Lo que ningún secretario de Gobernación hubiera sido capaz de lograr, lo pudo un perfecto desconocido en el sector de las telecomunicaciones y diputado federal del PRI: sacar por consenso de los diputados una reforma a la legislación de radio y televisión. ¡Aleluya!
De la sorpresa pasamos a la sospecha. En tan sólo unas cuantas horas las comisiones legislativas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones, de la Cámara de Diputados y, luego, el pleno de organismo, habían conocido, digerido, discutido, dictaminado, aprobado y aplaudido, por unanimidad, la Iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones que, apenas una semana antes, había presentado el diputado priista Miguel Lucero Palma.
En este mismo espacio hemos dado cuenta de las largas, difíciles -y hasta intransitables por momentos- discusiones en torno a la articulación de una nueva legislación en materia de medios electrónicos de comunicación. Literalmente, han sido años los que han transcurrido en torno a este debate sin que, hasta la semana pasada, tuviésemos un acuerdo mínimo hacia una reforma satisfactoria para los distintos actores involucrados.
Sin embargo, de pronto apareció la luz. Y con ella fueron iluminados las mentes y corazones de los, hasta entonces, confundidos diputados federales.
Era menester que un solo hombre llegara, provisto de sabiduría para sintetizar los cientos de conceptos propios de las telecomunicaciones y con un don de persuasión tan asombroso como la hipnosis misma, para así acabar con el ayuno legislativo en tan compleja materia. En efecto. El diputado del PRI por Chihuahua, Miguel Lucero Palma, maestro en Psicología Social y Fundador del Programa para la Atención a la Farmacodependencia de la PGR, parecía tener como única misión en su paso trianual por San Lázaro la configuración de una iniciativa que, milagrosamente, permitiera caminar en medio de las turbulentas aguas de las posiciones encontradas entre partidos, legisladores, academia e industria para, en un santiamén, alinear las almas y razones en consenso de los representantes populares de todo signo y color...
Lucero Palma nos enseñó, con su brillante iniciativa, que el problema de la radio y la televisión en México se resume en tres grandes conceptos. Que no hay más que discutir. A saber: un órgano regulador fuerte; concesiones mediante licitación pública, y gasto electoral en medios electrónicos a través del IFE. Sí, todo está dicho.
Quedémonos con la Ley de Medios de 1960, y sólo pongámosle dos parches; fortalezcamos a la Cofetel pero con comisionados a modo; vayámonos por un proceso de licitación pública para transparentar el otorgamiento de concesiones pero, eso sí, a discreción de la nueva Cofetel, si es que considera satisfechos los fines de la radio y televisión y si las condiciones del mercado de la plaza o región de que se trate lo permiten y, claro está, mediante subasta pública al mejor postor.
Y hagamos, en fin, más transparente el gasto en campañas electorales pero sólo a partir de 2007. Sin tener un marco normativo sólido que nos permita entender la convergencia tecnológica entre sistemas de radiodifusión con redes de telecomunicaciones, los diputados pretenden conferir a la Cofetel “todo el poder” en materia de radio y televisión, aunque dejando el esquema actual de doble ventanilla con la SCT para lo relativo a las telecomunicaciones.
Y todo ello no obstará para que los concesionarios de radio y televisión que deseen prestar servicios de telecomunicaciones a través de sus propias bandas de frecuencias lo puedan para competirle a las telefónicas actuales. La nueva Cofetel tendrá, por otra parte, un pleno de cinco comisionados que durarán en su encargo ocho años y que sólo serán removidos “por causa grave”.
Las designaciones han de ser realizadas por el Ejecutivo Federal aunque sujetas a la “no objeción” del Senado de la República. Cabe resaltar que la Iniciativa de Lucero Palma, y aprobada por consenso de los diputados, establece que los primeros nombramientos de comisionado serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Y, más aún, dispone que “no serán elegibles, para ser comisionado o presidente de la comisión, las personas que ocupen dichos cargo a la entrada en vigor del decreto, por lo que hace a dicha primera designación”. De igual forma, el proyecto de Ley dispone que los recursos humanos, financieros y materiales de la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión, dependientes de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, deberán ser “transferidos a la Comisión (Cofetel) en un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto”.
No vaya el lector a pensar que nuestros distinguidos legisladores pretenden abordar y secuestrar al órgano regulador, previamente fortalecido, para “facilitar” las designaciones de los cinco comisionados antes de que concluya la presente Legislatura y la Administración federal en turno, y dejarle un mínimo margen de acción al nuevo presidente de la República.
De ninguna manera debe sospecharse, tampoco, de la influencia de actor económico alguno detrás de la iniciativa y de los nuevos comisionados pues, en todos los casos veremos gente capaz y ajena a todo tipo de intereses. Y no se caiga, en forma alguna, en la especulación de que existe una fobia hacia los funcionarios actuales, tanto de la Subsecretaría de Comunicaciones cuanto de la propia Cofetel, al pretender arrebatarles facultades y recursos, para luego echarlos a la calle en 30 días.
Seré curioso, señores diputados: ¿ya leyeron el Artículo cinco Constitucional? Lucero Palma y los suyos hicieron ya su trabajo. Toca el turno de los senadores. Veremos de qué están hechos.
