“Si te equivocas, reconoce el error y
cambia de conducta; todo el mundo
puede equivocarse, pero sólo los necios
persisten en el error”.
Periandro de Corinto.
La Procuraduría General de la República sigue acumulando derrotas. Las últimas han sido el caso de lavado de dinero en contra de René Bejarano -quien podrá ser responsable de muchos delitos pero no de ése- y los de delincuencia organizada y lavado de dinero contra Archivaldo Guzmán, “El Chapito”. Otro gran fracaso fue el de Nahum Acosta, el ex jefe de giras de la Presidencia de la República.
Hay buenas razones para pensar que la próxima derrota de la PGR será el caso en contra de Joaquín Romero Aparicio, el arquitecto a quien ahora le ha tocado ser víctima de la PGR.
Según la información que dio a conocer el cuatro de julio el portavoz de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, a Romero Aparicio se le detuvo porque se pensó que se trataba de Vicente Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. A pesar de que ya ha quedado demostrado que es falsa esta identificación, la PGR no ha querido reconocer su error y ha buscado otras maneras de mantener al arquitecto privado de su libertad.
La PGR dio a conocer ayer un comunicado de prensa en el que argumenta que tres testigos han hecho imputaciones en contra de Romero Aparicio y que han señalado que se trata de Vicente Carrillo Fuentes. Poco convincentes parecen ahora esas declaraciones, sin embargo, cuando sabemos que familiares, amigos, colaboradores y conocidos certifican la identidad del arquitecto. Menos credibilidad se le puede conceder a la PGR, sin embargo, cuando se nos dice que las imputaciones vienen de “testigos protegidos”, que la experiencia nos dice suelen ser testigos comprados, como Fernando Rodríguez González y “La Paca” en el caso contra Raúl Salinas de Gortari.
Lo lógico habría sido que, una vez aclarada su identidad, se hubiese liberado a Romero Aparicio. Pero esto no ha sucedido. Al contrario, la PGR ha empezado a revisar todos los aspectos de la vida del arquitecto. Según declaraciones de uno de sus hermanos, el ministerio público trató de encontrarle algún problema fiscal. Ahora, como señala Rubén Aguilar, se le investiga por nexos con el narcotráfico, independientes de que no sea Vicente Carrillo Fuentes. De conformidad con el comunicado de ayer de la PGR, también se le investiga porque se le detuvo junto a un hombre llamado Francisco José Ramírez, quien al parecer es propietario de una casa en el Pedregal que supuestamente perteneció alguna vez a “El Señor de los Cielos”.
Como la PGR no pudo encontrar alguna prueba que permitiera la detención definitiva de Romero Aparicio, el ministerio público optó por recurrir al arraigo. Ésta es una forma de privar de la libertad a un sospechoso sin la garantía constitucional de que en 72 horas el ministerio público presente pruebas en su contra o lo deje en libertad. El juez otorgó el arraigo, aunque sólo por seis días. Este corto periodo muestra que el mismo juez ve con escepticismo las pruebas de la fiscalía. Pero los jueces también son intimidados por la PGR. En los casos sonados en que han fallado en contra de ésta, se les ha amenazado con someterlos a ellos también a investigaciones.
La persecución en contra de Romero Aparicio se registra en un momento en que la PGR, ante su incapacidad para detener el tráfico de drogas o la violencia entre bandas en el país, ha decidido que es más fácil encarcelar a parientes de narcotraficantes famosos. En el caso de “El Chapo” Guzmán ha presentado cargos no sólo contra su hijo -desechados una y otra vez por los jueces- sino también contra una sobrina. Esta estrategia puede explicar el intento de detener al supuesto hermano de “El Señor de los Cielos”.
Si bien uno puede entender el esfuerzo de la PGR por conseguir éxito en una tarea que parece imposible, la verdad es que la ligereza con la que la institución está haciendo acusaciones a personas que aparentemente no tienen nada que ver con el tráfico de drogas o el lavado de dinero es inquietante. Una y otra vez se detiene a personas durante semanas o meses sólo para que salgan exoneradas sin siquiera el clásico “usted disculpe”.
Y lo peor de todo es que cualquiera de nosotros -usted o yo- puede ser la siguiente víctima de esta estrategia de la PGR: de primero privar a la gente de la libertad y después averiguar si tiene algún nexo con el narco.
CONSEJERA INCÓMODA
La aplanadora del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal seguramente votará hoy y aprobará una nueva Ley de Transparencia. Hay en ésta algunos avances sobre la terrible legislación que está actualmente vigente. Pero el objetivo principal parece ser el de destituir a la consejera incómoda, María Elena Pérez Jaén, pasando por encima de la independencia que debe tener el Consejo de Información.