Hace cuatro meses que el Canal 40 dejó de transmitir, suspendidas sus operaciones por una huelga extraña: el sindicato que representa a los trabajadores ha rehusado admitir que el empleador satisfaga, como se empeña en hacer, todas sus peticiones a fin de reanudar labores.
A esa conducta anómala de la representación sindical, corresponden otras del mismo carácter de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sin atribución legal ninguna averigua lentamente la naturaleza de un crédito ofrecido a la concesionaria de ese canal. Y los tribunales atentan contra el derecho de propiedad al conceder derechos de accionista a un acreedor. Todo ello impide que el público disponga de una opción televisiva que enriquecía el espacio informativo en la pantalla chica.
El 19 de mayo, después de varios emplazamientos no cumplidos por la buena fe de los trabajadores que esperaban el pago de salarios atrasados y otras prestaciones, CNI entró en huelga.
Llegó así a un punto culminante una situación que los empleados de esa televisora habían resistido con entereza profesional, pero ya no era posible prolongar. Había una contradicción de fondo en la suspensión de labores, pero no era atribuible a los trabajadores. Al dejar de transmitir y en consecuencia dejar de facturar publicidad, disminuían minuto a minuto las posibilidades de una recuperación financiera que permitiera el pago de lo adeudado.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT), del que forman parte los asalariados de canal 40 no es una agrupación que vaya a la huelga fácilmente. No registro ningún caso en que haya llegado a ese extremo, ni durante las prolongadas gestiones de Rafael Camacho Guzmán y Nezahualcóyotl de la Vega, ya finados, ni en la actual de Ricardo Acedo Samaniego.
Como sindicato nacional de industria, que contrata con los grandes consorcios de la comunicación, prefiere una buena relación con los empleadores. De cualquier modo, esta huelga nacía de motivos justos.
Ausente el principal accionista del Cuarenta, Javier Moreno Valle que entre muchos conflictos enfrenta uno de carácter fiscal, su abogado Javier Quijano quedó a la cabeza de un fideicomiso a través del cual se ofreció a los huelguistas la satisfacción total de sus peticiones.
Hasta estuvo de acuerdo en cubrir adeudos que no formaban parte de la litis inicial. Además de la oferta directa al sindicato, inició y perdió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un procedimiento para allanarse a las demandas laborales. Y sólo encontró renuencia sindical, pues ya la CTM se había interesado directamente en el caso, al extremo de que poco antes de su muerte Leonardo Rodríguez Alcaine llamó gángster a Moreno Valle.
CNI quedó en posición de pagar a los trabajadores gracias a un crédito sin garantía ofrecido por General Electric México (GEM). Como si fuera autoridad bancaria o mercantil, la SCT determinó averiguar el alcance de ese préstamo. No creyó en la palabra de Quijano, quien aseguró a esa secretaría que además de ese crédito no se había celebrado acto jurídico alguno que alterara el régimen de propiedad de la concesionaria.
Incrédula, la SCT decidió averiguar la índole de esa operación, no obstante que públicamente GEM informó que el crédito tenía el propósito de sanear financieramente al canal 40 para que sus subsidiarias NBC Universal y Telemundo tuvieran en México un mercado para su programación.
Por otro lado, a pesar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (al responder a la SCT que nada tenía que decir de GEM porque no es una entidad financiera), recomendó no requerir información al Gobierno de Estados Unidos, la SCT lo hizo y continúa en espera de respuesta, que en cualquier sentido que se ofrezca no concierne en lo absoluto al ámbito de regulación propio de esa celosa secretaría.
La demora laboral y la administrativa fueron el marco perfecto para que TV Azteca, que posee en prenda, pero no en propiedad, el 51 por ciento de las acciones de la concesionaria del canal cuarenta reemprendiera por la vía judicial su viejo empeño de quedarse con esa teleemisora.
A pesar que no es accionista sino acreedor, consiguió que el juez 28 de lo civil convocara a una asamblea donde destituyó a Moreno Valle como administrador de la empresa y puso en su lugar a Hernán Cabalceta, su antiguo socio, poseedor del cinco por ciento de las acciones.
La novena sala del Tribunal superior de justicia del DF validó la absurda decisión de primera instancia, que ilegalmente ahorró a TV Azteca un juicio que trocara la condición jurídica de las acciones entregadas por CNI en garantía de un viejo préstamo de donde surgieron los diferendos entre las dos televisoras.
Fue también nombrado un comisario, que tomó la insólita medida de desconvocar a una asamblea de accionistas a que había llamado Moreno Valle para el 12 de septiembre. A pesar de la desconvocatoria, a la que no concedieron valor alguno, se realizó la asamblea de accionistas con presencia del 95 por ciento del capital.
La asamblea, que ratificó en su cargo a Moreno Valle decidió también acudir en queja ante el Consejo de la Judicatura y denunciar ante el Ministerio Público Federal al juez que convirtió en accionista a un acreedor.
No es preciso suponer una concertación de acciones para comprobar que sí hay una coincidencia de efectos, que se reúnen en impedir que se resuelva a favor de los trabajadores la huelga que su sindicato mantiene.
