El subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha dirigido una severa condena al procurador de justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, tras expresar su desacuerdo con el procedimiento y el desenlace de dos averiguaciones del ministerio público capitalino, sobre las muertes de Digna Ochoa y de Pável González.
De tanto en tanto, después de un prolongado silencio motivado por la aprobación de una reforma constitucional en materia indígena diversa a la prefigurada en los acuerdos de San Andrés y por lo tanto admitida por el EZLN, el vocero y emblema de esa fuerza guerrillera, el subcomandante Marcos emite mensajes que ya no sólo conciernen de modo directo a la lucha que se hizo pública el primero de enero de 1994, sino que se dedican a examinar coyunturas de la vida pública mexicana e internacional. Así lo hizo, por ejemplo, en agosto del año pasado, cuando entre otros temas abordó los citados casos de Digna Ochoa y Pável González. El cadáver de la primera, una denodada defensora de personas cuyos derechos humanos estaban en riesgo o habían sido violados, fue hallado en el despacho en que trabajaba el 20 de octubre de 2001. El de Pável González, estudiante universitario, fue encontrado en un pico del Ajusco, de muy difícil acceso, el 23 de abril pasado. No hay conexión material entre los dos casos, pero en ambos y sobre todo en el de Digna Ochoa, se produjo un debate público sobre si fueron asesinados o se suicidaron.
El siete de septiembre pasado el procurador Bátiz respondió al subcomandante insurgente. Además de proclamar la buena fe y la convicción jurídica y democrática que lo animan, a partir de las cuales hizo suya la conclusión de que Digna Ochoa se privó de la vida, adujo como prueba de su imparcialidad que aceptó “designar a un fiscal especial que me propusieron, sin la mínima intervención de mi parte, los señores Rosario Ibarra de Piedra, Magda Gómez y Miguel Ángel Granados Chapa, como representantes de la opinión contraria al suicidio; la persona designada fue la magistrada Margarita Guerra y Tejada, quien aceptó el cargo e integró un grupo de investigadores, agentes del ministerio público y peritos, totalmente ajeno al grupo inicial, algunos de los cuales fueron contratados como externos a la Procuraduría”.
Con demora cuyas causas explica, sólo al comenzar este año emitió su réplica el dirigente guerrillero. Sin que así lo haya hecho Bátiz, el subcomandante Marcos asegura que el procurador nos presenta (a doña Rosario, Magda y a mí mismo) “como avales de esa conclusión”, la del suicidio de Digna Ochoa. Y para saber si estamos de acuerdo “con los términos en que se les menciona” nos remitió copia de la tremenda requisitoria dirigida a Bátiz, aparecida el viernes en La Jornada.
Respondo por lo que a mí toca. Sostuve, en efecto, una opinión contraria a la hipótesis del suicidio, por la insuficiencia de la investigación y sobre todo porque para validarla se asestó una segunda muerte a Digna Ochoa, vilipendiándola de modo ruin. Por esa posición que era también, obviamente sin concierto, la de doña Rosario y la de la licenciada Gómez, aceptamos la petición del jefe de Gobierno del Distrito Federal para proponerle el nombre de una persona que ocupara la fiscalía especial que estaba dispuesto a crear para asegurar una indagación no prejuiciada y profesional. Las tres personas entrevistamos a varias más que reunieran las condiciones de ética acrisolada y experiencia en la indagación penal y a la postre Magda y yo (por ausencia circunstancial de doña Rosario) propusimos el nombre de la magistrada Guerra. Andrés Manuel López Obrador instruyó al procurador para que la nombrara responsable de la fiscalía especial y así lo hizo Bátiz.
Esa fue la naturaleza de mi intervención en el caso. No avalé la designación de la magistrada, porque ella no requiere ser avalada por nadie, ya que su trayectoria lo hace por sí, pero sin lugar a dudas creí en la idoneidad de la propuesta. No avalé, mucho menos, la investigación, cuyas limitaciones nos quedaban claras a todos, por el transcurso del tiempo y la pérdida o distorsión de valiosos elementos probatorios y menos aún porque se insistió en una línea de investigación que deturpaba a Digna Ochoa para convencernos de que la abogada cuyo temple y convicciones la alejaban del suicidio no era la Digna Ochoa que conocíamos. Por lo tanto, no admití como irrefutable la tesis del suicidio cuando arribó a ella también la magistrada Guerra. Saludé, en consecuencia, el informe sobre las irregularidades cometidas en esa investigación, preparado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que de hecho hace que el caso permanezca abierto.
Por lo que toca al caso de Pável González, en junio pasado recibí por correo electrónico un mensaje que aportaba datos que contrariaban la tesis de suicidio que sostenía el ministerio público. En conversación con el procurador Bátiz mantuve mi creencia de que la información era útil para aclarar esa muerte, que hasta donde entiendo sigue bajo investigación.
El subcomandante Marcos formula una vasta serie de preguntas sin respuesta en ambas indagaciones, señaladamente en la de Digna Ochoa, que aún hoy puede y deben ser atendidas. No comparto muchas de sus opiniones políticas, sobre todo las que suponen generalizaciones sin base. No es cierto, por ejemplo, que con todo el valor que reconozco en ellas, las vidas de Digna y Pável valgan más “que todos los funcionarios juntos del Gobierno del Distrito Federal”.
