El debate suscitado entre la líder estatal del Partido Acción Nacional Esther Quintana y el dirigente priista de Torreón Marco Antonio Mora Varela, respecto a la calidad de la legislación electoral de Coahuila y sus efectos sobre el actual proceso es digno de comentario.
Según la dirigente panista, dicha legislación que reduce los tiempos electorales y limita la participación ciudadana a niveles asfixiantes, es la responsable de la anticipación de las campañas encubiertas y de la simulación que implican.
Esther Quintana refiere que la Ley Electoral fue hecha “con las extremidades inferiores”, pero en forma por demás equivocada y que revela un total desconocimiento de los tiempos en que fue discutida y aprobada la Ley, responsabiliza a los actuales diputados al Congreso local, que según la declarante fueron quienes votaron la normativa legal en mención.
Por su parte Mora Varela, contra toda evidencia asume la defensa de la indefendible Ley Electoral de Coahuila, aunque con acierto replica a la dirigente blanquiazul respecto a que no fue aprobada en la presente legislatura sino en la pasada y que su aprobación contó con la unanimidad de los diputados de todos los partidos incluido Acción Nacional.
De la actitud irreflexiva y descuidada que tuvo como resultado la actual Ley Electoral, deben responder los diputados a tal legislatura y por lo que toca al PAN, corresponde la explicación entre otros a los ex diputados torreonenses Jesús Flores Morfín y Jesús Pérez Valenzuela.
Lo cierto es que hoy día la legislación electoral de Coahuila discutida y aprobada hace cuatro años, está cumpliendo con el plan trazado por el Gobierno de Enrique Martínez y Martínez, como creador e impulsor del proyecto inicial que le dio origen.
Por ese medio el gobernador logró reducir la competencia al interior del PRI a los precandidatos actuales, lo que de entrada le garantiza un control sobre los resultados de dicho proceso interno de acuerdo a sus intereses personales y de facción, en perjuicio del resto de las corrientes priistas que no son enriquistas.
De otra parte y a despecho de las críticas, los propios medios de comunicación han caído en la trampa del Artículo 107 de la Ley Electoral (que restringe la participación ciudadana) y hoy cubren la noticia como si el Partido Revolucionario Institucional fuera la única opción para el electorado coahuilense, al enfocar todos los reflectores a los precandidatos priistas, todos ellos pertenecientes al primer círculo del gobernador Martínez.
Lo que ocurre se asemeja al futbol profesional en aquellos casos en los que debido a la conformación de los grupos, la liguilla se convierte en una especie de final anticipada. En el proceso electoral de Coahuila se pretende convencer a los ciudadanos que el gobernador saldrá del proceso interno del PRI y que las elecciones constitucionales serán un mero trámite.
De resultar la estrategia, el próximo gobernador de Coahuila sería impuesto por el actual gobernador, lo que nos regresaría a la premodernidad política, porque ni siquiera los propios priistas creen en la equidad y transparencia de su proceso interno, ya que todos los precandidatos cifran sus posibilidades en el apoyo del gobernador como gran dedo elector, con independencia de lo que digan en sus respectivos discursos.
Sin embargo, las cosas no tienen porqué ser de manera forzosa, de la manera programada por el sistema de partido de Estado (PRI-Gobierno), aún vigente (corregido y aumentado) en Coahuila.
Debemos recordar que los municipios con mas electores: Saltillo, Monclova y Torreón, han pasado por la experiencia reiterada de Gobiernos de oposición y que al menos en dos ocasiones históricas, en la elección intermedia local de 1996 y en la elección federal de 2000, el PAN ganó la suma de los votos de todo Coahuila.
Por otra parte, existen otros partidos como el de la Revolución Democrática y la Unión Democrática de Coahuila, que también acudirán a las elecciones constitucionales y en función de los votos que obtengan, pueden operar como fiel de la balanza en una elección reñida.
El ignorar la existencia de la oposición y suponer cancelado el potencial de la participación ciudadana, implica una visión mutilada de la realidad y una falta de respeto a los ciudadanos. La trampa está operando y en ella está atrapado el proceso local hacia la democracia plena. El golpe que destrabe el curso que al proceso le ha sido asignado desde el Gobierno Estatal, depende del acierto de la oposición al postular candidatos no sólo a la gubernatura, sino a los principales ayuntamientos del estado.
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