De ratificar la Cámara de Diputados la propuesta de Presupuesto de Egresos para el año próximo enviada por el Ejecutivo federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social pasará de la condición de precariedad financiera a la de indigencia
i hasta hoy la exigencia para los pacientes en turno de intervenciones quirúrgicas es llevar su bisturí, sus gasas y sus algodones, mañana se exigirán sus sábanas, sus almohadas, sus batas, los honorarios de anestesista y cirujanos, y en una de esas hasta su cama.
Y para qué hablar de las facturas pendientes de pago a proveedores y constructores; de la proverbial inexistencia de medicamentos, o de la grave escasez de personal que impide operar hospitales de segundo y tercer nivel terminados hace años.
Y es que, de acuerdo con la propuesta cuya aprobación corre a cargo sólo de la Cámara Baja, el Instituto está obligado en 2006 a constituir reservas por un monto de 35 mil 447 millones de pesos, es decir casi tres tantos a los que venía fincando desde hace tres años, cuyo nivel era de nueve mil 460.2. Peor aún, para el próximo ejercicio se planteaba apenas alcanzar mil 443 millones.
El desfase, pues, entre el anteproyecto de presupuesto aprobado por el Consejo Técnico y el modificado por la Secretaría de Hacienda es de 34 mil ocho millones de recursos adicionales, cuyo monto equivale al que se erogaría para medicamentos, guarderías e inversión física.
La exposición de motivos habla de alcanzar de golpe un escenario ligeramente superior a 100 mil millones de pesos de provisiones adicionales al fin del sexenio, frente a los 70 mil millones alcanzados.
Naturalmente, los recursos a congelarse en las arcas de la Secretaría de Hacienda saldrían del presupuesto de operación del organismo, es decir de las cuotas obrero-patronales y la aportación gubernamental.
Lo inaudito del asunto es que el jaque al Seguro Social haya pasado de noche a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y los que participan en las de Salud y Seguridad Social o del Trabajo.
Ahora que el amago llega tras el inaudito parche con que el Gobierno foxista se lavó las manos con relación al brutal desbalance entre ingresos y egresos para hacer frente al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del organismo.
De acuerdo con la propuesta planteada por el Consejo Técnico, el presupuesto del Seguro Social para el año próximo tendría un techo de gasto de 243 mil 818 millones de pesos, con una meta de acumulación de reservas de mil 439 millones.
La modificación realizada por Hacienda bajaría el techo de gasto a 209 mil 810 millones, es decir 15.8 por ciento en términos reales, sin considerar las pensiones en curso cuyo pago corre a cargo del Gobierno Federal. El problema es que el mínimo reclamado para operar en los raquíticos niveles actuales, digo sin considerar que el número de derechohabientes se incrementa más de dos por ciento anual, es de 222 mil 625 millones de pesos.
Naturalmente, el costo de mantenerse intacta la Espada de Damocles será con cargo al servicio.
Por lo pronto, el jaque habla de imposibilidad del Instituto para cumplir lo previsto en la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución, o con lo estipulado en la Ley del Seguro Social. De entrada, el organismo estaría obligado a suspender sus programas de inversión aprobados para el siguiente año, lo que implicaría dejar inconclusas al menos 136 obras en proceso de construcción, entre ellas 17 hospitales, 40 unidades de atención médica ambulatoria y 30 unidades de medicina familiar. Más allá, no podrá adquirir un solo equipo adicional médico o de cualquier otro tipo en el resto de la administración.
Y si le seguimos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaría imposibilitado de pagar comisiones bancarias durante nueve meses del año, lo que paralizaría al sistema de ingresos y pagos, al cubrirse éstos en efectivo.
Más allá, el Seguro Social estaría imposibilitado de ofrecer mantenimiento alguno a sus instalaciones y equipos, con lo que se pondría en riesgo la posibilidad de intervenciones quirúrgicas. Por lo pronto, considerando que el incremento neto previsto en materia de acumulación de reservas para el régimen de jubilaciones y pensiones sería de 20 mil 41 millones, y que el gasto neto de nóminas del Seguro Social es de 49 mil 24 millones, la reducción en el egreso de operación sería equivalente a 53 por ciento. La pregunta es simple: ¿se trata, ahora sí, de condenar a muerte al Instituto?
Balance general
Más de lo mismo: por lo pronto, hoy a las diez de la mañana se reúne con carácter de emergencia el Consejo Técnico del Seguro Social, en afán de detener el golpe… a unas cuantas horas de consumarse.
La paradoja del caso es que en la Presidencia de la República no había mayor alarma ante el amago, aduciéndose hasta anoche que aún no había consenso entre los legisladores para descargar la guillotina.
Ahora que la Secretaría de Hacienda se lavaba las manos, aduciendo que no fue ella quien armó la trampa, por más que el responsable de los números de la propuesta de gasto presupuestal es el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado Noriega.
Pendiente aún la resolución de la Secretaría de la Función Pública en relación con los recursos de inconformidad planteados por las firmas Rolls Royce, Pratt and Whitney Power Systems e Informática e Ingeniería, y latente la posibilidad de amparo de las firmas Turbinas Solar y Siemens, Luz y Fuerza del Centro se apresuró ayer a firmar un contrato para que General Electric instale y opere 14 plantas de generación eléctrica en la metrópoli y el valle de México.
El sustento de la paraestatal para cerrar el capítulo fue una resolución de la dependencia en que declara infundadas las objeciones planteadas por las dos últimas empresas, “por carecer de documentación alguna que fundamentara su dicho”.
Lo curioso del caso es que la instancia se haya tardado cuatro meses en llegar a esa conclusión. Y lo curioso del caso, más allá, es que tampoco haya pesado en la investigación del asunto que planteaba unas bases a la medida de las plantas producidas por General Electric, la inconformidad planteada por el subsecretario de Energía de la Secretaría, José Acevedo Monroy.
Se confeccionan, pues, trajes a la medida de uno de los licitantes.
Por lo pronto, el director general de la paraestatal convocante, Luis de Pablo, señala que no le importa jugarse su renuncia con tal de que las plantas estén en funcionamiento en ocho meses.
La Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aprobó ayer plantear al consejo directivo una propuesta de modificación de estatutos que permitiría, por lo pronto, prolongar durante unos meses más la gestión de su presidente, León Halkin.
La alternativa plantea que en los años que coincida la salida de la dirigencia con elecciones presidenciales la gestión se alargue hasta la culminación del proceso. En este caso estaríamos hablando de agosto o septiembre, cinco o seis meses más allá de la fecha prevista para el cambio de estafeta.
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