“El más delicioso de todos los privilegios: gastar el dinero de otra gente”.
John Randolph
De poco ha servido que se haya dado a los legisladores más tiempo para analizar, modificar y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez más los diputados y los senadores se las arreglaron para terminar estas iniciativas fundamentales en el último momento. Ayer, de hecho, a marchas forzadas terminaron los diputados el decreto de presupuesto apenas a tiempo para cumplir con el límite constitucional del 15 de noviembre.
Al contrario de lo que ocurrió el año pasado, cuando el PRI y el PRD unieron fuerzas para aprobar estas iniciativas ante las protestas de los panistas, en esta ocasión fueron los priistas y los panistas los que aprobaron las dos iniciativas frente a las protestas del PRD.
El gasto del Gobierno Federal es tan grande como para atolondrar a quien sea. El presupuesto total es de un billón 973 mil 500 millones de pesos. Esto es 18,795 pesos por cada hombre, mujer, anciano y niño de nuestro país. Para una familia promedio de cinco integrantes, esto significaría que el Gobierno debería efectuar un gasto de 93,975 el próximo año para darle servicios gubernamentales.
¿Usted recibe este monto en servicios gubernamentales? Lo más probable es que no. La enorme mayoría de las familias mexicanas obtiene servicios muy inferiores a esa cantidad por parte del Gobierno Federal. Y no es que tengamos tal nivel de corrupción que una parte muy importante del dinero se esfume en los bolsillos de los funcionarios. Lo que ocurre es que tenemos un sistema que desperdicia los recursos de manera automática en sueldos de burócratas, pagos de deuda, servicio de pasivos del Fobaproa, pensiones de burócratas que se jubilan antes que el resto de los trabajadores y muchas cosas más que en poco o en nada nos benefician a la enorme mayoría de mexicanos: a todos los que no trabajamos en el Gobierno.
Los costos muchas veces se esconden en las enormes cifras del presupuesto. Por ejemplo, además del dinero que pagamos en el centro del país a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por el caro y malo servicio de electricidad que recibimos, tenemos que erogar miles de millones de pesos adicionales cada año para cubrir el déficit de la empresa del dinero que pagamos de impuestos. Lo mismo ocurre con el Seguro Social. Los trabajadores y patrones pagamos cuotas para la operación de la institución, pero como las pensiones que ésta paga a sus trabajadores son muy altas, terminamos los contribuyentes, incluso los que no son afiliados al IMSS, pagando un subsidio a la institución.
Los diputados hicieron ajustes a la iniciativa por un valor de 89,200 millones de pesos. Parece una enorme cantidad. Y lo es. Pero palidece frente al monto total del gasto gubernamental. Esa reasignación es sólo el 4.5 por ciento de los egresos totales del Gobierno.
Las reasignaciones tuvieron en buena medida propósitos políticos. La idea era demostrar a los distintos grupos de interés que los políticos están dispuestos a darles dinero. Es el caso de los profesores y trabajadores de la UNAM, esa misma institución que se niega a cobrarles a los estudiantes más de 20 centavos al año, que lograron que los diputados les dieran 410 millones de pesos más de lo que el Gobierno les había asignado originalmente.
A final de cuentas ése es el juego de todos los años. Los políticos dicen que están interesados en promover el bien de las mayorías, pero la verdad es que su interés radica en defender sólo los beneficios de ciertos grupos. Reparten el dinero de los contribuyentes, no porque eso ayuda a mejorar el bienestar de la población, sino porque les da privilegios a los grupos que presuntamente pueden garantizar votos el día de la elección.
Los políticos, por ejemplo, dan dinero a las universidades públicas, en atención a la fuerza que tienen sus sindicatos, pero se lo niegan a instituciones como la Judicatura Federal que les son antipáticas porque los jueces han fallado en su contra.
Hoy el presupuesto es más transparente que antes. Por lo menos en la actualidad nos enteramos para qué propósitos se gasta el dinero público. Pero no es más justo. Los políticos siguen repartiendo los recursos más por lo que les conviene a ellos que por lo que necesita la sociedad.
FACTURAS
Los legisladores dejaron claro dónde están sus filias y sus fobias. A la Suprema Corte le recortaron mil millones de pesos y a la Judicatura Federal, que maneja los juzgados federales, más de cuatro mil millones. En cambio a la Universidad Nacional, que cobra a sus estudiantes, aun a los ricos, 20 centavos al año, le subieron 410 millones de pesos. Queda claro qué institución tiene más peso político y a cuáles les quieren cobrar una mayor factura.
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