Promovida bajo el agua por el poderoso Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, conocido como Conméxico, el Senado de la República analiza una iniciativa que en el papel acotaría el crecimiento explosivo y las prácticas hegemónicas de las grandes cadenas de autoservicio
Textualmente, la exposición de motivos habla de impedir la extinción del pequeño comercio tradicional y la explotación de los proveedores de los establecimientos con etiqueta de gigantes.
Lo curioso del caso es que aún cuando el golpe apunta al pleno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el cabildeo del organismo está tratando de desviarlo hacia la firma de mayor peso en el país, es decir Wal-Mart.
Como usted sabe, la cadena de capital estadounidense se separó hace dos años de la instancia empresarial, al discrepar de sus consignas.
Motejada como la Ley Hamdan, dado que quien la colocó en la mesa fue el senador panista Fauzi Hamdan Amad, la iniciativa denominada con el kilométrico nombre de Ley de Prácticas Comerciales y Fomento al Micro, Pequeño y Mediano Comercio, se introdujo, sin embargo, con la firma de un grupo plural de legisladores. Aunque predominan los panistas, así Diego Fernández de Cevallos, como su primo Francisco Fernández de Cevallos, Adalberto Madero Quiroga, Jesús Galván o Rubén Nordhausen, también lleva la firma de priístas como Dulce María Sauri Riancho, Laura Alicia Garza Galindo, Raymundo Gómez Flores o David Jiménez González, a la par de ex perredistas como Demetrio Sodi de la Tijera, o ecologistas como Verónica Velazco. El eje de la propuesta se ubica en los siguientes párrafos de la exposición de motivos:
?Las grandes cadenas comerciales y almacenes prometen precios bajos, buen servicio al cliente, amplio surtido y generación de empleo, pero también llevan a la ruina a los pequeños comerciantes, explotan a los proveedores y alteran el ritmo y la calidad de vida del entorno donde se instalan?.
?Los micro, pequeños y medianos comerciantes, así como los proveedores, quedan en estado de indefensión ante la fuerza económica de los grandes establecimientos comerciales que se ven obligados a aceptar fuertes (sic) condiciones para seguir en el mercado o cerrar sus negocios ante la evidente desigualdad competitiva?.
El alegato habla de que 77 por ciento de este tipo de establecimientos han sido afectados por las cadenas, en un escenario en que el pequeño y mediano comercio representa 95 por ciento del empleo en el país, y contribuye con 21 por ciento del Producto Bruto Nacional.
Del otro lado de la moneda se señala que los proveedores trabajan bajo condiciones muy injustas, ?que en ocasiones los constriñen a dejar su actividad por no poder cumplirla, con el detrimento consecuente?.
Concretamente se habla de imponerles plazos excesivamente largos para el pago de facturas; de obligarlos a asumir el riesgo del transporte; de forzarlos a devoluciones injustificadas, además de exigirles pago de publicidad y estantes de exhibición.
Más aún, se habla de que algunas cadenas privilegian la proveeduría de productos extranjeros en perjuicio de la producción nacional, ?dañando al empresario y a toda la cadena productora?.
Llama la atención, por lo demás, que se consideren insuficientes para lograr un equilibrio a la Ley Federal de Competencia Económica, a la Ley Federal de Protección al Consumidor y aún a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Como se puede colegir, pues, el jaloneo será inolvidable.
Mañana le contamos como viene el contragolpe.
Balance general
La noticia es que la empresa Fertinal, o mejor dicho lo que queda de ella tras liquidarse a sus trabajadores, le ganó un nuevo round a la Compañía de Seguros ING Comercial América.
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ratificó una sentencia previa de un juez que obliga a la firma de capital holandés a cubrir una indemnización de 93 millones 824 mil 262 dólares, más los intereses que resulten en cuatro años de litigio.
La resolución, planteada por el magistrado Jorge Valentín Vásquez Castellanos y ratificada por sus colegas Rafael Avante Martínez y Juan Lara Domínguez, deja a salvo los derechos de la empresa fabricante de fertilizantes fosfatados de entablar una demanda adicional por daños y perjuicios, incluídos los gastos y costas del juicio.
Como recordará usted, la pretensión original de la aseguradora multinacional era pagar sólo 13 millones 148 mil 212 dólares? que en calidad de mientras había depositado en un juzgado, en tanto Fertinal reclamaba 300 millones, es decir el total de la cobertura contra todo riesgo de la póliza contratada.
El alud se desató cuando la compañía de seguros se negó a otorgar un anticipo para remoción de escombros a la firma encabezada por Fabio Covarrubias Piffer, tras los estragos provocados por el huracán Juliette en sus instalaciones de Roca Fosfórica Mexicana, en septiembre de 2001.
En el largo estira y afloja para cobrar la póliza, la firma se fue ahorcando, cerrando de entrada las puertas de su planta principal ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Ahora que del otro lado de la mesa, llevados sus reclamos al terreno penal en la presunción de fraude, se logró encarcelar a media docena de funcionarios de la aseguradora, por más que se expidieron 21 órdenes de aprehensión.
El punto final del escándalo, pues, está en la antesala.
Escurridizo, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luis Ramírez Corzo, se salió por la tangente al afirmar ante la Comisión Especial de diputados que investiga presunto tráfico de influencias de los hijos de la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, él no los conoce; que no ha recibido ninguna solicitud de apoyo para el otorgamiento de contratos, y que ninguno de ellos participa en la empresa Oceanografía? que por lo demás lleva 20 años trabajando en la
paraestatal.
Lo que no dice es que los arreglos se hicieron con el ex director general de la empresa pública, Raúl Muñoz Leos; que en los últimos cinco años se han multiplicado los contratos de la firma, y que la acción de los investigados apunta a tareas de gestoría, o si lo prefiere intermediación. Nadie ha dicho que sean socios.
El asunto es tan simple como exhibir un comparativo de lo que se otorgaba a la firma en 1985, 1990, 1995, y lo que recibe ahora.
En la certeza de un crecimiento explosivo en su segmento de mercado en los próximos años, tras el coscorrón de la Comisión Federal de Competencia (CFC) a 15 empresas productoras de Coca Cola por prácticas de desplazamiento indebido, Ajemex, la compañía productora de Big Cola, está por iniciar las obras de la que será su tercera planta en el país. Esta se ubicará en Jalisco, concretamente en el parque industrial San Jorge.
La inversión inicial prevista será de cinco millones de dólares, que podrían llegar a 12 si la demanda plantea extender al máximo la posibilidad de capacidad instalada.
La fábrica se instalará donde se ubicaba la empresa Misión Media.
Cemex México, la firma que encabeza Jaime Elizondo, firmó el fin de semana un compromiso por tres años con el Banco Interamericano de Desarrollo para tareas de asesoría y cofinanciamiento en apoyo de pequeñas y medianas empresas.
El paquete incluye un acuerdo con la Universidad Anáhuac para desarrollar un programa que fortalezca la cadena de valor y responsabilidad social.
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