La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente requiere cuando menos diez inspectores más para vigilar con mayor eficiencia y permanencia las zonas forestales, reconoció ayer Paulino Córdova Quiñones, delegado de esta dependencia federal.
Asimismo, confirmó que no se levantará la veda en el ejido Los Lirios, del municipio de Guanaceví, ni en Santa María de Ocotán, del municipio del Mezquital, en donde en años anteriores se detectaron aprovechamientos clandestinos, lo que conllevó a dictar suspensiones de los aprovechamientos.
En el marco de la visita que hoy hace a Durango Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Delegado de la Profepa afirmó que tiene esperanza de que esta dependencia reciba más recursos económicos y materiales una vez que quedó incluido en el Programa de Tala Clandestina a nivel nacional.
En este marco, consideró importante que la Delegación tenga una apertura de plazas para personal de inspección. Calculó que se requieren cuando menos diez para darle atención integral a la zona forestal de manera permanente.
Dijo que actualmente se tienen 18 inspectores para todo el estado, por lo que se requieren más para brindar más eficiencia; en cuanto a los recursos adicionales para hacer un mejor combate al clandestinaje, precisó que no se tenía hasta el momento ninguna cantidad debido a que no hay nada definido por la controversia presupuestal que el Gobierno Federal tiene con el Congreso de la Unión.
En cuanto al ejido Los Lirios, señaló que difícilmente se podrá levantar la veda porque este ejido no ha cumplido con algunas condicionantes; además, dijo que la Profepa ha detectado otros problemas que no necesariamente tienen que ver con la cuestión ecológica, sino con la salida de una gran cantidad de madera a Chihuahua, que genera algún desabasto en la industria local.
En este sentido, dijo que como la Profepa de Durango no tiene una presencia permanente, estableció una coordinación con la delegación homóloga de Chihuahua, para revisar de manera permanente la zona de Guanaceví, y evitar que haya ?contaminación? de algunas cosas.
En cuanto a Santa María de Ocotán recalcó que una vez que se recibió la solicitud de esta comunidad indígena, la dependencia hizo una auditoría forestal cuyo resultado indica que no existen las condiciones jurídicas ni técnicas, a pesar de que hay recuperación, aunque lenta, para levantar la veda.
Reconoció que en esta zona se está dando un aprovechamiento a baja escala del arbolado derribado por el aire o muerto, que hace la propia comunidad, pero que es necesario tener un control, por lo que pedirá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que regularice estos aprovechamientos.
La comunidad indígena de Santa María de Ocotán del municipio del Mezquital sufrió una sanción de veda de diez años, en el 2002, por la tala clandestina detectada en las revisiones y auditorías prácticas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
De acuerdo con los antecedentes esta comunidad cuenta con una superficie de 317 mil hectáreas, de las cuales la superficie comercial es de arriba de las 103 mil hectáreas. Está integrada por 22 anexos o poblados con aproximadamente 16 mil 500 comuneros tepehuanos, cuya cultura, tradiciones, usos y costumbres han subsistido desde la época de la Conquista y de la Colonia.
Sin embargo, los recursos forestales constituían la principal actividad económica.
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10 inspectores más requiere la Profepa
