“Un mal abogado puede prolongar un juicio por meses o años. Un buen abogado lo puede alargar todavía más”.
Evelle J. Younger
Si las cosas se desarrollan como se prevé, la sección instructora de la Cámara de Diputados redactará hoy el dictamen sobre el juicio de procedencia (o desafuero) del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ya hay cuando menos dos predictámenes listos, por lo que es de suponer que el dictamen final quedaría listo hoy mismo. De ser así, se prevé que mañana miércoles se proceda a la votación dentro de la sección instructora sobre el dictamen que haya quedado.
Son cuatro los diputados que participan en esta sección instructora. Uno de ellos es perredista, el presidente de la sección Horacio Duarte. Hay también un panista, Álvaro Elías. Lo más lógico es prever que el primero vote en contra del desafuero y el segundo a favor. Si es así, los votos decisivos les corresponderán a los dos diputados del PRI en la sección: Rebeca Godínez y Francisco Frías, ninguno de los cuales ha revelado su intención de voto.
En caso de que la sección instructora apruebe el desafuero, el dictamen pasará al pleno de la Cámara de Diputados, el cual podría constituirse en tribunal de procedencia desde el día siguiente. Nadie sabe cuál podría ser el voto del pleno, donde se requiere una mayoría simple para el desafuero.
Si la votación terminara empatada en la sección instructora, el dictamen ya no pasaría al pleno y el proceso se detendría.
El tema sería mucho más complejo en caso de que la instructora rechace el dictamen. En una iniciativa normal esto detendría el proceso legislativo. Pero el propio presidente de la instructora, el diputado Duarte, me señalaba ayer que la legislación no es clara acerca de lo que podría ocurrir en caso de que la sección instructora rechazara el dictamen. Al parecer el presidente de la mesa directiva de la Cámara podría recoger el dictamen rechazado y someterlo a votación en el pleno.
Aun cuando la Cámara de Diputados rechace el desafuero, los problemas legales del jefe de Gobierno de la Ciudad de México no habrán terminado. Después de todo, la sentencia por desacato no desaparecerá como por arte de magia. Cuando Andrés Manuel López Obrador pida licencia para buscar la candidatura de su partido a la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República seguramente trataría de detenerlo.
Si bien a López Obrador le convendría políticamente dejarse arrestar e ir a la cárcel, desde un punto de vista legal tendría que ampararse para evitar perder sus derechos políticos. El amparo argumentaría que la inmunidad ante acciones legales lo mantiene un funcionario aun cuando haya obtenido licencia a su cargo. Es difícil saber cuál sería la decisión de los tribunales sobre este tema. Hay precedentes jurídicos contradictorios sobre este tema.
Por otra parte, aun si el pleno de la Cámara de Diputados aprobara el desafuero, López Obrador no quedaría ya automáticamente fuera de la carrera presidencial para 2006. Existe la posibilidad de que el juicio que se le haga sea lo suficientemente rápido como para que se termine, con un fallo exculpatorio, antes de la fecha límite de registro de candidatos, que es el 15 de enero de 2006. Alonso Lujambio, el ex consejero del IFE, ha señalado por otra parte que la verdadera fecha definitiva es el dos de junio, límite a la posible sustitución de un candidato por un partido político. Otra posibilidad sería que, independientemente del resultado del proceso por desacato, el presidente Fox le otorgara un indulto a López Obrador que pusiera fin al proceso penal en su contra.
De lo que no hay duda es de que hasta el momento Andrés Manuel ha sabido aprovechar políticamente cada paso del proceso. Una buena parte de la popularidad que muestra en las encuestas de opinión es producto de la imagen que se ha forjado de mártir político sometido a una persecución por parte las autoridades federales.
Lo ideal para López Obrador, de hecho, sería estar en la cárcel cuando menos algunos días. Esto fortalecería su imagen al convertirlo en un nuevo Nelson Mandela que pasaría de un encarcelamiento político a la presidencia. El riesgo, sin embargo, sería que el proceso penal por desacato efectivamente lo inhabilitara para contender en la elección presidencial.
POLÍTICO NO JURÍDICO
Ni la sección instructora ni la Cámara de Diputados son un verdadero tribunal jurídico. Su propósito no es en realidad determinar la inocencia o la culpabilidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal en la acusación por desacato. Los diputados no tienen obligación de ajustarse a ningún principio jurídico. Su decisión será política. Si desafueran a López Obrador, serían los tribunales federales los responsables de ofrecer un fallo jurídico de inocencia o culpabilidad.
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