Un funcionario de nivel medio de la casa presidencial está sujeto a arraigo judicial (figura jurídica de que abusa la Procuraduría General de la República cuando carece de elementos suficientes para pedir la aprehensión de una persona) acusado de ser informante en provecho del narcotráfico. El caso se ofrece pletórico de aspectos interesantes, llamativos, importantes, aunque el de mayor relieve es, por supuesto, el riesgo en que su actividad pudo haber colocado al Presidente de la República.
El protagonista del suceso es un personaje singular. Se llama Nahum Acosta Lugo. Recientemente cumplió 42 años de edad, pues nació en Batobampo, Sonora, el 16 de diciembre de 1962. Es profesor normalista y estudió derecho.
Notoriamente no se avino al cumplimiento de su designio magisterial. Consiguió en 1997 un empleo en el Instituto Nacional de Migración, como delegado en Torreón. Es de suponer que alguna relación política le permitió ese paso, sin contar con antecedentes en ese campo y fuera de su solar nativo. No perseveró en ese ámbito, sin embargo y volvió a Agua Prieta en 1998. Se incorporó al PAN entonces y pronto se hizo notar, pues al año siguiente tenía ya una función en el comité municipal. Realizó tareas en la precampaña y la campaña de Vicente Fox, méritos que le valieron aspirar a un encargo en Los Pinos. En la confusa información que circula al respecto, se asegura que fue seleccionado por head hunters o que lo envió el comité del PAN al que pertenecía o que directamente lo hizo entrar al personal de la casa del Ejecutivo Manuel Espino, un político duranguense que hizo carrera en Chihuahua y en Sonora (donde conoció a Acosta Lugo). Como quiera que sea, se le dispensó confianza, pues quedó asignado a la dirección que organiza las giras, en una responsabilidad media pero bien remunerada: cerca de un millón de pesos al año.
Años más tarde se le descubre como un empleado desleal, que proporcionaba informes a jefes del narcotráfico, sobre la actividad presidencial. Es de imaginar que no se limitaba a transmitir la agenda presidencial, ni sólo las rutas de sus traslados y sus destinos, pues por su propia naturaleza esa información es necesariamente compartida, imposible de guardar con sigilo hermético. No se sabe qué otra clase de datos de la casa presidencial interesaran a los presuntos destinatarios de la infidencia de Acosta Lugo y menos se sabe qué información así filtrada hubiera causado molestia y aun riesgo al presidente Fox.
Son endebles los ingredientes de la conducta que se investiga (tanto que no ha sido posible basar en ellos una consignación ante la justicia): un telefonema a su aparato móvil, proveniente de su presunto contratante, una visita a la casa donde meses atrás vivió la esposa de ese contratante. Y quizá depósitos de cuantiosas sumas cuyo monto no corresponde a sus ingresos oficiales.
Se habría descubierto al espía por una tarea de espionaje: la Agencia norteamericana Contra las Drogas (DEA por sus siglas en inglés) habría interceptado aquel telefonema y lo notificó a la Procuraduría General de la República. No es infrecuente ese tránsito de información. Así fue detenido el general J. de Jesús Gutiérrez Rebollo, comisionado para el combate a las drogas, el máximo funcionario en esa área, que sólo permaneció dos meses en su cargo hasta que de Washington vino la noticia de que se había puesto al zorro a cargo del gallinero.
Acosta Lugo, a quien presumiblemente se investigó al menos durante seis meses, fue detenido el jueves pasado. Se guardó discreción sobre el tema durante unas horas. Pero no mucha, pues el reportero Francisco Garfias, de Milenio, lo supo el viernes. Publicada su primicia, desde Querétaro el general procurador general Rafael Macedo confirmó su contenido el sábado y a cuentagotas, no siempre en línea de congruencia, se han filtrado retazos de información.
El señalamiento es, por ahora, endeble, insuficiente. Podemos en consecuencia razonar que los cargos pueden desvanecerse. El implicado niega rotundamente haber incurrido en una conducta sancionable. Y si en efecto es inocente, podemos imaginar su angustia por saber que se le imputan falsedades y que el saldo puede ser, amén del desprestigio, una injusta condena a prisión.
Conjeturemos que no hay delito qué perseguir y que sólo se trata de una maniobra palaciega. Acosta Lugo tuvo nexo profesional primero con Espino, que lo recuerda y lo aprecia y con Alfonso Durazo, a cuya secretaría particular estuvo adscrito este responsable de las giras. Espino y Durazo tienen un rasgo en común: desde el año pasado al menos no son bien vistos en Los Pinos, se les malquiere en la casa presidencial. Al renunciar a sus múltiples cargos (la confianza que mereció de Fox lo había llevado a ser vocero, coordinador de comunicación social y secretario particular), Durazo logró una proeza histórica: echó abajo las pretensiones presidenciales de la primera dama. Y antes, como secretario general del PAN, el número dos de ese partido, Espino se había permitido objetar con vehemencia esas mismas aspiraciones.
Durazo descubrió hace algunas semanas que se le tenía puesta la mira, que agentes del Cisen seguían sus pasos como solían hacer los de la Dirección Federal de Seguridad con quienes entraban en la clasificación de enemigos del señor Presidente (o de la pareja presidencial, en este caso). Espino, por su parte, es candidato a presidir el PAN. Cualesquiera que fueran sus probabilidades antes de este episodio, quizá las perdió ya todas.
