Las equivocaciones cobran, tarde que temprano, su factura; cuestan y alguien tiene que pagar. En el mundo de los simples mortales, quien comete el yerro es quien carga con las consecuencias, pero en el submundo de los gobernantes, en esa burbuja en la que los políticos dibujan lo que creen que es el país, no siempre el que la hace la paga... pero invariablemente, tiene que rodar una cabeza.
En las últimas semanas, la Procuraduría General de la República dio tumbos entre pifia y pifia, y siempre en asuntos con un profundo signo político. Para muestra, dos botones: el presunto espionaje por parte del narcotráfico en Los Pinos, en donde la PGR no fue capaz de construir un caso lo suficientemente sólido jurídicamente que permitiera decretar el auto de formal prisión contra Nahum Acosta y la consignación -irregular e insostenible por su forma- del expediente contra Andrés Manuel López Obrador.
Oficialmente, Rafael Macedo de la Concha presentó su renuncia y el presidente de la República la aceptó.
En un mensaje con sabor a derrota que dirigió a la nación, Vicente Fox anuncia que el expediente del desafuero a Andrés Manuel López Obrador será revisado y resuelto con toda legalidad y respeto a las leyes mexicanas y que su Gobierno no impedirá a ninguna persona ser candidato a la Presidencia. Adelantó que también enviará a la consideración del Congreso una iniciativa para resguardar los derechos de los ciudadanos sujetos a juicio en tanto no se dicte sentencia definitiva.
Sobrarán hoy, las lecturas de politicólogos y analistas sobre este viraje en Los Pinos. Habrá quienes lamenten la renuncia y/o destitución del general Macedo de la Concha -sobre todo porque paga una factura de la que es no más que corresponsable en la ejecución- y también los habrá que concluyan que el juego de pulsos entre el Gobierno Federal y el jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene ya un vencedor absoluto.
