No hay tema más delicado que el de la seguridad pública. Habrá quien sentencie que un Gobierno que no pueda brindar al ciudadano un mínimo de garantías -en su persona y en sus bienes- simplemente no puede llamarse autoridad. Los habrá también quienes consideren ofensivo, vulgar y hasta torpe, el que un funcionario o gobernante juegue alegremente con las cifras, con las estadísticas para manipular una realidad que finalmente se vive en las calles, en las escuelas y hasta en los propios hogares. También habrá quien compre el discurso de algún mandatario en el sentido de que calificar como errática e ineficiente la lucha contra la delincuencia (común u organizada, que cuando lastiman resultan lo mismo) significa hacer el caldo gordo a sus enemigos políticos; son los que abrazan la teoría del complot, que últimamente suele explicar casi todo.
Independientemente de con cuál grupo se pudiera sentir mayor identificación, las autoridades, federales y del Distrito Federal, recibieron ayer un golpe: por una parte, el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, quien pidió más esfuerzos para salvaguardar la seguridad en la zona fronteriza, ante el que resulta ya más que evidente, fracaso del operativo México Seguro. Y por el otro lado, salió al aire el tercer comercial para televisión de México Unido contra la Delincuencia, en donde Talina Fernández recrimina a las autoridades la falta de seguridad tras la muerte de su hija Mariana Levy en un presunto intento de asalto.
Para Andrés Manuel López Obrador, el que un empresario muestre sus manos a las que les faltan cuadro dedos, o que una joven mujer advierta que fue víctima de la delincuencia ya que sus dos pequeños hijos fueron secuestrados y ahora Talina Fernández diga que “todos en alguna ocasión hemos dicho que nos morimos de miedo, mi hija ya no alcanzó a decirlo”, no son más que otro botón de muestra del complot en su contra orquestado por Carlos Salinas de Gortari.
Sin embargo, el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC, advierte que el error más grave del Gobierno de López Obrador fue haber equiparado inseguridad y tendencias de la denuncia de delitos. En sus cifras, AMLO deja una ciudad con una impunidad de 99.02 por ciento, lo que significa que por cada mil delitos cometidos se sancionaron tan sólo 9.8 delincuentes. Tres de cada cuatro delitos no se denuncian. Pues así están las cosas en el DF, lo que no tendría mayor importancia, salvo que revela una de las facetas del hombre que según todas las encuestas, podría ser el próximo presidente de la República.
