El proceso para designar candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional, se ha convertido en una lucha por el poder al interior de ese instituto.
Al perder la Presidencia de la República el dos de julio del año dos mil, el PRI perdió su eje rector y cayó en una división en tantos partidos como entidades federativas existen en nuestro país. Las piezas resultantes han quedado a merced de cacicazgos locales que se han adueñado de ellas contra todo principio democrático, de acuerdo a las circunstancias de cada estado.
En los estados gobernados por el PRI se recrea el régimen de partido de Estado y cada gobernador mantiene el control del partido oficial y del Gobierno, lo que en el caso de Coahuila ha implicado una restauración corregida y aumentada de dicho régimen.
A esa luz se explican las curiosas ambiciones presidenciales de Enrique Martínez, como un medio para resistir la ingerencia central del PRI de Roberto Madrazo y prolongar su poder en el estado una vez concluido su período de Gobierno, encubierto en la pretensión de ser candidato del PRI para el año dos mil seis.
Por lo que hace al proceso del PRI para elegir candidato a gobernador de Coahuila, se desarrolla en un coto cerrado al que sólo tuvieron acceso los aspirantes generados por el propio gobernador, con las excepciones de Chuy María Ramón que optó por abandonar el PRI en busca de nuevos horizontes, y de Humberto Moreira Valdés, alcalde de Saltillo con licencia que ha sufrido el acoso de la facción en el poder al través de Raúl Sifuentes Guerrero, desde sus días como secretario de Gobierno.
Enrique Martínez alentó y sostiene la precandidatura de Sifuentes como garantía de continuidad de su proyecto político personal, pese al desgaste que sufre Raúl como esencia del lado oscuro de la administración enriquista, que operó en agravio tanto de opositores como de muchos de los propios priistas.
Uno de los obstáculos a este proyecto, son los famosos “candados” contenidos en los estatutos priistas que exigen que los aspirantes hayan desempeñado un cargo de elección popular, lo cual no cumple Sifuentes Guerrero y por ello, el gobernador y su ex secretario libran un litigio judicial en contra del CEN del PRI, para dejar sin efecto tales candados. La impugnación de los candados priistas tiene su base en una Ley Electoral votada por el Congreso de Coahuila a iniciativa de Enrique Martínez, hecha a la medida de Sifuentes con miras al actual proceso.
El otro enemigo a vencer, Humberto Moreira Valdés, está fuera del juego del gobernador y como tal, no cuenta con el visto bueno de Enrique Martínez. Bastan tres botones de muestra: las acusaciones contra Moreira por malos manejos como secretario de Educación iniciaron en la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría de Coahuila; Enrique Martínez entregó a Sifuentes toda la estructura del PRI estatal, en una maniobra que impidió la renovación de dicha estructura en Saltillo en perjuicio de Moreira; y finalmente, el Congreso de Coahuila de mayoría priista sumisa al gobernador, no ha aprobado las cuentas públicas de Moreira al frente del Ayuntamiento de Saltillo, lo que mantiene una espada sobre la cabeza del ex alcalde.
La campaña anticipada de Sifuentes, la ostentación de dinero y poder a manos llenas y el encono de su causa con la de Moreira, están concebidos para detener y avasallar al ex alcalde de Saltillo y si los candados le cierran en definitiva el camino a Sifuentes, la polarización abre la expectativa de un plan alterno a favor de un candidato de unidad y de repuesto, que sería escogido con o sin consulta ciudadana de entre los aspirantes pertenecientes al círculo íntimo del gobernador.
El escenario referido se modificó la semana pasada a raíz de una reunión con la dirigencia nacional priista, que concluyó con la inclusión de Heriberto Ramos Salas entre los precandidatos a la gubernatura, lo que trata de corregir una omisión absurda de la excluyente estrategia enriquista, que como principio borró a los priistas torreonenses de la contienda interna.
La inclusión de Heriberto ocurre en forma tardía, pero al menos abre una posibilidad al CEN del PRI para actuar al interior del proceso, en un intento por evitar lo que parece irremediable: la consolidación del PRI de Coahuila, como parte del acervo personal, patrimonial y político de Enrique Martínez y Martínez.
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