“La Ley sólo castiga a los ladrones cuando roban mal”.
Honoré de Balzac
es natural que se reaviven las cenizas del Pemexgate. Pese a lo que muchos afirman el caso nunca se ha cerrado. Ha tenido, sin embargo, un desarrollo gradual y distinto en cada uno de los escenarios en los que se ha ventilado: el electoral, el administrativo y el penal. La Secretaría de la Función Pública anunció este martes diez de mayo su decisión de imponer multas por un monto superior a los 2,800 millones de pesos al ex director general de Pemex, Rogelio Montemayor, y a otros ex funcionarios de la paraestatal. Éstos ejercerán su derecho a la defensa y bien podría ocurrir que al final no fueran sancionados.
El castigo administrativo depende de que se compruebe que los pagos de Pemex al sindicato en 2000 fueron parte de una acción maquinada para desviar dinero al PRI. Pero probarlo legalmente será difícil. Queda claro que en 2000 Pemex le entregó al sindicato petrolero 1,580 millones de pesos por concepto de “ayudas”. Estas entregas se fundaban legalmente en un acuerdo entre la empresa y el sindicato, pero en años anteriores las cantidades fueron muy inferiores.
En 1999, por ejemplo, el monto de “ayudas” al sindicato alcanzó sólo 90 millones de pesos. De los 1,580 millones de pesos que Pemex dio al sindicato, 500 millones se entregaron en efectivo a funcionarios del PRI, entre ellos Jorge Cárdenas Elizondo quien en ese entonces manejaba las finanzas de la campaña de Francisco Labastida. Se sabe que esto ocurrió por declaraciones de funcionarios y empleados que manejaron el efectivo y por los registros de los retiros multimillonarios de un banco.
Otros 500 millones se desviaron a una cuenta bancaria en los Estados Unidos controlada por los dirigentes del sindicato. Un alto funcionario de la campaña de Labastida me ha aceptado en privado que la operación efectivamente tuvo lugar. El dinero se utilizó, me dice, para pagar los movimientos y viáticos de los funcionarios de casilla del PRI que participaron en la vigilancia de la votación del dos de julio de 2000.
El IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dieron por hecho que hay pruebas suficientes para documentar este desvío. Por eso le impusieron una multa de mil millones de pesos al partido, que éste ha venido pagando penosamente en los últimos meses.
En el campo de lo penal el caso sigue. El secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps, está siendo procesado desde que perdió su fuero como diputado en el 2003. No obstante, enfrenta su juicio en libertad bajo fianza y sigue cumpliendo sus funciones como dirigente sindical. El tesorero del sindicato Ricardo Aldana aún está protegido por su fuero como senador, pero deberá también enfrentar una consignación cuando lo pierda en septiembre de 2006, ya que el PRI sin duda no aceptará desaforarlo antes.
Jorge Cárdenas Elizondo y otros ex funcionarios de la campaña de Labastida están prófugos de la justicia. Los defendidos, sin embargo, han ganado una serie de batallas legales individuales. En el área administrativa, las sanciones anunciadas por la Secretaría de la Función Pública el diez de mayo inician apenas el proceso, el cual se ventilará en el Tribunal Fiscal y quizá también en los tribunales federales. Si bien me queda claro que el desvío de recursos sí existió, pienso que el Gobierno tendrá enormes dificultades para castigar a los responsables. Pemex ha buscado que se reconozcan como legales los convenios con el sindicato. El sindicato al parecer tenía legalmente el derecho de hacer lo que quisiera con el dinero una vez que lo tuvo en su poder, incluso depositar una parte en una cuenta en Nueva York y entregar otra a una campaña electoral.
Los defraudados serían, en todo caso, los trabajadores de Pemex, pero ellos no pueden exigirle cuentas a sus líderes. Será muy difícil probar legalmente que hubo una “maquinación” para llevar el dinero de Pemex al sindicato y de éste al PRI.
Resultará también imposible comprobar quién maquinó la transacción. La lógica dice que la autorización final únicamente podía provenir del entonces presidente Ernesto Zedillo. Pero, ante las cortinas de humo y las dificultades para llevar el caso en el laberíntico sistema judicial mexicano, esta información tendrá que quedar para siempre en el campo de la especulación.
EL LEAL
Hay que reconocerle a Carlos Romero Deschamps su lealtad. Pese a su proceso, nunca ha revelado quién le pidió aportar 500 millones de pesos del sindicato petrolero a la campaña presidencial del PRI. ¿Fue el propio candidato Francisco Labastida o acaso el presidente de la República? El secretario general se presenta todas las semanas a firmar en el reclusorio sur de la Ciudad de México sin traicionar la confianza que alguien le depositó.
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