La reciente controversia desatada por la intentona del PRI y el PAN (y el PVEM) en la Cámara de Diputados para modificar los artículos 25 y 31 de la Constitución para dar autonomía al Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tiene, siguiendo al ilustre Don Jesús Reyes Heroles, forma y fondo.
Las formas de hacer política, particularmente en el Congreso, ya las conocemos los mexicanos, es decir al pandillerismo, el madruguete y otras más, que están muy lejos de ser un ejercicio político maduro, mesurado, informado e inteligente de nuestros legisladores. Ello quedó evidenciado una vez más y oportunamente documentado por la prensa, lo que de paso nos viene a recordar lo mucho que nos falta avanzar para profundizar en nuestra democracia.
Se argumenta que las reformas constitucionales tienen el propósito de aislar a las instituciones mencionadas de los vaivenes de la política, dotándolas del marco legal para hacerlas más eficientes en el cumplimiento de sus objetivos; de configurar instituciones integradas por expertos que no tienen las mismas motivaciones de los políticos. Expertos imparciales, sin tacha y objetivos, a mayor abundamiento.
Si está es una preocupación genuina, lo más apropiado es que una iniciativa de este tipo, por la trascendencia que tiene, se plantee al inicio del otro sexenio, no en la última parte del que esta por terminar, sobra decir que con la convocatoria a un discusión amplia y razonada que vaya más allá del Congreso. Así pues, las suspicacias sobre su ?dedicatoria? están bien fundamentadas.
Pero el fondo de la cuestión merece un poco más de reflexión. Si la autonomía tiene el objetivo de hacer más eficiente la organización y la operación de las ent idades en cuestión, la pregunta obligada es: ¿esto se logra únicamente a través de la autonomía? Me parece que las respuestas podrían ser diversas.
Otra pregunta obligada es que, llegado el caso de concluir lo inevitable de la autonomía, ¿significa esta condición que las instituciones estén libres de rendir cuentas (y responder por ello), y que sus formas de actuar y de dirigirse estén aisladas de los intereses de la ciudadanía y de la representación política de ésta, es decir el Congreso? Recordemos que México, además de ser uno de los países más desiguales del mundo, es uno en los que más campea la impunidad.
Finalmente, hay que estar alertas de llegar al extremo de esta tendencia a la autonomización, ya que en vez de sistemas de gobierno democráticamente electos para ejercer el poder con sus órganos e instituciones, se tengan comités técnicos paralelos con poder real e independiente de la soberanía depositada en la representación. Hace tiempo se abrió el Congreso, para evitar problemas, cuidado, no hay que cerrarlo por otro lado.
En otras palabras, de seguir acotando a la democracia por la vía tecnocrática puede tener varios resultados y uno de ellos es el de despojar a este sistema de gobierno de contenidos reales, dejándolo como un simple cascarón vacío sobre el que se posen los titulares del poder delegado democráticamente. Con esta tendencia no se blinda (para ponernos a la moda con la palabrita) a la democracia, sino a la tecnocracia.
La idea de tratar de aislar a las entidades de la administración pública de la política suena como aquella que pretendía decretar el fin de la historia, o el fin de las ideologías. Como si la política económica, de la cual es parte la financiera y fiscal, tuviera vida y dinámica propia, independientemente de los grupos sociales que afecta, o beneficia, según el caso.
Ya lo dijo Michelangelo Bovero, hay que tener cuidado porque la democracia puede derivar en el gobierno de los peores, kakistocracia; habría que advertir también sobre el riesgo de caer en la tecnocracia, el gobierno de los expertos. Ambas formas son deformaciones del concepto que supuestamente hemos abrazado como forma de gobierno, entonces debemos ser coherentes, ¿o que no?
Sin duda alguna ejercer un gobierno eficiente, es un imperativo de las democracias contemporáneas ya que gobernar es, entre otras cosas, administrar (pero no al revés) para ello se debe contar con expertos con los conocimientos necesarios para ejercer la administración de los asuntos públicos que la representatividad popular les encarga, no entender esto es demagogia, o populismo; pero de ninguna manera el conocimiento técnico debe servir para disfrazar una posición e interés político. Permitir que los impolutos expertos y técnicos manejen los asuntos económicos y financieros, según sus criterios, visiones e intereses es un grave error, ahí está el lacerante caso del Fobaproa para recordárnoslo.
Finalmente algunas preguntas que es necesario compartir con ustedes lectores:¿porqué nada más hay la preocupación de aislar las instituciones que tienen que ver con el sector financiero?, y ¿porqué no blindar a todas las instituciones para garantizar el crecimiento económico y el desarrollo social, cultural, humano y económico de este país, es decir, las actividades que verdaderamente generan riqueza en una nación. Hay tareas.
