Uno para todos
Frustrada, ante la tenaz oposición del Congreso, la intentona de fusionar a Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Secretaría de Hacienda ubicó un esquema para evitar el naufragio de uno y otro bancos de desarrollo? y de pasadita la totalidad de ellos.
Estamos hablando de un esquema de sinergias que los empataría en algunos renglones de operación, con el consiguiente ahorro de estructuras? y de personal. Uno para todos?
Se trata, por ejemplo, de compactar los sistemas de cómputo, en un escenario en que se uniformarían los procedimientos para el otorgamiento de préstamos o garantías, permitiéndose al tiempo una supervisión más segura.
La fórmula, para darle una idea de qué estamos hablando, la aplicó la Secretaría de Hacienda este año, integrando en un cuarto de cuatro por cuatro metros, localizada por cierto en Monterrey, a 80 centrales.
Más allá, habría un conmutador general para las seis intermediarias que integran el sistema oficial, incluyendo a la Sociedad Hipotecaria Federal, Banobras, Banjército y el Banco de Servicios Financieros.
Y si le seguimos, se está integrando una unidad de compras en común; una unidad para promoción de imagen, y una unidad de personal.
¿Se acuerda cuando se encontraban en la misma antesala de una empresa del exterior los ?promotores? de Nafin y de Bancomext? Naturalmente, la idea es extraer de cada banco lo mejor de su personal.
Y si le seguimos, el avión del Banco Nacional de Comercio Exterior y los dos que mantiene Banobras estarán al servicio de la totalidad de la banca de desarrollo, lo que permitiría de paso prorratear su costo de mantenimiento. La integración, lo adivinó usted, obedece a la precaria salud financiera de las intermediarias con etiqueta de oficiales, cuyos faltantes de reservas para hacer fuente a jubilaciones y pensiones causan escalofrío, para no hablar del fantasma de quiebra técnica que ronda todos los días ante inaudita operaciones crediticias del pasado? y los abusos sin fin de sus funcionarios.
¿Se acuerda usted de la jubilación del ex director general de Nacional Financiera, José Ángel Gurría, con sólo dos años de trabajo, alegando que tenía 19 y medio en el sector financiero?
¿Se acuerda de la del prófugo de la justicia Óscar Espinosa Villarreal en el mismo banco del que se sirvió (con la cuchara grande) durante seis años? ¿Del préstamo hipotecario solicitado por Felipe Calderón Hinojosa casi al día siguiente de ingresar a Banobras? ¿De la compra de uno de sus libros para regalo de Navidad de los empleados del propio banco que realizó Luis Pazos?
El caso es que aún cuando, con excepción del Bancomext, la banca de desarrollo presumía de números negros hasta junio pasado, el negocio no está funcionando de acuerdo con lo previsto. Nacional Financiera, el banco que acumula 39.03 por ciento de los activos del sistema, por ejemplo, logró salir del escenario de pérdidas gracias a una serie de exitosas operaciones bursátiles.
Del otro lado de la moneda, Bancomext registró una caída de 17.83 por ciento al segundo trimestre del año en su tarea de agente financiero para efectos de crédito, en tanto, Nafin se contrajo 8.47 por ciento y Banobras 5.24 por ciento.
Y si le seguimos, el Bancomext aumentó en el mismo lapso 32.47 por ciento sus préstamos al gobierno, en tanto Nafin lo hizo 21.37 por ciento.
Desde otro ángulo, la cartera vencida de la Sociedad Hipotecaria Federal creció a junio anterior un inaudito 108.80%, por más que al tercer trimestre del año pasado la había dejado en ceros, vía el uso de reservas.
Ahora que el índice de morosidad del Bancomext alcanza 8.56 por ciento, frente a 1.74 por ciento de la totalidad de la banca oficial. Lo curioso del caso es que pese a representar apenas 2.39 por ciento del total de activos, el Banjército tiene la mayor nómina: mil 306 empleados y funcionarios, frente a los mil 39 del Bancomext; los 935 de Nafin; los 913 del Bansefi, o los 383 de la Sociedad Hipotecaria Federal.
?Banca de desarrollo: ¿A qué extensión quiere llamar?
Balance general
Los ojos de los presidentes de las Cámaras industriales se abrieron como platos al leer, el fin de semana, la iniciativa aprobada el jueves pasado por la Cámara de Diputados, cuyo título es más que expresivo: Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental.
Colocado en la mesa por el folclórico legislador ecologista Jorge Kahwagi Macari, el ordenamiento que discutirá esta mañana el pleno del Senado de la República se constituye como una Espada de Damocles frente a la totalidad de las industrias productivas, al plantear una serie de responsabilidades que le abren el escenario a la discrecionalidad de la autoridad? y en la carambola a la corrupción.
Adicionalmente se faculta a organizaciones sociales a plantear denuncias por supuesto deterioro ambiental e induce contradicciones al no aclarar competencia entre autoridades locales y federales, y entre la autoridad administrativa y la civil.
El gol a los organismos empresariales, quienes publican hoy una serie de desplegados en protesta, llegó como parte del paquete solicitado por el Partido Verde Ecologista para sellar su alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El interés faccioso, pues, a título de general.
Finalmente, al cinco para las 12, es decir en el día previo al fin del plazo previsto, la Secretaría de Economía planteó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) un recurso de inconformidad frente a la resolución del organismo que obliga a desmantelar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las refresqueras que utilizan alta fructosa como endulzante.
Naturalmente, el retraso obedece al desgano con que la dependencia asumió el asunto. De hecho, el gobierno peleó con todo por la desaparición del tributo, que finalmente, borrado del mapa por la Cámara de Diputados, lo rescataría el Senado de la República. Digamos que la dependencia encabezada por Sergio García de Alba, sólo cubrió el expediente? vaya usted a saber en qué términos.
La primera gran pregunta en torno del pacto que permite levantar la huelga de seis meses en la Televisora del Valle de México, empresa concesionaria del Canal 40, es si valían más los 50 millones 353 mil pesos que colocó en la mesa Televisión Azteca para pagar salarios vencidos, ante los cinco millones de dólares que en su momento había ofrecido GE (General Electric) Capital. ¿Se acuerda que hace cinco meses se dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estaba analizando si procedía o no la transferencia a título de préstamo?
La segunda es si ya los tribunales reconocieron a Hernán Cabalceta como administrador único de una sociedad en que tiene cinco por ciento del capital, y si, de pasadita, se reconoce el derecho de Televisión Azteca para entregar los recursos a título de aumento de capital, por más que la firma de Ricardo Salinas Pliego no podrá operar, por lo pronto, el canal. Lo curioso del caso, por lo demás, es que el convenio entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión y la Televisora del Valle de México, firmado el mediodía del viernes, le otorga al primero la posibilidad de convertirse en retenedor de los impuestos que se generen al pago de las quincenas atrasadas.
¿Qué no le toca ésto al patrón?
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