro de la revisión efectuada a las propuestas de licitación pública DGOP-003/05, se observa que la propuesta de Integradora de Servicios de Consultoría dentro de su catálogo de conceptos hace mención a una licitación distinta a la que se está celebrando. Su propuesta no debe ser tomada en consideración... no se refirió a la obra convocada y en tal virtud su propuesta es insostenible, erróneamente menciona el numero de obra ML-339-04.

Dice en el párrafo siguiente que la propuesta del contratista en mención deberá ser desechada de las propuestas presentadas y pide emitir el fallo a favor de la empresa Laboratorio de Análisis y Control, S.A. de C.V.

Con respecto a esto, con fecha seis de mayo el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotés, le da respuesta por escrito en un amplio oficio y fundamenta en tres aspectos, el motivo por el que se dio el fallo y explica lo relacionado con los números de licitación distintos a la que se hizo, y la respuesta que recibió por oficio fue de parte de Luz Natalia Virgil que le remitiera todos los sobres originales correspondientes a la licitación pública DGOP-003, lo cual se hizo en su momento.

Más transparencia.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Javier Villarreal Gómez, dice que es necesario transparentar más los procesos de licitación que realiza el Municipio y que se apeguen a la legalidad.

El representante empresarial ha acudido en diversas ocasiones a procesos de licitación pública que se organizan en la Dirección de Obras Públicas y señala que las dinámicas son muy sencillas, claras y cuando hay inconformidades lo más lógico es que ahí se registren, lo que hasta ahora no ha sucedido.

Habla de la necesidad de que sigan los procedimientos legales en estos procesos y haya un irrestricto apego a la legalidad porque de lo contrario al quitarle un contrato a una empresa a la cual consta que se le dio un fallo a favor, se incurre en acciones ?sospechosas?.

Javier Villarreal Gómez se refiere a la demanda legal que enfrenta el Municipio a través de la Contraloría Municipal presentada por la empresa Integradora de Servicios de Consultoría propiedad de Hugo Noé René Lazcano y de quien dijo, que si hay irregularidades en el proceso, lo mejor es que las autoridades municipales hablen claro y que no quede la imagen de la comisión de un abuso de autoridad.

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