“Ahora resulta que en el país de la
impunidad, en el país del Fobaproa...,
me van a desaforar, me van a encarcelar
y me van a quitar mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle
para comunicar un hospital”.
Andrés Manuel López Obrador
el tema Fobaproa no desaparece del ambiente. Ayer, en su conferencia de prensa de la mañana, lo trajo nuevamente a colación el jefe de Gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador. El asunto salió a relucir también por la aparente exigencia del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a TV Azteca para impedir que saliera en la televisión el martes un reportaje de la periodista Lilly Téllez sobre el rescate de Banamex.
En varias ocasiones he externado mi punto de vista sobre este tema, pero quizá hoy valga la pena reiterarlo. Desde un punto de vista filosófico me opongo a los rescates de empresas privadas con fondos públicos. Estas medidas introducen incertidumbre en los mercados y tienden a favorecer a unos y perjudicar a otros. Se prestan también, por su discrecionalidad, a actos de corrupción.
He escuchado, sin embargo, buenas razones para justificar el rescate bancario de 1995-1998. Casi ningún país del mundo —ni siquiera Estados Unidos que en los años ochenta rescató a sus cajas de ahorro— se ha atrevido a dejar quebrar a su banca. Los riesgos al sistema financiero y a la prosperidad del país son enormes en caso de un desplome bancario. Pero en México, además, la Ley convertía al Estado en garante de última instancia de los bancos. Y sin el rescate del Fobaproa, no tengo duda de que el sistema bancario nacional se habría desplomado.
Pero en la crisis de los años noventa no sólo se rescató a los bancos que quebraron y cuyos dueños perdieron su capital. También se salvó a varios bancos que sobrevivieron y cuyos accionistas sí mantuvieron control de sus instituciones. El argumento del programa de Lilly Téllez, que es en realidad uno que Andrés Manuel López Obrador ha defendido durante años, es que el rescate con dinero público de uno de esos bancos, Banamex, permitió que más tarde esta institución fuera vendida con una utilidad muy fuerte por la cual los dueños no pagaron Impuesto Sobre la Renta.
Dos países han aplicado recetas heterodoxas en los últimos años al enfrentar crisis bancarias. Uno de ellos fue Rusia, que en 1998 simplemente dejó que los bancos quebraran y que los depositantes perdieran sus ahorros. El otro fue Argentina, que en 2001 congeló los depósitos de los ahorradores para evitar una quiebra bancaria generalizada.
Las dos soluciones generaron, por supuesto, un gran malestar social. Los ahorradores que perdieron su dinero en Rusia, o los que no pudieron retirarlo más que gradualmente y con muchas restricciones en Argentina, tuvieron que pagar de su bolsillo la irresponsabilidad de los bancos o la negligencia económica de los gobiernos. Pero a final de cuentas las dos economías han empezado a recuperarse y sin haber dejado, como en el caso de México, una deuda astronómica a las futuras generaciones. Quizá esas experiencias nos demuestren que el rescate bancario en México, que en un momento se consideró inevitable, no lo era tanto.
De cualquier manera el rescate de la banca en México puede justificarse, pero persisten serias dudas sobre la forma en que se llevó a cabo. Del informe MacKey sabemos que las reglas establecidas por las propias autoridades para el rescate fueron violadas de manera constante y discrecional. Muchos créditos relacionados, por ejemplo, terminaron siendo pagados por los contribuyentes, cuando las propias reglas del rescate lo prohibían.
La única forma de saber realmente qué tanto del rescate fue correcto y qué tanto fraudulento es permitir un análisis a detalle de los documentos de los préstamos que quedaron en la panza del Fobaproa y de las actas de las reuniones en que las autoridades tomaron decisiones sobre estos créditos.
Si bien es entendible que exista un secreto bancario, resulta objetable que por un lado se quite dinero a los contribuyentes para pagar el rescate bancario y por el otro se les niegue información sobre lo que están pagando.
Por eso inquieta que el secretario de Hacienda haya, al parecer, tratado de bloquear la difusión de información sobre el Fobaproa. Si no hay nada qué ocultar, no hay razón para impedir que se haga pública toda la documentación sobre el Fobaproa.
RENUNCIA
La verdad es que no dejó el cargo por voluntad propia: a Rafael Macedo de la Concha se le obligó a renunciar a la PGR. Por otra parte, en su mensaje de ayer el presidente perfiló una salida a medias para López Obrador: presentará una iniciativa que salvaguardará los derechos políticos de alguien sometido a proceso mientras no haya sentencia en su contra.
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