Una nota policiaca desplazó en los medios el pasado domingo a la información relacionada con la celebración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. La Procuraduría General de la República hizo el anuncio el día cinco de que el jueves anterior Nahum Acosta Lugo, director de área de la Coordinación de Giras Presidenciales, había sido detenido al considerársele posible responsable de filtrar información acerca de las actividades del presidente a una banda de narcotraficantes.
Posteriormente se precisó que quien presuntamente recibía información sobre las giras presidenciales era el capo de una banda de narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva, alias "El Barbas".
El indiciado protestó de inmediato su inocencia y arguyó que su principal temor es que la PGR "le fabrique delitos" que no ha cometido. Sin embargo, los agentes que investigaban a Acosta Lugo desde hace seis meses informaron haber detectado transferencias bancarias que no correspondían al nivel salarial del ex funcionario y dieron a conocer, además, que el ahora detenido fue videograbado cuando se reunió en la Ciudad de México con un operador del cártel de Juárez. Con autorización de un juez federal, Acosta Lugo inició un arraigo de hasta por 90 días en una casa de seguridad de la PGR después de haber permanecido desde el momento de su detención, el pasado día tres, en las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Aunque se ha tratado de restar importancia al hecho de que existen serios indicios acerca de la infiltración de un asalariado de la mafia dentro de una área administrativa cercana al jefe del Ejecutivo, salta a la vista el riesgo que esa situación implicaba para la seguridad del presidente y, en un caso extremo, para la estabilidad política de la República.
El suceso es alarmante en sí e impone la necesidad de una investigación exhaustiva de otras deslealtades que pudieran darse -y de seguro se dan- en el ámbito burocrático, y de reforzar la seguridad del presidente de la República. Puede ser que las demás infidencias no sean tan graves como ésta que ha puesto al descubierto la PGR, pero de cualquier manera el sabotaje y las zancadillas constantes a la labor del presidente van en demérito de la marcha de los asuntos públicos y dañan a la nación.
Es seguro que quienes han hecho de la deturpación sistemática del presidente una rentable industria van a aprovechar la ocasión para achacar a Vicente Fox la responsabilidad de la infiltración, pero es obvio que no atañe al jefe del Ejecutivo, sino a otros niveles jerárquicos, la tarea de revisar escrupulosamente los antecedentes de cada persona que se va a contratar para trabajar para el Gobierno Federal, así como vigilar celosamente su comportamiento.
Correspondería al presidente sólo el cuidado de que en su círculo más próximo no se le sigan colando individuos de los que podría válidamente presumirse que al final le rendirán malas cuentas. No dudamos que los acontecimientos que comentamos harán reaccionar a los altos mandos de la administración pública federal, cada uno en la esfera de su competencia. No se trataría de una paranoica cacería de brujas sino, exclusivamente, de una medida elemental de prudencia dictada por el sentido común. Desde este mismo lugar hemos afirmado que por un mínimo ejercicio de sensatez y de cordura no conviene darle alas a las tepocatas. Deseamos de todo corazón que los hechos no sigan confirmando nuestros temores.
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