Festinada como puntilla a las prácticas monopólicas en su modalidad de condicionamiento de venta, lo cierto es que entre el dicho y el hecho de la multa de 157.9 millones de pesos aplicada por la CFC a las embotelladoras de Coca Cola, queda todavía un largo trecho
Ratificada la sanción impuesta por la dependencia con carácter de autónoma, al desechar el pleno el recurso de reconsideración planteado por las 15 firmas en el banquillo, éstas recurrirán al amparo, en un escenario en que éstos se lanzan como confeti ante las grietas de la Ley Federal de Competencia.
En un cálculo conservador, pues, podrían pasar dos años antes de que el dinero, es decir, diez millones 530 mil pesos por embotelladora, ingresara a las arcas públicas; con la novedad de que a la Secretaría de Hacienda no parece interesarle demasiado el acelerar el cobro de este tipo de multas. Y si le seguimos, tampoco pareciera haber mayor interés del Congreso en sacar adelante una propuesta de reformas al ordenamiento que sustenta la acción de la Comisión Federal de Competencia (CFC), dadas las presiones de los corporativos con etiqueta de hegemónicos como Cemex, FEMSA, Vitro, Grupo Modelo, Phillip Morris o British American Tobacco.
Y como los partidos políticos reclaman donativos de éstos para apuntalar las campañas de sus candidatos…
El malestar de los corporativos se centra en tres puntos: la intención de modificar el artículo 8 del ordenamiento para facultar a la Comisión Federal de Competencia a ordenar la desincorporación de activos cuando una empresa abuse persistentemente de su poder sustancial en un mercado relevante. Se caminaría, pues, más allá de las multas que a veces ni cosquillas les hacen a los infractores.
Más allá, la iniciativa colocada en la mesa por dos legisladores, el priísta Eduardo Alonso Bailey Elizondo y el panista Jorge Luis Hinojosa Moreno, prevé la posibilidad de utilizar la figura de “testigo protegido”, es decir, otorgar el perdón a un participante en prácticas monopólicas cuando su testimonio permita desmantelar un cártel.
El tercer punto que provoca la ira de las firmas gigantes es la posibilidad de cárcel hasta por 36 horas a los directivos o funcionarios de un corporativo que se nieguen a cooperar en una investigación.
Como lee usted, pues, parecería lejana la hora cero para las firmas que concertan topes de precios o tarifas para no dañarse entre sí; para las que de plano se reparten territorios de influencia, o para las que exigen exclusividad lo mismo en estadios deportivos que en universidades públicas, cadenas de cines o tiendas de autoservicio…
Por lo pronto, el coscorrón a Coca Cola plantea una lección: sí es posible que David venza a Goliat… por más que la mujer que planteó la denuncia original, Raquel Chávez Paniagua, propietaria de la tienda de abarrotes La Racha, se haya vuelto ojo de hormiga tras recorrer el mundo su nombre y su negocio, como la heroína que logró doblegar a Coca Cola.
La investigación de la CFC inició en junio de 2003, un mes después de planteada la denuncia contra la firma embotelladora Propimex, ante el acoso que recibía la mujer por haberse atrevido a colocar a la venta el refresco Big Cola producido por la empresa Ajemex, quien meses después se integraría a la pelea.
La querella de la filial de la firma de capital peruano Ajegroup planteaba cuatro conductas indebidas:
— Negativa de venta de los productos Coca Cola a quien comercializara la bebida de la competencia, que en tres años ha logrado un segmento de 8% del mercado.
— Negativa de canje de los productos promocionales de la firma a quien rechace la posibilidad de exclusividad.
— Negativa de levantamiento de pedidos de los productos de la casa.
— Retiro de refrigeradores, toldos para el sol, materiales promocionales y otorgamiento de subsidios a título de promociones —por ejemplo el pago de luz o renta—, a quienes se negasen a rechazar la venta de Big Cola.
El castigo de la CFC, digo, si algún día se hace efectivo, apunta a las firmas Yoli de Acapulco, Coca Cola, FEMSA, Propimex, Inmuebles del Golfo, Panamco México, Panamco Bajío, Panamco del Golfo, Grupo Continental, Refresquera Peninsular, La Victoria, Refresquera Victoria del Centro, Embotelladora de San Juan, y la madre de todas ellas: The Coca Cola Export Corporation.
¿Ahí viene el coco?
Balance general
De acuerdo con lo externado por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a los directivos y funcionarios de los 25 corporativos de capital extranjero con mayor peso en el país, lo mejor en materia de crecimiento económico está por venir.
De acuerdo con el cálculo del funcionario, este año se cerrará con un incremento en el número de asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social de 800 mil, es decir, 300 mil adicionales sólo entre noviembre y diciembre, para llegar a un global de 14 millones, previéndose para el año próximo 600 mil plazas adicionales. Por lo pronto, se prevé que el Producto Interno Bruto se incremente 3.5 por ciento al último trimestre del año.
Y por lo pronto, además, según Gil Díaz, hasta hoy ninguna correduría extranjera ha externado temores de un cambio brusco en la estrategia económica del país ante la posibilidad de que la oposición priísta o perredista le arrebate el poder al Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con su aserto, tanto Roberto Madrazo como Andrés Manuel López Obrador han realizado una buena labor de convencimiento sobre la solidez de su proyecto en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
Pues ahora resulta que siempre sí se presentaron cuatro posturas distintas para Cintra de otros tantos postores, es decir, dos por el paquete de Aeroméxico y dos por el de Mexicana.
El problema, ¡válgame Dios!, es que dos de los sobres venían en blanco, lo que no se sabe si sea burla o se trate realmente de una oferta en firme para asumir los pasivos de las aerolíneas y en tal caso liquidar sus onerosos contratos colectivos de trabajo.
¿Se acuerda usted cuando el empresario, hoy senador por Jalisco, Raymundo Gómez Flores, ofreció un peso por el diario El Nacional , cuya liquidación del contrato colectivo costaba 10 millones de dólares?. ¿Se acuerda de que el ex contratista estrella de Petróleos Mexicanos, Sergio Bolaños, que pagó mil pesos por la firma constructora Bufete Industrial, cuyas deudas ascendían a 500 millones de dólares que al final del día no pudo pagar?
¿Se acuerda usted de las pugnas entre los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, sobre quién debía llevar la batuta en eventos de organismos comerciales multilaterales, que en su momento, cuando México fue sede de la reunión del Consejo Económico Asia-Pacífico, distanció a Jorge G. Castañeda y Luis Ernesto Derbez?
Bien, pues hete aquí que en las vueltas que da la vida, nombrado canciller este último, decidió no estorbarle al actual titular de Economía, Sergio García de Alba, ausentándose de la reunión de la propia APEC celebrada en Busan, Corea del Sur, con la novedad de que en las reuniones ministeriales se reclamaba la presencia de los dos funcionarios, dado que las reglas plantean debates donde participan indistintamente.
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