Los afanes humanitarios, caritativos, de los diputados Gabriela Cuevas y Jorge Lara tendrán que buscar nuevos derroteros. El juez duodécimo de distrito en materia penal, Juan José Olvera López, les ahorró los dos mil pesos con que pretendieron garantizar que el jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador compareciera ante la justicia. El juzgador federal, en lo que acaso sea su única intervención en la secuela del desafuero, desestimó la no pedida libertad bajo caución que oficiosamente otorgó la Procuraduría General de la República (y garantizaron los legisladores panistas) y devolvió el expediente, mal consignado, al ministerio público.
Es decir, rehusó expedir la orden de comparecencia solicitada por la fiscalía. Derrotada en ese primer lance, la PGR apelará la resolución del juez o, acatándola, consignará de nuevo y pedirá orden de aprehensión. Había querido evitarla porque su acusación es frágil, insostenible y para evitar que López Obrador esté unas horas en la cárcel, de donde saldría al establecerse la falta de elementos para procesarlo.
Los diputados Cuevas y Lara podrían orientar sus nobles sentimientos a asistir espiritualmente a dos compañeros suyos, en Veracruz y Yucatán, que se hallan en medio de tribulaciones que, a decir verdad, importan menos como asuntos personales que como conflictos políticos de gran envergadura. Uno de ellos es Francisco Herrera, que cometió fraude parlamentario contra sus compañeros panistas veracruzanos y ha tenido que pedir licencia, Quizá tenga que hacer lo mismo Antonio Haddad Manzur, en Mérida, hostigado por sus correligionarios, que lo tildan de traidor.
Los resultados electorales del año pasado en Veracruz produjeron una composición de la legislatura local que ha sido fuente de dificultades y de tensiones con el gobernador. Dos veces, por ejemplo, el Congreso local se negó a ratificar el nombramiento del procurador. Acción Nacional ha podido condicionar tal designación porque ganó 21 de las 50 curules y para las ratificaciones de ese este género son precisas dos terceras partes del total de los votos. El miércoles pasado, de modo sorpresivo, la tercera propuesta del gobernador Fidel Herrera reunió los 34 votos necesarios y unas horas después el beneficiario de la decisión, Emeterio López Márquez (hay que incluir su segundo apellido, para que no se le suponga destinatario de las invectivas o descalificaciones al “Señor López” a secas) tomó posesión como titular de la Procuraduría. Cundió el desconcierto en la bancada panista, porque nadie admitió haber traicionado la posición de oponerse a López Márquez, por el sesgo priista que le atribuyen. Y entonces Francisco Herrera, secretario de la Mesa Directiva, reveló haber realizado una maniobra que condujo a aquel inopinado desenlace.
Narró que, bajo los efectos de amenazas de muerte a que atribuyó importancia, en su papel de escrutador en la sesión donde fue ratificado el procurador, sustituyó cuatro boletas emitidas por sus compañeros por otras tantas con expresiones en sentido contrario. Es de suponer que él mismo votó en igual dirección y así resultó la cifra necesitada por el PRI.
El viernes decidió pedir licencia pues, dijo, “fui sujeto de presiones y amenazas que me llevaron a cometer un grave error en mi vida”.
Naturalmente el problema no se agota con su acto de constricción. La fracción panista intenta revertir la decisión del Congreso, afectada por el engaño a que se prestó uno de los suyos. Tiene en su favor el hecho de que el gobernador Herrera se apresuró a tomar la protesta del procurador (le urgía tener uno, después de tantos meses de carencia y dos rechazos) sin haber recibido la notificación formal de la ratificación y sin que se hubiera hecho la publicación respectiva en la gaceta oficial. El conflicto está en curso.
Terminó, en cambio, una fase del largo litigio que ha enfrentado al Poder Judicial yucateco con la legislatura local, controlada desde hace dos trienios por el PAN. El episodio saldado el martes significó una victoria para los magistrados Ángel Prieto Méndez y Ricardo Ávila Heredia, aquel presidente del tribunal, que al ser ratificados obtuvieron la inamovilidad y para el declinante priismo yucateco.
El conflicto es antiguo y es una de las ramificaciones de El caso, como localmente se denomina al asunto penal que tiene en prisión hace nueve años a Armando Medina, acusado de privar de la vida a su esposa y quien sostiene que fue ella quien se la quitó. Jueces y magistrados fueron acusados de corrupción en ese caso por la corriente que adopta la versión de Medina, que en el ámbito político se identifica con el PAN.
Desde que este partido domina el escenario local, el enfrentamiento ha corrido por diversos cauces y algunos de sus episodios llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los magistrados Prieto y Ávila Heredia plantearon una controversia constitucional para evitar su remoción y en medio de los trámites de ese medio de control constitucional, se llegó al punto de que el Congreso local rehusara ratificarlos, lo que habría dejado sin materia a los asuntos ante la Corte.
Pero la fracción priista consiguió al contrario confirmar el nombramiento de los magistrados. Contó para ello con dos votos perredistas y el del panista Haddad Manzur, quien de inmediato fue golpeado por su compañero Jorge Puga y posteriormente ha sido hostilizado por diputados y militantes de su partido, que no dejan de llamarlo traidor y amenazarlo.
