El tema más importante que abordó el Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en su participación en el foro IMEF el martes pasado fue, sin duda, que uno de los principales desafíos que enfrentan las finanzas públicas para los próximos años es el monumental problema de las pensiones de los trabajadores públicos, ya que ni siquiera con una reforma fiscal se podrá hacer frente a este reto.
Este problema no es exclusivo de nuestro país. Es, más bien, una pandemia. Todo indica que será cada vez más intenso y agudo, llegando en unos cuantos años a trastocar el mismo equilibrio financiero del sector público. Gil Díaz planteó distintos esquemas para reformar el sistema de pensiones, como son elevar los años de antigüedad y la edad mínima de retiro, así como un aumento en las contribuciones de los trabajadores, ninguno de los cuales puede ser popular entre los afectados. No obstante, como dijo el secretario, “Es algo que tenemos que hacer porque el problema es muy grande y es creciente”.
Al día siguiente, el subsecretario de Hacienda, Alonso García Tamés, señaló en la clausura del sexto seminario anual de Moody’s investor services que la actual administración espera atender la problemática de las pensiones de forma estructural antes de concluir su mandato, pero que no tienen una fecha prevista para que el Ejecutivo envíe su propuesta de reforma al Congreso.
La experiencia internacional sobre este tema no es muy alentadora. Todos los países hablan mucho sobre el particular, pero acaban haciendo, si es que algo, muy poco. Cuantos intentos serios se han hecho para modificar los sistemas de pensiones de los empleados públicos han encontrado una enorme oposición de los afectados, llegando en casos extremos a la paralización total de sus economías.
Los empleados públicos se oponen, por principio, a cualquier cambio que reduzca sus numerosos privilegios. Ello explica porqué las reformas que hasta ahora se han propuesto y en algún caso aplicado son, en realidad, pequeños paliativos que no corrigen el enorme problema financiero del régimen de las pensiones gubernamentales
La situación no tiene porqué ser diferente en México. Como he planteado en otras oportunidades, nuestros sistemas de pensiones de los empleados públicos son fruto de años de presiones políticas y de una “generosidad” irresponsable de gobiernos y legislaturas anteriores, que sin consideración alguna de los mecanismos de financiamiento cedieron a las demandas (chantajes) sindicales para “preservar la paz social” y no perder terreno en alguno de los múltiples comicios que hay en el país.
Las empresas y organismos públicos han sido por décadas un botín de políticos y sindicatos. Muchos de ellos todavía lo son, como lo demuestran en particular los casos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Luz y Fuerza del Centro, así como la burocracia federal, cuyos sistemas de pensiones sobreviven con el dinero de los contribuyentes.
Hace algún tiempo escribí en este espacio que “La experiencia europea nos enseña que las propuestas de reforma a los sistemas de pensiones llevarán, invariablemente, a enfrentamientos entre las autoridades que buscarán eliminar privilegios y los sindicatos públicos que tratarán de conservarlos. Por ejemplo, el Gobierno de Francia experimentó en la primavera del 2003 manifestaciones donde más de un millón de personas protestaron en contra de las reformas a su sistema de pensiones. Los sindicatos paralizaron la mayoría de los vuelos, hospitales, escuelas y la distribución de energía eléctrica en ese país”.
“El gobierno francés no capituló, simplemente porque la aritmética le decía que el dinero no alcanza. El Parlamento aprobó una ley que obliga a los trabajadores del sector público, que hasta antes de los cambios podían jubilarse con pensión completa después de 37 y medio años de contribuciones, a trabajar los mismos cuarenta años que los empleados del sector privado”. Conviene añadir que el primer ministro francés que logró este cambio se volvió enormemente impopular y renunció a fines de mayo de este año.
En México el dinero tampoco alcanza y el quebranto de los sistemas de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del sector público crece todos los días gracias a que son increíblemente generosos y a que, en contraste con lo que es la norma en las naciones europeas, en muchos casos pueden retirarse al cumplir menos de 30 años de antigüedad.
En conclusión, el Gobierno mexicano reconoce en palabras de los funcionarios de Hacienda la gravedad del problema de las pensiones de los empleados públicos, aceptando, al igual que sus contrapartes europeas, que esos esquemas son insostenibles y constituyen una amenaza creciente a la salud financiera de nuestro país.
Ambos reconocieron, además, que se requiere aumentar las contribuciones, elevar los años de antigüedad y la edad mínima de retiro. Yo agregaría la adopción de un esquema mediante el cual los empleados públicos financien su jubilación en cuentas individuales de retiro, como ya sucede actualmente con los trabajadores del sector privado.
Dudo, sin embargo, que esta administración envíe al Congreso una propuesta que resuelva, de una vez por todas, este problema. Dado el lamentable historial del presidente Fox frente a los actos de protesta, considero que él no va a ser el valiente que, ante viento y marea, se atreva a proponer y, más importante aún, aplicar, los cambios legales y constitucionales necesarios para evitar que las pensiones públicas continúen drenando las arcas nacionales y nos lleven, en algunos años, a una crisis financiera mayúscula.
