Es natural: todo mundo quiere, al menos, influir en la agenda política nacional de cara a la sucesión presidencial. Lo han hecho los máximos representantes de la jerarquía católica y los organismos cúpula de la Iniciativa Privada; también Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo... y hasta el subcomandante insurgente Marcos lanza ideas, propuestas, señalamientos -y media docena de etcéteras- a diestra y siniestra. Ahora, de la mano del hombre más económicamente poderoso de Latinoamérica, Carlos Slim, un grupo de empresarios, políticos y líderes sociales firmó el Acuerdo nacional para la unidad, el Estado de Derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo, en el castillo de Chapultepec y con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, como testigo de honor.
Y el acuerdo es simplemente políticamente correcto: establece cinco líneas estratégicas y propone consolidar el Estado democrático, alcanzar un crecimiento económico sostenido, elevar la educación, extender los servicios de salud y ampliar la construcción de infraestructura y de vivienda.
Según los firmantes, entre los que destacan el propio Slim, dueño del conglomerado Grupo Carso y de los gigantes de las telecomunicaciones Teléfonos de México (Telmex) y América Móvil; los empresarios Lorenzo Zambrano (Cemex), Lorenzo Servitje (Bimbo), Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Fernando Senderos (Desc), así como el Premio Nobel de Química, Mario Molina y hasta cantantes, como Emmanuel, se trata de un “histórico esfuerzo de participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de los asuntos esenciales del país y esperamos que los candidatos presidenciales y otros actores políticos lo respalden”.
Y como el Diablo está en los detalles, pues el acuerdo se firma en términos muy generales y políticamente correctos, imposibles de cuestionar, el virtual candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, señaló de inmediato su respaldo al acuerdo, aunque “se deberían incorporar la lucha contra la pobreza y la corrupción y el compromiso de no privatizar empresas estratégicas”.
Es natural y hasta justo: todos quieren influir en lo que será nuestro futuro cercano y sólo queda esperar que con un poquito de aquí y otro de allá, se llegue al año 2006 sobre bases políticamente más sólidas, con una sociedad civil más actuante y participativa y con compromisos concretos por parte de aquellos que pretenden gobernar.
