Hoy se efectúa la penúltima de este periodo de sesiones ordinarias en el Congreso federal. Salvo que se cite a otras, o se convoque a un periodo de sesiones extraordinarias, el martes trece concluirá esta Legislatura, con la última jornada de trabajo de esta temporada, pues la sesión del jueves 15 es protocolaria, para el cierre de las tareas legislativas. Puede decirse que en estos días se cierran las funciones sustantivas de la LIX Legislatura, pues aunque sus integrantes se reunirán para el periodo formalmente postrero, en febrero, los partidos y sus grupos parlamentarios estarán en plena contienda electoral, por lo que salvo circunstancias excepcionales no debe esperarse un productivo último periodo.
Todavía no es oportuno formular el balance de este periodo y menos aun del desempeño de la Legislatura que será renovada en julio próximo. Ni siquiera es posible a esta hora del miércoles (ayer) saber si se frenó el trámite de la inopinada reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, o se pondrá al Senado en el grave predicamento de resolver en horas uno de los aspectos cruciales de la esperada nueva legislación sobre medios electrónicos cuya discusión ha llevado años (y no incluía las medidas adoptadas al vapor en San Lázaro hace una semana exacta).
La enmienda a esas leyes ha generado un sinnúmero de críticas y protestas, sobre todo del propio sector industrial afectado. Volveremos sobre el tema cuando quede claro el destino de la minuta que llegó al Senado pero a la que no se ha dado entrada. La retiró parcialmente el verdadero autor de la iniciativa, Javier Orozco, que utilizó al diputado Miguel Lucero Palma como firmante para ocultar su paternidad y que sea menos vistoso su conflicto de intereses, el pasado por ser ejecutivo de Televisa y el futuro cuando pretenda presidir la Comisión Federal de Telecomunicaciones, espuriamente enriquecida con facultades que otros órganos deberían ejercer.
Pero no sólo en ese ámbito es posible recoger muestras de inconformidad con el trabajo de los diputados. Lo hago aquí en relación con dos casos, uno ya consumado, que es la asignación de recursos a las universidades públicas, y otro en curso, que puede ser corregido por el Senado, que ha hecho las veces de verdadera instancia de reflexión frente a despropósitos y desmesuras de la Cámara.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (Anuies) deplora que las reasignaciones aprobadas en San Lázaro para esas casas de estudio “fueron sensiblemente inferiores a las solicitadas por la Anuies, lo cual hará que el gasto federal pase del 0.63 por ciento del Producto Interno Bruto en 2005, a 0.58 en 2006, lo que afectará negativamente su desarrollo al tiempo que alejará al país de la consecución de la meta de alcanzar el uno por ciento.
“Si bien reconocemos como un acierto la aprobación de fondos por la Cámara de Diputados para atender los problemas asociados a la plantilla de personal y de pensiones, así como para aplicar el modelo de asignación al subsidio federal ordinario aprobado por la Anuies, señalamos la insuficiencia de los montos autorizados para satisfacer la creciente demanda, elevar la calidad de las tareas universitarias y atender los rezagos acumulados”.
Podría aducirse, en descargo de los legisladores, que la bolsa de reasignaciones debió destinarse a muchos y variados fines y era insuficiente para satisfacer todas las necesidades. Pero al menos debieron remediar el abuso del Ejecutivo que asignó recursos por debajo del nivel irreductible, que es tradición fiscal respetar para que las instituciones no se empobrezcan.
No tienen excusa, en cambio, los diputados que aprobaron la semana pasada iniciativas en apariencia destinadas a mejorar la capacidad adquisitiva de la población en materia de medicamentos, pero que en realidad obedecen a dos tipos de intereses, convergentes en el Partido Verde. Por un lado, favorecer su alianza con el PRI y por otro lado aflojar los criterios de la propiedad industrial para hacer posible el ensanchamiento del mercado de los productos que dicen parecerse a otros, cuyo principal beneficiario es tío del presidente del Verde.
La Cámara y tres asociaciones que representan a la industria farmacéutica hicieron pública su extrañeza (dicen extrañamiento, pero eso es otra cosa) por la aprobación, el primero de diciembre, de una “iniciativa presentada apenas el 24 de noviembre por el Partido Verde Ecologista de México que desestimó por completo no sólo la opinión de los sectores productivos afectados, sino también la de las dependencias federales encargadas de implementar las reformas”. Aseguran esas agrupaciones que “la aprobación acelerada e irreflexiva de dicha iniciativa afecta gravemente el acceso de los mexicanos a productos seguros y efectivos, lastima la producción nacional de medicinas y viola los compromisos de México, derivados de tratados internacionales...”
Los industriales farmacéuticos perciben, en virtud de su propio interés, defectos vigentes en san Lázaro, que afectan adversamente a otras porciones de la sociedad. Denuncian la “insólita violación a la transparencia y deliberación que deben caracterizar el trabajo legislativo”. Y afirman también que “la legislación al vapor crea una gran incertidumbre jurídica” . Por eso pidieron al Senado que (como hizo con el voto de los mexicanos en el extranjero) “lleve a cabo las consultas y audiencias que la Cámara de Diputados decidió omitir...”.
