Aseguran que el Municipio cometió actos violatorios a la legalidad en un desalojo de personas.
El Siglo de Torreón
TORREÓN, COAH.- Una recomendación fue emitida al presidente municipal Guillermo Anaya Llamas por actos violatorios a la legalidad y seguridad jurídica, según determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y pidió que la Contraloría Interna evaluara al director de la Policía, Javier Gutiérrez Pesquera.
David Omar Sifuentes Bocardo, responsable de la oficina local de la CDHEC, detalló que la encomienda se asienta en el expediente 22/05, en relación al desalojo de un grupo de personas, ocurrido el pasado 30 de mayo, en terrenos ubicados a un costado de la avenida Bravo, entre el Periférico y la avenida Francisco Sarabia.
La mayoría de los puntos citados en la recomendación, señalan la actuación de Francisco Javier Gutiérrez Pesquera, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y la discusión que tuvo con la diputada local Beatriz Granillo Vázquez.
La CDHEC consideró que se violaron garantías con la actuación de la policía, al no establecerse previamente la propiedad del predio, ya que no está identificada la persona y en todo caso, sería el Ministerio Público el que tomaría cartas en el asunto.
En el segundo punto solicitan a la Contraloría Municipal analizar la actuación del titular de la DSPM, ya que como servidor público no se justifica que insulte a una persona, en este caso a la diputada Granillo y a su vez, se investigue a los agentes participantes que la pudieron haber lesionado.
Sobre el insulto, se dio a conocer en su momento que Beatriz Granillo acompañaba al grupo de “paracaidistas” que tenían instalados jacales en el citado predio, y al intervenir Gutiérrez Pesquera, recibió un recordatorio materno por parte de la legisladora, quien además lo llamó “perro” y el director le dijo “marrana”.
También se pidió un reporte para saber dónde fueron resguardados los materiales de construcción de los jacales que fueron desmontados, ya que aparentemente no quedaron a disposición de ninguna autoridad.
El último punto señala que se debe brindar capacitación a los elementos de la Policía Preventiva que participaron en el desalojo, para que no vuelva a incurrir en acciones, que atenten contra la seguridad jurídica.
Antecedente
Como se informó en su oportunidad, Gutiérrez Pesquera, al mando de 40 agentes preventivos, realizó el desalojo de un predio ubicado en terrenos del ejido San Antonio de los Bravos, a las 05:30 horas del día 30 de mayo y hubo dos detenidos.
El terreno, cuya superficie es aproximadamente de tres mil 500 metros cuadrados, se hallaba un grupo conformado por seis personas encabezados por la diputada local Beatriz Granillo, quienes ya estaban construyendo jacales con trozos de madera, lámina galvanizada y cartón impermeable.
Un convenio fijado para no invadir el predio fue roto por la legisladora y su gente, que, la tarde del domingo anterior llegaron hasta el lugar llevando el material necesario para comenzar a levantar varios jacales.
Para la legisladora, la intervención de la Policía fue una arbitrariedad, al no existir orden de desalojo, “sólo que el hermano del alcalde es socio de los empresarios que dicen ser dueños del terreno, pero nosotros vamos a presentar la denuncia por abuso de autoridad”, dijo Granillo Vázquez en su momento.
Inconforme
“No nos asustamos por recomendaciones, nosotros actuamos por órdenes del presidente municipal, atendimos un llamado y al existir riesgo de enfrentamiento hicimos detenciones”, señaló Javier Gutiérrez Pesquera, director de Seguridad Pública.
El comentario del jefe policiaco se deriva de la recomendación emitida por la CDHEC, y asegura que sus elementos actuaron en base a un amparo federal, que indicaba “dejar las cosas como estaban”.
Sobre el punto que señala el insulto que hizo a la diputada local Beatriz Granillo Vázquez, el director reconoce su falta y cuestiona si la afectada no es también una funcionaria pública, que debió evitar una provocación.
Respecto a la capacitación de los elementos para evitar actuaciones como la del citado desalojo, Gutiérrez Pesquera señaló que él asume toda la responsabilidad, puesto que sus subalternos, sólo acatan sus órdenes.
Por último, el funcionario dijo que está inconforme con la resolución, y opinó que la CDHEC es una oficina a la cual se le puede sacar mucho provecho, pero que todas sus resoluciones son de escritorio, por lo cual, el que declara más fuerte gana y las mujeres tienen ventaja.
