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México, df.- A 37 años del movimiento estudiantil de 1968, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de la Procuraduría General de la República (PGR) busca que se liberen ocho órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de aquel entonces por los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Entre los implicados se encuentran Luis Echeverría Álvarez, quien fungía como secretario de Gobernación y el general en retiro Luis Gutiérrez Oropeza, quien fue jefe del Estado Mayor Presidencial del entonces mandatario Gustavo Díaz Ordaz.
Asimismo, el ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, y los ex directores de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, y el capitán Luis de la Barreda Moreno, entre otros. El 19 de septiembre pasado, la Femossp que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, consignó el expediente por la matanza de Tlatelolco y solicitó la orden de aprehensión contra el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y otros siete acusados.
Carrillo Prieto presentó ese día 54 cajas que contienen la averiguación previa con la esperanza de que se giraran las 12 órdenes de aprehensión solicitadas.
Sin embargo, dos días después el juez 15 de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Arnulfo Castillo, negó las órdenes de aprehensión solicitadas contra los ocho ex servidores por los delitos de genocidio y privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio.
Mediante un comunicado, la Femossp manifestó su desacuerdo por el sentido de la extemporánea resolución judicial, así como por las consideraciones en que pretende ser fundada.
Desde el punto de vista de la fiscalía, el juez se limitó a analizar los hechos ocurridos el dos de octubre de 1968 cuando la represión gubernamental fue perpetrada a través de conductas delictivas desplegadas antes, durante y después de esa fecha.
Todo ello en agravio de los integrantes del Movimiento Popular y Estudiantil de 1968, un grupo opositor al régimen de ese entonces. Planteó que esas conductas constituyen un genocidio continuado, cuya proyección en el tiempo va mas allá de la matanza ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas. La Femossp aseveró que conforme al derecho internacional aplicable en México el genocidio es un delito que no es prescriptible.
Respecto al delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, señaló que a la par de la consignación realizada por genocidio, el Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Héctor Jaramillo Chávez.
Indicó que esa persona, ante el encarcelamiento de los dirigentes del Movimiento Estudiantil de 1968, continuó desarrollando activismo político, erigiéndose en líder del mismo, hasta su detención y posterior desaparición.
A ese respecto, añadió la Femospp, el juez Castillo consideró que el cuerpo del delito había quedado plenamente acreditado.
Empero, desechó los argumentos y elementos probatorios que obran en la averiguación previa consignada mediante los que se demuestran la probable responsabilidad del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez y siete de sus subalternos.
Esto, agregó, porque obran en el expediente informes oficiales de que Héctor Jaramillo Chávez fue detenido por elementos de la Dirección Federal de Seguridad.
Ante las manifiestas irregularidades en que incurrió el juez la Femospp procedió a interponer la apelación correspondiente y señaló que agotará todas las instancias a fin de que sea resarcido el orden jurídico violentado.
También afirma que el juez ordenó regresar el expediente a la fiscalía para su eventual perfeccionamiento. “De este modo -advirtió la Femossp- el caso no ha concluido”.
