El diputado Lorenzo Martínez Delgadillo afirmó que las autoridades judiciales están actuando políticamente al no realizar los decomisos y la detención de personas que estén en posesión de un vehículo extranjero; indicó que se debe buscar un equilibrio para no afectar a las partes involucradas.
?Es evidente que la Procuraduría de Justicia y la Procuraduría General de la República (PGR), las autoridades fiscales y todas las que tengan competencia deben aplicar la ley?, apuntó.
Precisó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera como delito la posesión de los vehículos de procedencia extranjera independientemente de cómo se hayan introducido y por ello la ley se debe aplicar y agregó que es necesario que los diputados federales autoricen y aprueben una regularización bien llevada, es decir, ?no regularizar por regularizar?.
Puntualizó que se deben ver casos específicos como el sector campesino, en donde existen muchos vehículos que no están regularizados, por lo que el decomiso sí afectaría las actividades que se efectúan en el medio rural.
Agregó que hay organizaciones urbanas que respaldan a la gente de escasos recursos económicos y que tengan un vehículo ?chocolato?; sin embargo, por el momento estos sectores se tienen que apegar a la ley, mientras no se encuentren otras alternativas.
Martínez Delgadillo dijo que es una convicción el Estado de Derecho, en aplicar las resoluciones realizadas por la SCJN, y si las instituciones no se ponen de acuerdo para encontrar una solución posible, ?no queda de otra más que aplicar la ley?.
?El problema es que tenemos Procuradurías de Justicia que responden a los intereses políticos de los gobernantes y si se tuvieran leyes orgánicas autónomas en otra circunstancia totalmente diferente no se admitirían criterios políticos?.
Recalcó que mientras la Procuraduría esté en manos del Poder Ejecutivo, siempre van a prevalecer las decisiones políticas, y agregó que en este país se requiere que tanto la PGR como las procuradurías sean manejadas autónomamente para que simplemente se aplique la ley y no se politicen asuntos legales y la aplicación de la ley.
Finalmente, el legislador albiazul puntualizó que la postura de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) es legítima como la lucha de otros sectores y para ello tiene que apresurar las soluciones por partes de las autoridades correspondientes.
