En alarde de poderío, el puñado de empresas con etiqueta de hegemónicas en el país logró lo que en cualquier otra nación pareciera misión imposible: congelar en la Cámara de Diputados un proyecto de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica que se analizaba con etiqueta de urgente
La promesa de los legisladores integrantes de la Comisión de Economía del órgano legislativo es colocarle siete candados a la iniciativa, al menos hasta la extinción de la actual Legislatura.
La “hazaña”, cabildeo exitoso le llaman, la logró el poderoso Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, conocido como ConMéxico, cuyo presidente ejecutivo es Enrique De la Madrid Cordero.
El temor de firmas como Bimbo, Fomento Económico Mexicano, Grupo Modelo, British American Tobacco, Philiph Morris, y adicionalmente Cementos Mexicanos, Vitro e Industrias Monterrey, apuntaba a tres vías: la posibilidad de cárcel para quienes se negaran a colaborar en una investigación sobre supuestas prácticas monopólicas; la integración al ordenamiento de la figura de testigo protegido, y el dotar de uñas a la Comisión Federal de Competencia (CFC) para exigir desincorporar plantas cuando una empresa abuse persistentemente de su poder sustancial en un mercado relevante.
De acuerdo con la propuesta que en el papel llegaba ya con un consenso, al plantearla las dos corrientes políticas con mayor presencia en el Congreso, vía el priísta Eduardo Alonso Bailey Elizondo y el panista Jorge Luis Hinojosa Moreno, habría un arresto de hasta 36 horas a los directivos o funcionarios de una firma remisos u omisos para entregar información o documentos que permitan sustanciar un proceso, así como contra un cártel o acuerdo monopólico de empresas con poder sustancial de mercado. Desde el otro ángulo, la iniciativa redactada con apoyo de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República y la propia Comisión Nacional de Competencia, prevé la incorporación de la llamada Cláusula de Indulgencia. Estamos hablando de la posibilidad de perdón para un agente económico que, habiendo participado en una práctica monopólica absoluta, decide confesarlo y colaborar con la autoridad para su desmantelamiento.
Aplicada por décadas en los sistemas antitrust de Estados Unidos y la Unión Europea, el instrumento ha resultado exitoso para combatir los llamados cárteles, es decir convenios firmados en lo oscurito por empresas hegemónicas para repartirse el mercado. Lo cierto es que la posibilidad tiene más efectos preventivos que punitivos, al saber de antemano los participantes en un ilícito que existen incentivos por colaborar con la autoridad… para el primero que se raje. El tercer punto que encendió los focos rojos de las gigantes que se enguyen a rebanadotas el pastel, se ubica en el artículo octavo de la reforma propuesta, que faculta a la CFC a ordenar achicar al frente cuando el bombardeo resulte persistente, o si lo prefiere tenaz.
La lógica es simple: tal y como está planteada la ley, la única acción punitiva permitible es la aplicación de multas… que a veces no le hacen ni cosquillas a los infractores. Vamos, las ganancias generadas por el ilícito vuelven ridículas una y otra penas pecuniarias.
Latente la posibilidad en la legislación antitrust de Estados Unidos desde hace un siglo, hete aquí que sólo se ha aplicado en su extremo en un puñado de casos.
La guillotina, por ejemplo, le cayó a la firma petrolera Standard Oil, quien debió vender parte de sus plantas para evitar asfixiar a la competencia. En 1980, a su vez, el turno fue de American Tobacco, en 1990 de la firma de telefonía ATT, y hace tres años de Microsoft, el gigante de software de Bill Gates.
Se trata, pues, de empatar las legislaciones en un escenario en que el intenso tráfico mercantil obliga a igualar las reglas del juego para equilibrar la competencia.
¿O qué, hágase la globalización en los bueyes de mi compadre?
Lo grave del caso es que el veto, aceptado dócilmente por los legisladores, deja prácticamente en la indefensión a la Comisión Federal de Competencia para cumplir su vital tarea, dada la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte para algunos de los artículos de la Ley Federal de Competencia, a cuya vera se multiplicaran por docenas los amparos contra acciones de la dependencia.
Justo la iniciativa planteaba llenar las lagunas, clarificar los puntos oscuros y empatar, en tal caso, la teoría con práctica.
Otra vez, pues, el interés particular sobre el general.
¡Tómenla!
Balance general
Advertida Cintra de que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) se declararía en rebeldía de no venderse al unísono los dos paquetes en que se dividió a la controladora de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, hete aquí que consumada la operación fragmentado el organismo modificó radicalmente su postura.
Si antes declaró la guerra, ahora habla de colaboración.
La razón del giro de 180 grados es simple: sí había al menos un postor serio por la línea aérea emblema del país, aparentemente el presidente del Grupo Ángeles, Olegario Vázquez Raña, en asociación con la firma española Air Europa.
El problema es que los abogados del empresario llegaron con un retraso de 15 minutos a la ceremonia de entrega de posturas… y el presidente del consorcio, Andrés Conesa Labastida, no quiso arriesgarse a una eventual querella de las contrapartes.
De ahí, pues, que se esté hablando de replantear el proceso de licitación el próximo mes de enero.
Como usted sabe, el temor de los pilotos, al no ubicarse un comprador para la firma aérea, es que se le declarara en liquidación… para colocarse sin pasivos laborales al calce, es decir con un nuevo contrato colectivo al gusto de los presuntos compradores.
Citados con urgencia por un juzgado de Monterrey bajo el señuelo de “buenas noticias” en torno a la querella que entablaron contra el grupo financiero Banorte, hete aquí que los hermanos Lance de la Parra fueron apresados la semana pasada en la capital de Nuevo León.
La detención se realizó el jueves, alcanzando a Manuel, Patricia y Ana María. La única que se libró de la cárcel fue Manuela, al no ser parte de la albacea por la sucesión del empresario Manuel Lance de la Torre, alguna vez socio mayoritario de la empresa harinera Lance Hermanos.
La acusación concreta contra la familia habla de intento de fraude en perjuicio del emporio financiero encabezado por Roberto González Barrera, al reclamar indebidamente un paquete de acciones de la Casa de Bolsa Afin adquirida por Banorte en 1993, que según ello lo había conservado el difunto Lance de la Parra.
Más al detalle, se habla de falsificación de pruebas para lograr que la jueza tercera de lo Civil en el Distrito Federal, Matilde Paz León, les diera la razón en su querella por 7.8 del capital de la firma bursátil.
El caso es que la sentencia de la togada, ratificada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, obligaba en el inaudito a ceder a los quejosos un porcentaje idéntico del grupo financiero.
Banorte, finalmente, ganó el pleito por la vía de un amparo definitivo.
Quien está por inaugurarse como inversionista en el sector hidráulico es el empresario Carlos Slim, enrolado en una apuesta con su firma constructora Ideal (Infraestructura por el Desarrollo de América Latina) para trabajar en un proyecto del gobierno de la ciudad de México.
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