“La cobardía es el miedo consentido, el valor es el miedo dominado”.
Claude Lecourbe
Son tantas las ejecuciones en el norte del país que corre uno el riesgo de reducir cada muerte a una simple cifra. Es muy fácil decir: un policía más ha sido asesinado en Nuevo Laredo. Sólo cuando se ponen un nombre, un rostro y una biografía a ese policía puede aquilatarse el tamaño de la tragedia.
Alejandro Domínguez Coello fue ejecutado el ocho de junio en el interior de su camioneta. Su muerte tenía todo el sello de una ejecución del narco. En la zona del crimen se encontraron de 35 a 40 casquillos percutidos de uno o más rifles automáticos R-15.
Domínguez Coello había tomado protesta como director de seguridad pública de Nuevo Laredo siete horas antes de su ejecución. No era, por otra parte, un policía de carrera. Se había dedicado al comercio durante buena parte de su vida. En un breve periodo, de 1988 a 1990, ejerció funciones administrativas en la Procuraduría General de la República, pero el resto del tiempo el comercio fue su vida. Este año, de hecho, era presidente de la Concanaco en Nuevo Laredo.
A principios de mayo, el cargo de director de seguridad pública de Nuevo Laredo quedó vacante debido a que el titular se convirtió en secretario del ayuntamiento. El propio presidente municipal se quejaba que nadie quería asumir ese cargo después que se habían registrado en la ciudad 60 homicidios desde principios de año, incluyendo los de seis policías municipales. Domínguez Coello dijo que él no tenía nada qué temer ni qué deber y por lo tanto estaría dispuesto a ocupar el cargo, el cual seguramente no le pagaba lo mismo que su actividad comercial. Finalmente fue electo de una terna.
Domínguez Coello tomó posesión el ocho de junio, pero no tuvo siquiera oportunidad de presentarse en su nuevo despacho oficial. Se encontraba fuera de su oficina personal cuando fue ejecutado. No tenía escoltas ni auto blindado. Era una víctima fácil para un atentado.
La ejecución de este jefe de Policía que ni siquiera alcanzó a llegar a su oficina parece una clara señal a las autoridades de Nuevo Laredo, de Tamaulipas y de la federación de no meterse en esa guerra entre bandas que ha ocasionado tantos muertos en la ciudad. No parece haber otro motivo para el crimen. El propio Domínguez Coello había señalado que no tenía enemigos.
La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, como ocurrió con la Procuraduría de Chihuahua en la ejecución de un agente de la AFI en un hospital chihuahuense, ha buscado lavarse las manos de ese caso. La excusa es que el homicidio de Domínguez Coello se llevó a cabo con R-15s que son armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, la verdad es que las procuradurías estatales se sienten impotentes ante la capacidad de fuego de los sicarios del narcotráfico.
En los primeros meses del año se han registrado más de 500 ejecuciones aparentemente relacionadas con el narcotráfico en Nuevo Laredo, Culiacán, Ciudad Juárez, Tijuana y otras ciudades del norte del país. Incluso Monterrey, tradicionalmente una urbe tranquila, ha presenciado ejecuciones. Quienes conocen la operación del narco señalan que las grandes bandas se están dividiendo, lo cual está generando guerras entre nuevas bandas dispuestas a todo con el fin de establecerse en territorios antes dominados por otros grupos. Estamos viendo una guerra similar a la del Chicago de los años de la prohibición de las bebidas alcohólicas.
El Gobierno de la República señala una y otra vez que el Estado mexicano no ha sido rebasado por estas bandas criminales. Evidentemente las autoridades del país no pueden admitir que están perdiendo la guerra contra el narco. Sin embargo, no se puede culpar a nadie de creer lo contrario después de ver las crecientes cifras de víctimas de este conflicto.
Lo peor de todo es que la experiencia nos dice que el Gobierno no puede ganar estas guerras. El mercado de la droga es tan rentable como lo era el de las bebidas alcohólicas en los tiempos de la prohibición, y resulta igualmente imposible suprimirlo con acciones policíacas. La única solución real, la legalización de las drogas, es una medida que ninguna autoridad se atreve siquiera a sugerir.
Alejandro Domínguez Coello se ha convertido en un número más en una lista de víctimas que crece con rapidez. Quienes lo conocieron hablan de él como un hombre responsable y trabajador. Su pecado fue pensar que, por no deberla ni temerla, podía ser jefe de la Policía en una ciudad dominada por el narco. Hoy sus deudos lloran su valentía... o su ingenuidad.
DIEZ AÑOS PERDIDOS
Que Raúl Salinas haya sido exonerado del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu no sorprende a nadie que conozca el caso. Lo irritante es saber que en nuestro país una persona puede permanecer en la cárcel diez años antes que el sistema de justicia se percate de su inocencia.
