“Se está operando el presupuesto... Por eso... coincidimos en poner énfasis en las coincidencias y dejar a un lado las diferencias. Que las resuelva la Suprema Corte”.
Santiago Creel
Ayer el secretario de Gobernación, Santiago Creel, dio a conocer un acuerdo entre el Gobierno del presidente Vicente Fox y la Cámara de Diputados, representada por el presidente de su mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones, que palabras más o palabras menos implica que las dos partes aceptarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia en la controversia sobre el presupuesto de 2005. No deja de ser extraño, sin embargo, que en nuestro país los poderes políticos deban ponerse de acuerdo para hacer algo, como aceptar un fallo del máximo tribunal de la nación, que en otros países sería una simple obligación de todos.
El hecho de que el secretario de Gobernación y el presidente de la Cámara de Diputados deban llegar a un acuerdo para aceptar una decisión de la Suprema Corte de Justicia es indicativo de la falta de respeto a la Ley de nuestros políticos. En ningún país desarrollado y democrático del mundo veremos nunca a dos importantes dirigentes ponerse de acuerdo para acatar un fallo judicial. En otros lugares se da por hecho de que los políticos, por muy importantes o poderosos que sean, deben acatar las resoluciones de los tribunales. De hecho, lo hacen en general sin chistar y sin poner resistencia. En México, empero, los políticos han estado tan acostumbrados durante tanto tiempo a estar fuera de la Ley que incluso ahora -cuando supuestamente tenemos un régimen de mayor democracia y respeto a la Ley- piensan que se necesita algún tipo de acuerdo para acatar un fallo judicial.
Creel y Beltrones están actuando influidos por una tradición política centenaria en la que los tribunales han tenido siempre un papel subordinado al Ejecutivo y al Legislativo. Uno pensaría, sin embargo, que con las nuevas reglas del juego político, y en particular con el surgimiento de un sistema de equilibrio de poderes, ellos serían los más conscientes de que los fallos de los tribunales no pueden ser sometidos a discusión o a acuerdos políticos sino simplemente respetarse una vez que se agoten todas las instancias legales.
Es positivo que ayer el secretario Creel y el diputado Beltrones se hayan reunido a discutir la controversia sobre el presupuesto. Qué bueno que hayan acordado poner fin a sus pleitos y permitir que el fallo de la Suprema Corte sea el que determine si el presidente puede o no hacer observaciones a un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Pero es absurdo pretender que se requiere de un acuerdo entre dos políticos para aceptar un fallo judicial. La Suprema Corte, después de todo, no es un tribunal de arbitraje que requiera del previo acuerdo de las partes en disputa para que sus decisiones tengan validez. Se trata del máximo tribunal de nuestro país y, nos guste o no, sus decisiones son la Ley.
La aceptación de Manlio Fabio del carácter definitivo que tendría un fallo de la Suprema Corte equivale a reconocer el sistema de leyes de nuestro país. Estas leyes emanan -porque no tienen otra fuente posible- de ese mismo Congreso que él representa hoy. El reconocimiento no puede basarse en un acuerdo con el secretario de Gobernación, sino en el marco jurídico que le da a la Corte la facultad de resolver controversias entre los poderes del país.
Estoy convencido de que uno de los grandes males de México es que nunca hemos permitido que prevalezca el imperio de la Ley. Vivimos en un país en el que las patrullas y los policías son los primeros en pasarse los altos, en que los legisladores que hacen las leyes se apresuran a violarlas, en que el secretario de Gobernación y el presidente de la Cámara de Diputados pueden llegar a un acuerdo para respetar un fallo del máximo tribunal de la nación como si pudiera haber otra opción para ellos o para cualquiera.
En un país en el que durante semanas sólo hemos escuchado pleitos y descalificaciones entre los políticos, hoy vemos a dos importantes miembros de la clase política reunirse para poner fin a una disputa amarga y para aceptar que la decisión final de su controversia la tomará un tribunal que tiene jurisdicción para ello. Qué avance tan notable. Y qué triste que este gran logro implique algo, como el respeto a la Ley y a los tribunales, que debería ser la primera regla para vivir en un estado de derecho.
Verdad incómoda
El presidente Fox dijo una verdad innegable esta semana: el zapatismo, ese movimiento armado surgido en 1994 en Chiapas, es hoy cosa del pasado. Pero en México las verdades incomodan. Y por eso hoy todos los funcionarios, incluyendo al presidente, buscan desmarcarse de una afirmación que finalmente es cierta.
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