No, no me refiero ahora -al menos directamente- al oneroso financiamiento de la campaña priista en el Estado de México, sino a acontecimientos que atañen a empresarios de esa entidad ligados estrechamente al PRI y al dinero que debe y el que necesita reunir y erogar durante el proceso electoral de 2006.
Comienzo con algo en apariencia distante al tema, el proyecto de ferrocarril suburbano del Valle de México (que unirá a la antigua estación capitalina de Buenavista con el municipio mexiquense de Huehuetoca), cuya licitación fue cancelada anteayer. El concurso había sido resuelto, en los hechos, favorablemente a Alstom, una empresa francesa. Pero su contraparte, la española CAF fue apartada de modo tan grosero, que se inconformó por la decisión adversa. Al mismo tiempo, el ingeniero José Manuel Covarrubias, que en nombre de Transparencia Mexicana había sido testigo social de la operación, expresó dudas sobre la claridad en el examen de las posturas. Finalmente, y en la imposibilidad de ser sorda a ese cuestionamiento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que había dado lugar al enredo, lo deshizo y llamará a las partes a contender de nuevo por el contrato de esa magna obra pública que involucra al Gobierno Federal y a los del estado y la Ciudad de México.
Las concursantes extranjeras están asociadas a grupos mexicanos, financieros y de construcción. De ese modo, resultaron enfrentados en esta licitación Hermes y Estrella Blanca, aquel grupo encabezado por Carlos Hank Rohn, éste por Salvador Sánchez Alcántara. Dadas las complicaciones financieras y aun legales de Estrella Blanca, en los medios del autotransporte sorprendía su participación en el concurso por el ferrocarril suburbano. En cambio, se entendió que la postura de que era parte quedara postergada de mala manera, en provecho de Hank Rohn, por la influencia política de que éste goza.
Sánchez Alcántara ha enfrentado a otro núcleo de poder político y financiero del Estado de México, el representado por Roberto Alcántara Rojas, quien le disputa directamente o por interpósitas personas, el control de Estrella Blanca y de Transportes del Pacífico, en que fueron socios hasta que Sánchez Alcántara se quedó sin participación en esa sociedad. Ese triunfo mercantil de Alcántara Rojas es parte de un proceso de concentración del autotransporte de pasajeros, en que tiene hoy un papel preponderante, como presidente del consejo de administración de un consorcio que agrupa a varias de las líneas de autobuses más importantes, Autotransportes mexicanos, AMSA. Alcántara Rojas llegó a esa posición a partir de dos empresas tradicionales, Flecha Roja y Autobuses de Occidente, que recibió de su padre, Jesús Alcántara Miranda, un típico ejemplo de la mezcla de negocios y política, que fue alcalde, diputado y senador por el Estado de México.
Como cabeza del grupo Toluca, Alcántara Rojas también participa en política, aunque no ha buscado cargos de elección como su padre. En 1994 financió el numeroso, pero ineficaz cuerpo de seguridad destinado a proteger la vida de Luis Donaldo Colosio. Y apenas anteayer ha vuelto al primer plano partidario como presidente de la comisión de financiamiento del PRI, encargada no sólo de recabar fondos para la campaña electoral del año próximo, sino de establecer lazos de unión con los empresarios, según lo dispuso el ya inminente ex líder priista, Roberto Madrazo, que no se marchará sin dejar a sus allegados a cargo de delicadas responsabilidades.
Si Alcántara cumple su misión con la eficacia que le ha permitido crecer en el autotransporte, el PRI contará con pingües recursos para la dispendiosa campaña que deberá realizar el año que entra, a la luz del ejemplar resultado mexiquense. Pero si se conduce como lo hizo al frente de Brancreser, entonces los opositores al tricolor podrán frotarse las manos porque el esfuerzo financiero que emprenda Alcántara Rojas puede ser nulo.
Alcántara Rojas fue beneficiario de la privatización bancaria. Sin experiencia en el ramo, adquirió el control de Bancreser, que al ser expropiado en 1982 estaba encabezado por Antonio del Valle. La oferta de Alcántara fue de 425 mil millones de pesos de 1991, a los que después llamamos viejos pesos, equivalente a 140 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Pésimamente administrado, fue uno de los bancos fallidos en la crisis de 1995 y por lo tanto beneficiario del rescate bancario. En 1999 el naciente Instituto de Protección al Ahorro Bancario se dispuso a limpiarlo y dejarlo reluciente a fin de venderlo. Fue una operación carísima, toda ella con cargo a los contribuyentes. A partir de 1999, el IPAB gastó casi once mil millones de dólares en ponerlo en situación de venta. Como ejemplo de cómo se aplicaron recursos públicos a enmendar dislates privados, la operación significó aplicar recursos ¡setenta y siete veces! superiores al monto pagado por Alcántara en el momento de la privatización.
Para redondear el pésimo negocio, en septiembre de 2001 el IPAB vendió el banco en que había metido más de cien mil millones de pesos, en sólo ¡mil seiscientos millones de pesos! Sí, casi la décima parte de lo que costó sanearlo. No se sorprenda usted de que el adquiriente sea el consuegro del profesor Carlos Hank González, el dueño de Banorte, Roberto González Barrera. Su yerno Hank Rohn, a través de su banco Interacciones ha otorgado créditos al PRI para solventar sus crisis de liquidez. Y es que todo tiene que ver con todo.
