Dos partidos recibirán su registro hoy, cuando sesione el consejo general del IFE antes de sus vacaciones veraniegas. Se trata de Alternativa socialdemócrata y campesina (que buscará ser conocido sólo como Alternativa) y Nueva Alianza. Recibirán financiamiento público y podrán participar con candidatos propios en el proceso federal del año próximo.
Patricia Mercado es la principal impulsora de Alternativa. Participó en dos intentos previos de consolidar una nueva opción partidaria, Democracia social, en las elecciones de 2000 y México posible, tres años después. En el primero figuró entre los aspirantes a la candidatura presidencial, que obtuvo Gilberto Rincón Gallardo. En el segundo fue candidata a diputada federal. Ninguna de esas tentativas prosperó, pues no alcanzó el porcentaje de votos necesario para permanecer en la liza, ni para obtener representación parlamentaria. La concentración de sus sufragios en el Distrito Federal apenas alcanzó a México Posible para contar con una diputada a la Asamblea Legislativa, que actúa como independiente desde que fue cancelado el registro del partido que la postuló.
Puesto que sólo a partir de una agrupación política nacional es posible pretender el registro de partido, Alternativa nació de la solicitud que presentaron Iniciativa XXI y Sentimientos de la nación. En los hechos, su integración fue posible por el aglutinamiento de dirigentes de esfuerzos electorales anteriormente fallidos.
Por un lado, el sector que más directamente se ampara en la opción socialdemócrata proviene de Democracia Social y México Posible, así como de Fuerza Ciudadana, el partido encabezado por Jorge Alcocer que no pudo mantenerse en el escenario electoral tras su participación en el proceso de 2003.
Por otra parte, la porción (o columna, como se la llama interiormente) campesina tiene antecedentes remotos en el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, convertido luego en Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al que se pretendió revivir como Partido Campesino Popular. De esa misma raíz proceden organizaciones rurales como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que mantiene vínculos no sólo con este partido nuevo sino con el PRD y Convergencia.
En preparación al logro de su registro, Alternativa estableció el 30 de junio un consejo consultivo presidido por Eduardo Pérez Haro y en que figura de modo relevante Rolando Cordera, que fue diputado federal por el PSUM y candidato en la lista de Democracia Social hace cinco años.
Sus miembros, explica el comunicado respectivo “no son necesariamente militantes de nuestro partido, pero reconocen en Alternativa un esfuerzo genuino, serio, congruente que busca que la política sea un medio para construir espacios públicos que no sean ajenos a la sociedad”.
La visión que de sí mismo tiene este partido será por fuerza contrastada con la experiencia viva de, por hablar de la más reciente, México Posible, cuyas finanzas no se cuidaron adecuadamente, lo que hizo al partido merecer sanciones de la autoridad electoral.
El otro partido que hoy recibirá la patente para actuar en elecciones se llama Nueva Alianza y a su configuración concurrieron varias agrupaciones políticas nacionales, entre las que descuella la Asociación Ciudadana del Magisterio, auspiciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa organización proveyó al nuevo partido el grueso de sus integrantes, por lo cual ha sido difícil para sus dirigentes contrarrestar la creencia muy difundida de que esa formación política emergente forma parte de los planes de la lideresa Elba Ester Gordillo.
Cuando este fin de semana se difundió la especie de que la secretaria general del PRI avisaba sobre probables fracturas en su partido, si se evitaba que reemplazara a Roberto Madrazo a la cabeza del PRI, se renovó la conjetura de que Nueva Alianza es la opción partidaria creada por Gordillo precisamente para dar cuerpo a una eventual disidencia suya que la llevara fuera del tricolor.
Conforme las regulaciones legales, las agrupaciones políticas nacionales que buscaban su conversión en partidos dieron aviso de ese propósito al IFE. Las que finalmente hicieron surgir a los dos nuevos partidos optaron por el camino de realizar asambleas distritales, en por lo menos 200 de los 300 distritos electorales del país, en que al menos debieron estar presentes 300 personas. Adicionalmente, debieron comprobar la militancia de un número de militantes equivalente al 0.26 por ciento del total de ciudadanos inscritos en el padrón federal, que en las actuales circunstancias supone unos 170 mil miembros.
Los nuevos partidos nacen con una culpa ajena sobre sus espaldas (o sólo parcialmente ajena), que es el desprestigio de los partidos-negocio, cuyo emblema es el Partido de la Sociedad Nacionalista. Desde el momento mismo, hoy en los dos casos que comentamos, en que el IFE otorga registro a nuevos partidos, se hacen acreedores a financiamiento público, sobre cuyo ejercicio no hay oportuna fiscalización, lo que permite abusos de alcance millonario.
Hace ya dos años que el PSN, de la familia de Gustavo Riojas, perdió su registro y es la hora en que no se le han fincado a plenitud las responsabilidades fiscales y penales en que su fundador y sus parientes incurrieron. En México o en el extranjero pasean con cargo a recursos que usurparon y fueron pagados por los contribuyentes. Es el ejemplo que los nuevos partidos deben rehuir.
